La Municipalidad de Guaymallén y el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Guaymallén (SOEMG) todavía no lograron alcanzar un acuerdo salarial, aunque las posiciones comenzaron a acercarse. Tras una nueva jornada de negociaciones, las partes resolvieron pasar a un cuarto intermedio hasta el miércoles 28 de octubre, a las 9, cuando volverán a reunirse en la Subsecretaría de Trabajo y Empleo de Mendoza.
El encuentro de este lunes estuvo marcado por la presentación de una nueva oferta de la gestión del intendente Marcos Calvente, que contempla bonos por un total de $1.450.000 para cada trabajador, distribuidos en seis pagos hasta marzo de 2027.
Sin embargo, la propuesta fue rechazada por el gremio que encabeza Freddy Funes que plantearon modificaciones en los montos y los plazos de pago.
Empleados municiapales de Guaymallén en la Subsecretaría de Trabajo.
Jorge Yori / Los Andes.
Según indicaron desde el municipio a Los Andes, actualmente existe una diferencia de $200.000 aproximadamente entre ambas partes, aunque las conversaciones continúan abiertas para intentar destrabar el conflicto.
Desde el sector sindical también reconocieron un acercamiento en las negociaciones. En diálogo con este medio, señalaron que las posturas de ambas partes “están cerca” y anticiparon que durante los próximos días conformarán una mesa de trabajo para intentar alcanzar un arreglo la semana que viene.
La discusión se desarrolla en el marco de la conciliación obligatoria, que permanecerá vigente hasta el jueves 5 de noviembre. Durante ese período, las partes deberán continuar con las negociaciones bajo las condiciones establecidas por la autoridad laboral.
La nueva oferta salarial de Guaymallén
Durante la reunión de este lunes, el Ejecutivo municipal modificó el esquema de bonos diferenciados que había presentado anteriormente y propuso otorgar adicionales iguales para todos los trabajadores, independientemente de su categoría, función o nivel salarial.
La nueva oferta contempla cuatro pagos de $200.000 entre octubre y enero, además de otros dos bonos de $325.000 previstos para febrero y marzo.
De acuerdo con el cronograma presentado por la Municipalidad, el primer adicional de $200.000 se abonaría a fines de octubre, junto con los haberes mensuales. El segundo pago se realizaría el 15 de noviembre, mientras que el tercero llegaría a mediados de diciembre, antes del aguinaldo.
El cuarto bono, también de $200.000, está previsto para enero de 2027, en coincidencia con la celebración de Reyes. Finalmente, los dos pagos restantes, de $325.000 cada uno, se efectuarían en febrero y marzo.
De esta manera, cada empleado municipal podría percibir $800.000 adicionales entre octubre y enero, a los que se sumarían otros $650.000 durante los dos meses siguientes.
El nuevo ofrecimiento dejó atrás el esquema escalonado de la propuesta anterior, que contemplaba bonos de entre $150.000 y $400.000 según los ingresos de cada agente. En aquella alternativa, los empleados con remuneraciones superiores a determinados límites quedaban excluidos de los beneficios.
Qué reclaman los gremios y cómo sigue la negociación
Pese a la modificación presentada por la gestión de Calvente, los representantes sindicales rechazaron la oferta y formularon una contrapropuesta.
Uno de los principales planteos apunta a adelantar parte de los montos previstos para febrero y marzo, con el objetivo de incrementar los adicionales que recibirían los trabajadores durante los próximos meses.
Empleados municiapales de Guaymallén en la Subsecretaría de Trabajo.
Jorge Yori / Los Andes.
Desde el Ejecutivo municipal sostienen que existe voluntad de continuar negociando, aunque remarcan que cualquier modificación en el cronograma deberá contemplar la disponibilidad de recursos de la comuna.
El conflicto comenzó luego de que la Municipalidad decidiera modificar el esquema de adicionales salariales que percibían los trabajadores, en el marco de una reorganización del gasto impulsada por la gestión de Calvente.
La medida generó el rechazo de las organizaciones sindicales, que llevaron adelante protestas y medidas de fuerza antes de la intervención de la Subsecretaría de Trabajo y Empleo.
Por su parte, el municipio argumenta que la decisión responde a la caída de los ingresos y a la necesidad de preservar los puestos de trabajo, garantizar el pago de salarios y sostener la prestación de los servicios públicos.