En el inicio de las audiencias en Hamburgo, la delegación nacional denunció que la explotación unilateral en la plataforma continental viola la Convemar y las resoluciones de la ONU.
El Tribunal Internacional del Derecho del Mar celebró este martes en Alemania la primera audiencia en la que se trató la solicitud de Argentina para impulsar medidas provisionales contra el Reino Unido, con el fin de frenar la explotación de petróleo en las Islas Malvinas.
La delegación argentina, encabezada por el embajador y director general de la Consejería Legal de la Cancillería, Mario Oyarzábal, expuso ante los 21 jueces del tribunal que la exploración y extracción unilateral de hidrocarburos impulsada por el Reino Unido en un área en disputa territorial violan la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar) y empeoran el conflicto.
Durante la apertura de los alegatos, la representación del país remarcó que la solicitud cautelar ante el TIDM no exige resolver la cuestión de fondo sobre la soberanía, sino evitar un perjuicio irreparable mientras dure el litigio.
“Lo que está en juego no puede ser restituido. Los hidrocarburos son recursos no renovables y su extracción es definitiva”, advirtió Oyarzábal durante su intervención.
La arquitectura jurídica argentina se fundamenta en las Resoluciones 2065 (1965) y 31/49 (1976) de la Asamblea General de la ONU, que obligan a ambas partes a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales mientras el diferendo permanezca abierto.
Al responder al argumento británico sobre la autodeterminación de los pobladores del archipiélago, Oyarzábal fue categórico: “Los isleños no pueden apropiarse de los recursos de la plataforma continental en disputa”. El diplomático aclaró que la Argentina reconoce los intereses y derechos humanos de los habitantes, pero remarcó que ello no les otorga potestad para decidir a qué Estado pertenece el territorio.
Uno de los ejes centrales del reclamo argentino se enfocó en el grave riesgo ecológico de las perforaciones operadas por las firmas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. La delegación recordó el antecedente de abril de 2015, cuando falló un preventor de reventones en un pozo exploratorio de la zona.
Asimismo, reveló que los propios planes de contingencia de las licenciatarias estiman hasta un 30% de probabilidad de que un derrame o reventón en Sea Lion alcance aguas continentales argentinas no disputadas en un plazo de 30 días.
“En caso de reventón o de derrame, sería la Argentina quien soportaría sus consecuencias y quien estaría llamada a responder, no un Estado situado a 12.700 kilómetros de distancia”, enfatizó Oyarzábal ante los magistrados.
A su vez, la defensa expuso documentos oficiales británicos que demuestran la intención de Londres de utilizar los ingresos fiscales del petróleo para financiar y compensar el gasto de la base militar instaurada en las islas.
El equipo jurídico de la Argentina en Hamburgo contó con la participación de la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy; la embajadora en Alemania, Bettina Pasquali de Fonseca; el subprocurador del Tesoro, Santiago Castro Videla; y reputados internacionalistas como Nico Schrijver y Marcelo Kohen (clave en el histórico fallo que liberó la Fragata ARA Libertad en 2012).
