Marta Elba Pascual suspendió por 60 días la aplicación del nuevo sistema y advirtió que la Provincia no cuenta con infraestructura ni recursos suficientes para afrontar un eventual aumento de adolescentes privados de su libertad.
La jueza que frenó el nuevo Régimen Penal Juvenil en Buenos Aires: "Con esta ley no vamos a crear más seguridad"
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La jueza Marta Elba Pascual, quien suspendió durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires, defendió su decisión y aclaró que su planteo no cuestiona la reducción de la edad de imputabilidad, sino las condiciones en las que comenzaría a funcionar el nuevo sistema.
Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la magistrada advirtió que la Provincia no cuenta actualmente con la infraestructura ni los recursos necesarios para afrontar un eventual incremento de adolescentes privados de su libertad.
“Soy del Conurbano, y con esta ley no vamos a crear más seguridad”, sostuvo Pascual en declaraciones radiales. Al mismo tiempo, remarcó que no desconoce la problemática vinculada con los delitos cometidos por menores.
La jueza explicó que su principal preocupación está relacionada con las condiciones de alojamiento y las herramientas disponibles para los adolescentes que ingresen al sistema penal.
“Un chico encerrado sin educación, sin oficio, sin terapia, llega a los 18 años y lo podemos mandar a una unidad carcelaria que funciona como una escuela de delito”, advirtió.
Pascual también respondió a las críticas que recibió luego de disponer la suspensión y negó que su postura implique estar en contra de una reducción de la edad de imputabilidad.
“Yo garantista soy de la ley y, además de la ley, quiero seguridad. Tengo hijos, camino todo el día por el Conurbano y quiero vivir tranquilamente”, afirmó.
La resolución fue dictada luego de un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo.
A partir de ese planteo, la magistrada consideró necesario evaluar si la Provincia cuenta con las condiciones materiales y humanas necesarias para implementar el nuevo régimen antes de ampliar el universo de adolescentes alcanzados por el sistema penal.
En particular, señaló la necesidad de contar con establecimientos adecuados, personal especializado y recursos suficientes para garantizar el cumplimiento de las medidas previstas.
La suspensión tiene carácter preventivo y se extenderá durante 60 días. Durante ese período, la Justicia buscará que las autoridades bonaerenses informen de qué manera se implementará el nuevo Régimen Penal Juvenil y cuáles serán los recursos destinados a su funcionamiento.
