La medida alcanza a las licencias de producción de hidrocarburos offshore y se conoce después de la orden judicial para frenar la explotación del proyecto Sea Lion.
Puerto Stanley en las Islas Malvinas.
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El gobierno de las Islas Malvinas anunció la extensión por cinco años de todas las licencias de producción de hidrocarburos offshore, con la posibilidad de sumar otros dos años adicionales. La decisión, que profundiza la controversia por la explotación petrolera en el Atlántico Sur, cuenta con el pleno apoyo del Gobierno del Reino Unido, según confirmó la administración isleña.
El anuncio se produce en un contexto de creciente disputa con Argentina por el desarrollo del proyecto Sea Lion, vinculado a la británica Rockhopper Exploration y a la israelí Navitas Petroleum, junto con sus filiales Falklands Oil & Gas y Desire Petroleum.
Según informó La Nación, el comunicado difundido por el gobierno isleño no especificó cuántas empresas serán alcanzadas por la extensión de los permisos. Sin embargo, las compañías vinculadas con Sea Lion aparecen entre las principales beneficiadas por la medida.
La decisión fue comunicada pocos días después de que el Reino Unido difundiera una guía de respaldo para las empresas que operan en el archipiélago y luego de que Uma Kumaran, ministra británica para los Territorios de Ultramar, calificara de “inaceptables” los procedimientos iniciados por Argentina contra esas compañías.
El anuncio también se conoció en la antesala de la intervención del presidente Javier Milei ante la ONU, donde estaba previsto que se refiriera al reclamo argentino de soberanía sobre las islas.
La semana anterior, la jueza federal de Tierra del Fuego Mariel Borruto había ordenado frenar la explotación petrolera del proyecto Sea Lion. La magistrada notificó a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited para que cesaran las perforaciones y les dio un plazo de 10 días para informar el grado de avance del proyecto.
Hasta el momento, las empresas no habían respondido a esa intimación.
Cheryl Roberts, titular de la cartera de Comercio, Industria y Recursos Minerales del gobierno isleño, defendió la extensión de los permisos y sostuvo que las nuevas condiciones permitirán dar continuidad a las inversiones.
Según afirmó, las extensiones “brindan seguridad a los operadores, permitiéndoles continuar invirtiendo y desarrollando sus áreas”.
La funcionaria agregó: “Estos son nuestros recursos para desarrollar, y garantizaremos que se desarrollen de forma responsable, conforme a las mejores prácticas globales en materia ambiental y de seguridad, para aportar beneficios de largo plazo a las generaciones actuales y futuras”.
La decisión vuelve a poner en el centro de la disputa la explotación de recursos naturales en el Atlántico Sur, particularmente por el desarrollo de Sea Lion.
En paralelo con la extensión de las licencias, Rockhopper anunció que busca recaudar 200 millones de dólares entre sus accionistas para impulsar el avance del proyecto y adelantar la etapa de explotación petrolera.
De acuerdo con la información difundida, la compañía consiguió reunir inicialmente 20 millones de dólares. El desarrollo de la actividad petrolera también aparece vinculado con un debate sobre los ingresos que podrían obtener las islas y el destino que tendrían esos recursos.
El domingo, el columnista económico Matthew Lynn publicó en The Daily Telegraph una propuesta relacionada con los ingresos fiscales que podría generar la industria petrolera en las Malvinas.
Según Lynn, el Reino Unido debería quedarse con “la mitad de los ingresos fiscales que genere la industria petrolera de las Malvinas, a cambio de un aumento del gasto en defensa en el Atlántico Sur y para financiar una ofensiva diplomática frente a Argentina”.
El columnista también sostuvo: “Además, podría proporcionar una importante nueva fuente de energía en un momento en que el suministro proveniente del Golfo Pérsico se ve interrumpido por el cierre del Estrecho de Ormuz. Podría ser una bonanza para la administración local y, potencialmente, también para un gobierno británico con problemas de liquidez”.
La propuesta, según el texto, podría encontrar respaldo entre sectores conservadores británicos, en un escenario en el que también aparece el debate sobre el gasto en Defensa y las diferencias con Donald Trump.
Las Islas Malvinas cuentan con 3.700 residentes fijos, además de personas que llegan con visas provisorias o permisos de trabajo. Con el lanzamiento de Sea Lion, ya fueron contratados 260 trabajadores vinculados con la industria petrolera.
Las autoridades isleñas estiman recaudar entre 80.000 y 90.000 libras esterlinas por año por habitante en concepto de regalías, impuestos y permisos, además de un paquete global de 350 millones de euros destinado a obras de infraestructura.
Entre los proyectos mencionados aparecen la modernización de la usina eléctrica, la ampliación de las opciones de conectividad y la expansión del puerto principal de Puerto Argentino. La infraestructura de telecomunicaciones también figura entre las necesidades señaladas: los habitantes de las islas todavía cuentan con tecnología 2G para los datos de telefonía móvil y solo algunos lugares disponen de 4G.
En materia de Defensa, el Reino Unido asume los gastos destinados a las islas. Según la información de la nota, ese costo alcanza los 75 millones de libras esterlinas anuales para sostener la base militar de Mont Pleasant y la base naval de Mare Harbour.
De esta manera, la extensión de las licencias petroleras se suma a una disputa que involucra la explotación de recursos naturales, el reclamo argentino de soberanía y los intereses económicos y estratégicos vinculados con el desarrollo de hidrocarburos en el Atlántico Sur.
