El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dalmiro Garay, explicó los ejes del Presupuesto 2027 en la Legislatura provincial.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dalmiro Garay, junto a la jueza suprema Norma Llatser y la presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuestos de Diputados, Elizabeth Crescitelli.
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Prensa Diputados
El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dalmiro Garay, presentó los principales ejes del Presupuesto 2027 del Poder Judicial de Mendoza. Entre los proyectos previstos se destacan la remodelación de un edificio para el Fuero Penal Juvenil y la transmisión en vivo de todas las audiencias públicas a través del portal oficial.
El titular del máximo tribunal provincial expuso ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Legislatura la pauta solicitada para el funcionamiento de las dependencias judiciales durante el próximo ejercicio, que asciende a $233.707.859.019. Lo acompañaron su par de Corte, Norma Llatser, y el administrador general, Enzo Rizzo.
Durante la presentación, Garay explicó que la planificación para 2027 se organiza en torno a tres ejes: infraestructura edilicia, tecnología y seguridad informática, y reingeniería de procesos.
En materia de infraestructura, el presupuesto contempla una inversión de $5.922 millones. Entre los proyectos mencionados figuran la puesta en funcionamiento del Centro Cívico del Valle de Uco, ubicado en Tunuyán; iniciativas para un Polo Judicial en General Alvear; la construcción de una sede para el Fuero Penal Juvenil en la Ciudad de Mendoza; la remodelación de los juzgados de Familia de Maipú y la proyección de un nuevo Polo Judicial en Lavalle.
Al detallar las obras previstas, Garay anunció que el próximo 17 de diciembre se inaugurará el nuevo Polo Judicial del Valle de Uco, una construcción de más de 5.000 metros cuadrados. Además, confirmó que avanzarán con los proyectos en General Alvear y en la Ciudad de Mendoza.
“Este presupuesto tiene tres ejes centrales. El primero es la infraestructura edilicia. De hecho, vamos a inaugurar el próximo 17 de diciembre el nuevo Polo Judicial de Valle de UCO, emplazado en Tunuyán, una obra de más de 5.000 m²”, explicó el presidente de la Suprema Corte.
En cuanto a la nueva sede del Fuero Penal Juvenil, precisó que estará ubicada en el inmueble de calle Chile 1342. El objetivo es concentrar en un mismo edificio a los juzgados, las cámaras, las fiscalías y las defensorías, que actualmente comparten espacio con el Fuero de Familia.
Garay señaló que la iniciativa apunta a mejorar las condiciones de funcionamiento y adecuar las instalaciones a las particularidades de cada especialidad. “Lo que estamos nosotros haciendo es darle al sistema penal juvenil un edificio propio que le va a permitir trabajar de manera mucho más holgada y más acorde a la especialidad”, sostuvo.
Actualmente, el Fuero Penal Juvenil funciona en el edificio de Mitre y Montevideo, destinado al Fuero de Familia. Por eso, el traslado permitirá reorganizar las dependencias y dejar cada fuero en una sede independiente.
“Porque hoy el Fuero Penal Juvenil está físicamente en el edificio que tenemos en Mitre y Montevideo que es de Familia”, explicó Garay.
Y agregó que la intención es que el cambio abarque a todas las áreas: “Entonces la idea es que el Fuero Penal Juvenil completo, tanto juzgados como cámaras, fiscales y defensores estén en este edificio de calle Chile y que el Fuero de Familia quede completo en Mitre y Montevideo”.
El plan de infraestructura incluye, además, la remodelación de los Tribunales de Gestión Judicial Asociada del Fuero Civil, que funcionan en el Palacio de Justicia de la Primera Circunscripción Judicial, y la renovación del sistema de ascensores de ese edificio.
Otro de los proyectos destacados para 2027 es el desarrollo de un nuevo sistema de gestión de audiencias. La herramienta tendrá dos etapas: primero, permitirá unificar el mecanismo de agendamiento en los distintos fueros y, posteriormente, habilitará el acceso en tiempo real a las audiencias públicas mediante el portal oficial.
Garay explicó que el objetivo es que los ciudadanos puedan consultar un listado diario de las audiencias programadas y acceder a ellas a través de un enlace. Sin embargo, aclaró que el sistema respetará las restricciones vigentes para los procedimientos que no son públicos, como ocurre habitualmente en el Fuero de Familia y en determinados procesos penales.
“Uno de los sistemas que estamos desarrollando, un sistema nuevo de gestión de audiencias, que no solamente implica el agendamiento de audiencias, que es un problema para el Poder Judicial, vamos a uniformar la manera en que se agenda audiencia en todos los fueros”, indicó.
Sobre la segunda etapa, detalló que la intención es publicar las audiencias habilitadas para el acceso público y permitir que cualquier persona pueda seguirlas en directo. Según estimó, el sistema estará operativo durante el segundo semestre del próximo año.
“Es tener la posibilidad que en nuestro portal esté el listado de audiencias diariamente puestas y fijadas, y que cualquiera pueda entrar por link y mirar la audiencia en tiempo real”, explicó. Y añadió: “Ese desarrollo ya está en camino, yo creo que el año que viene, o sea el 2027, lo vamos a poder aplicar”.
En cuanto al financiamiento, el presidente de la Suprema Corte aseguró que el desarrollo se realizará con recursos propios del área de informática y mediante las herramientas de contratación disponibles para estos proyectos. Por ese motivo, sostuvo que la iniciativa no requiere una partida presupuestaria específica.
“No incluye demanda presupuestaria porque lo que se hace es, primero el desarrollo es propio. Tenemos un área de informática que está trabajando en este tipo de desarrollos”, señaló Garay, quien también mencionó el uso del fideicomiso de tecnología del Poder Ejecutivo para contratar desarrollos específicos.
El magistrado destacó que la transmisión de las audiencias ampliará el acceso de la ciudadanía a la actividad judicial. “Que el Poder Judicial pueda abrir mucho más sus puertas. Hoy por hoy los expendientes son abiertos y las sentencia la puede ver cualquiera, ahora las audiencias las van a poder ver”, afirmó.
Para sostener el funcionamiento de la herramienta, explicó que podrían necesitarse algunos ajustes en la capacidad del portal, aunque descartó que eso implique un gasto significativo. Como referencia, mencionó que la plataforma ya soporta la participación de 30.000 mendocinos y mendocinas.
Garay remarcó que la digitalización de los procesos obliga a reforzar la protección de los sistemas judiciales para prevenir posibles ataques. “Claramente, cuando tenemos un Poder Judicial que está vinculado en un 95 % con sistemas que funcionan en línea, la ciberseguridad se torna un tema central”, sostuvo.
En esa línea, indicó que las auditorías internas permitieron identificar vulnerabilidades que requieren atención y recursos específicos. “Realizamos auditorías internas que nos permitieron detectar cuáles son los puntos débiles, por lo que necesitamos asignar recursos a esta problemática para evitar ataques”, agregó.
Además de la seguridad informática, el presidente del máximo tribunal destacó el impacto de las herramientas digitales en la optimización de los recursos. Como ejemplo, mencionó los procesos vinculados con el beneficio de litigar sin gastos, en los que la incorporación de tecnología permitió reducir las horas de trabajo necesarias.
Por otra parte, informó que durante 2026 se ejecutaron $1.623 millones en infraestructura informática y tecnología, pese a que el presupuesto de ese ejercicio no había contemplado recursos específicos para ese concepto.
El tercer eje de la pauta presupuestaria contempla una reingeniería de los procesos de trabajo en los distintos fueros, con el propósito de mejorar el funcionamiento del servicio de Justicia y adaptar la organización del personal a las nuevas herramientas tecnológicas.
Garay señaló que la automatización de tareas modificó las necesidades de los equipos judiciales y planteó la importancia de avanzar hacia perfiles con mayor capacitación.
“En materia de capital humano, estamos revisando nuevos roles para todo nuestro personal. La implementación de nuevas tecnologías nos permitió automatizar procesos y liberar horas de trabajo”, explicó.
En ese contexto, sostuvo que será necesario revisar las funciones y responsabilidades de los trabajadores para adecuarlas a los cambios introducidos por la digitalización. “Cada vez necesitamos personal más calificado, que pueda, por ejemplo, proveer escritos”, añadió.
La revisión también alcanzará a las normas que regulan los procedimientos judiciales. En particular, Garay consideró que es momento de evaluar los cambios introducidos en los códigos procesales en 2017 y analizar posibles modificaciones para mejorar su funcionamiento.
“Estamos en una senda en la que la política pública está vinculada a estos tres ejes. Es momento de revisar todos los códigos procesales que se cambiaron en 2017. Es un buen momento para sentarnos a rediscutir estos procesos”, expresó.
La pauta presentada ante la Legislatura se complementa con indicadores vinculados con la infraestructura, la incorporación de tecnología y la evolución de los recursos humanos del Poder Judicial.
Entre los datos destacados durante la exposición figuran:
$233.707.859.019: monto total solicitado para el funcionamiento del Poder Judicial durante 2027.
$5.922 millones: inversión proyectada en infraestructura edilicia.
$1.623 millones: ejecución registrada en infraestructura informática y tecnología durante 2026.
95 %: proporción de los sistemas judiciales que, según Garay, funcionan en línea.
90 %: participación de la partida destinada a la planta de personal en el presupuesto proyectado para 2027
