El Concejo Deliberante de Malargüe aprobó una fuerte ordenanza contra el Ministerio Público Fiscal y fue oficializada por el intendente Celso Jaque.
El Concejo Deliberante de Malargüe aprobó la ordenanza que impulsó la concejal Silvina Camiolo (Reconstruyendo Malargüe)
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Prensa Malargüe
El departamento de Malargüe busca recuperar un inmueble municipal que desde 2017 es utilizado por dependencias del Ministerio Público Fiscal de Mendoza. Por medio de una ordenanza, aprobada por el Concejo Deliberante y ratificada por el intendente Celso Jaque (PJ), se lanzó un contundente reclamo contra el órgano judicial que dirige el Procurador de la Suprema Corte, Alejandro Gullé.
A través de la Ordenanza 2.405, el municipio dispuso la restitución progresiva del edificio y habilitó el inicio de un reclamo administrativo para exigir el pago de los servicios de luz, agua y gas, además de una compensación por el uso de las instalaciones durante los últimos años.
La norma la impulsó la concejal Silvina Camiolo (Reconstruyendo Malargüe) y fue sancionada por el Honorable Concejo Deliberante el pasado 22 de octubre. El intendente Jaque la ratificó mediante su publicación en el Boletín Oficial este martes.
La norma municipal establece que el inmueble deberá ser devuelto paulatinamente a la comuna mediante un cronograma de desocupación que garantice la continuidad del servicio de justicia y evite afectar los derechos de la comunidad.
El edificio pertenece al patrimonio municipal y originalmente fue concebido como un Centro Integrador Comunitario (CIC), en el marco de un programa nacional destinado a generar espacios de atención primaria, contención social y promoción de derechos en barrios vulnerables.
Sin embargo, desde 2017 funciona allí el Ministerio Público Fiscal, junto con dependencias del Juzgado Penal. La ocupación se originó a partir de un convenio celebrado entre el entonces intendente Jorge Vergara Martínez (UCR) y el organismo judicial provincial.
Uno de los principales argumentos expuestos en la ordenanza es que el Ministerio Público Fiscal no habría afrontado durante años los gastos correspondientes a los servicios esenciales del inmueble.
Según los considerandos de la norma, el municipio se hizo cargo de las facturas de electricidad, gas y agua, además de otros costos vinculados con el funcionamiento cotidiano de las dependencias.
A esto se suma la adscripción de personal municipal para cumplir tareas administrativas en el ámbito judicial, cuyos salarios también representan una erogación para las arcas locales. La ordenanza advierte que esos trabajadores perciben remuneraciones inferiores a las correspondientes al escalafón del Poder Judicial.
El artículo 2 de la Ordenanza 2.405 autoriza expresamente al Departamento Ejecutivo Municipal a iniciar un reclamo administrativo ante los organismos provinciales competentes.
El objetivo es exigir el pago efectivo de los servicios de luz, agua y gas utilizados durante todo el período de ocupación, así como cualquier otro concepto que corresponda en carácter compensatorio por el uso activo, continuo y exclusivo del edificio municipal desde 2017 hasta la actualidad.
De esta manera, el reclamo no se limita a recuperar las instalaciones, sino que también apunta a obtener un resarcimiento económico por los gastos que, según sostiene el municipio, debió afrontar durante casi una década para mantener en funcionamiento dependencias de la Justicia provincial.
La ordenanza también incorpora cuestionamientos sobre la relación económica entre el municipio y el sistema judicial. Sus fundamentos sostienen que el sostenimiento de dependencias judiciales con recursos municipales configura, en los hechos, un subsidio indirecto al Poder Judicial provincial.
En ese sentido, plantea que esa situación puede afectar la percepción de independencia y objetividad institucional, particularmente porque el propio municipio ha sido objeto de denuncias e intervenciones judiciales.
El texto señala que corresponde garantizar la autonomía funcional y financiera de los distintos poderes del Estado y evitar situaciones que puedan derivar en conflictos de intereses reales o aparentes.
Además, los fundamentos contrastan la situación de Malargüe con las inversiones edilicias realizadas por el Poder Judicial en otras regiones de Mendoza y sostienen que el departamento ha tenido una participación limitada en la agenda de infraestructura pública provincial.
La norma también menciona que la Alcaidía local tampoco afrontaría los gastos de los servicios esenciales que utiliza, lo que profundizaría la carga económica sobre las cuentas municipales.
