Matías Stevanato y Flor Destéfanis gestionaron créditos con el Banco Nación y el Banco Credicoop para financiar obras públicas y adquirir bienes de capital.
Edgardo González (centro) anunció aumento del 25% para febrero. Flor Destéfanis (Santa Rosa) anunció un menú de incrementos. Emir Andraos (Tunuyán), , Matías Stevanato (Maipú) y Fernando Ubieta (La Paz) negocian paritarias. Foto: @MatiasStevanato
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El Gobierno de Alfredo Cornejo autorizó a las municipalidades de Maipú y Santa Rosa a contraer nuevos préstamos con entidades financieras nacionales, con el objetivo de financiar obras de infraestructura y la adquisición de bienes de capital. Las autorizaciones fueron oficializadas este viernes a través de los decretos 1320 y 980, publicados en el Boletín Oficial.
En el caso de Maipú, el Ejecutivo provincial habilitó al municipio a tomar dos créditos por un total de $9.300 millones. El primero será por $2.100 millones con el Banco de la Nación Argentina, mientras que el segundo, por $7.200 millones, se gestionará con el Banco Credicoop.
En ambos casos, el intendente Matías Stevanato utilizará los fondos se utilizarán para ejecutar obras públicas y adquirir equipamiento, incluyendo rodados.
Por su parte, el municipio conducido por Flor Destéfanis fue autorizada a solicitar un préstamo de $1.000 millones al Banco Nación, destinado a obras de urbanización y a la compra de vehículos. La operatoria fue aprobada en el marco del presupuesto municipal para 2025 y se encuentra respaldada por las ordenanzas correspondientes.
Ambos decretos detallan las condiciones bajo las cuales se realizarán los préstamos, que deben cumplir con las exigencias establecidas en la Ley Nacional de Responsabilidad Fiscal 25.917 y su decreto reglamentario (PEN N° 1731/04), así como con la normativa provincial vigente (Ley N° 8706).
En el caso del préstamo de Maipú con el Banco Nación, el monto será desembolsado en hasta diez cuotas, cada una con su propio cronograma de amortización. El plazo total será de 60 meses, con un período de gracia de seis meses para el pago del capital. La devolución se hará en 54 cuotas mensuales y consecutivas bajo el sistema de amortización “alemán”.
El interés será del 43% nominal anual durante el primer año y, a partir del segundo, se aplicará una tasa variable atada a la TAMAR Privada bonificada en 100 puntos básicos.
El crédito de $7.200 millones con el Banco Credicoop también tendrá un plazo de cinco años, pero sin período de gracia. El capital y los intereses deberán abonarse en 60 cuotas mensuales. La tasa será variable y se ajustará mensualmente según la TAMAR de bancos privados más un adicional de 2.5%.
Por su parte, el préstamo de Santa Rosa comparte las condiciones con el de Maipú acordado con el Banco Nación: diez desembolsos, cinco años de plazo, seis meses de gracia para el capital, amortización en 54 cuotas mensuales y tasa fija del 43% el primer año, seguida por tasa variable TAMAR bonificada.
En todos los casos, los decretos autorizan a los municipios a afectar en garantía recursos provenientes de la coparticipación federal y municipal, según lo dispuesto en la Ley Provincial N° 8706. En caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas, los bancos podrán solicitar al Ministerio de Hacienda y Finanzas de Mendoza la retención de los montos adeudados de los fondos de participación municipal.
Tanto Maipú como Santa Rosa ya contaban con ordenanzas municipales que habilitaban las operaciones de crédito. En el caso de Maipú, las ordenanzas N° 7190/22, 7400/23 y 7639/24 establecen el marco normativo que permite al Ejecutivo municipal gestionar este tipo de financiamiento para obras y equipamiento. Santa Rosa, en tanto, lo hizo a través de la Ordenanza N° 055/24.
Además, el Ministerio de Hacienda y Finanzas deberá enviar toda la documentación al Ministerio del Interior y al Ministerio de Economía de la Nación para su evaluación, tal como exige la normativa nacional. Las autorizaciones quedan sujetas a las objeciones que puedan surgir de ese análisis.
Con estas operaciones, los municipios apuntan a sostener planes de inversión en infraestructura en un contexto de restricciones presupuestarias, accediendo a herramientas de financiamiento que les permitan avanzar con obras y adquirir equipamiento clave para su funcionamiento.