Además, recordaron el proyecto que elaboraron en 2021 para la generación de empleo a partir de un alivio fiscal para las empresas que sumen personal, que está a disposición del gobierno provincial.
El modelo de Neuquén y la competencia entre provincias
El gobernador neuquino anunció la iniciativa para 2028, con el objetivo de que las compañías que incorporen trabajadores radicados en Neuquén y contraten proveedores locales puedan dejar de pagar Ingresos Brutos, como parte de una estrategia para ampliar la participación de las empresas provinciales en la cadena de valor hidrocarburífera.
Para Badaloni, el crecimiento de la actividad energética neuquina abre una oportunidad para avanzar con incentivos fiscales y reducir los costos que enfrentan las empresas. También mencionó iniciativas de otras jurisdicciones, como San Luis, San Juan y Córdoba, donde se aplican o promueven mecanismos para aliviar la carga tributaria de determinados sectores.
“En Córdoba, a todas las pymes que facturan menos de $4.500 millones les están dando la posibilidad de Ingresos Brutos cero. Y yo pregunto por Mendoza”, planteó en la entrevista radial.
El referente de la UIA en Cuyo, Mauricio Badaloni
Ramiro Gomez / Los Andes
El dirigente industrial advirtió que el freno a la reducción de alícuotas puede profundizar las diferencias de competitividad entre las provincias. “Lo que nosotros vemos, muy lamentablemente, es que no vamos a ir a la baja progresiva cuando nuestros vecinos están empezando a ir”, señaló.
Y resumió el problema desde la perspectiva de las empresas que trabajan en distintas jurisdicciones: “Entonces, ¿cómo vamos a hacer para trabajar acá? Si a veces tenemos que trabajar en Neuquén”.
Badaloni vinculó el reclamo con los costos de la actividad petrolera y con la necesidad de que las empresas mendocinas puedan competir por contratos en una industria que busca reducir sus gastos.
En ese marco, mencionó la estrategia de YPF para abaratar costos y cuestionó que los tributos provinciales encarezcan el financiamiento y la contratación de servicios. “No podemos cobrar 8% de Ingresos Brutos al financiamiento, primero, más el 1,5% de Sellos”, sostuvo.
La presión impositiva y el costo de financiarse
El referente de la UIA en Cuyo también cuestionó el peso combinado de los impuestos nacionales, provinciales y municipales sobre la actividad productiva. En particular, puso el foco en el Impuesto de Sellos y en los efectos que, según su análisis, tiene sobre la duración de los contratos entre empresas.
Badaloni explicó que una contratación de servicios petroleros por 24 meses puede terminar reemplazada por una carta oferta de seis meses para evitar el costo asociado al sellado. A su entender, esto precariza los vínculos comerciales y reduce la previsibilidad de las empresas proveedoras.
El empresario sostuvo que el efecto de estos tributos no debe medirse únicamente por la recaudación inmediata que generan para el Estado, sino también por las decisiones que pueden desalentar o modificar en el sector privado.
“Parece que el sector privado no quiere invertir, pero ¿cómo va a invertir si es ponerse una pistola en la cabeza? Vos estás pagando más al Estado provincial, nacional y municipal que al que te presta el dinero”, cuestionó.
En su análisis, la presión fiscal también influye en la informalidad. “A veces se dice: ‘¿Por qué la gente contrata en negro?’. Y bueno, si vos le ponés un 50% de diferencia, el sector privado primero te lo trata de pagar y después, antes de fundirte, ¿qué harías?”, planteó.
Badaloni consideró que el debate debe incluir no solamente cuánto recauda el Estado, sino también la calidad del sistema tributario y su impacto sobre la producción.
Además, señaló que las dificultades de las pymes no se limitan a los impuestos. Mencionó el costo energético y las complicaciones logísticas, entre ellas los cierres del paso internacional a Chile durante buena parte de los últimos dos meses.
“Nosotros tenemos que trabajar la microeconomía. La microeconomía no es solamente la Nación, son las provincias. Y las provincias no han ido haciendo el ajuste”, sostuvo.
Para el dirigente, las pequeñas y medianas empresas son centrales para recuperar el dinamismo de la economía y sostener el empleo formal. Por eso, reclamó que las administraciones provinciales acompañen los cambios macroeconómicos con medidas que mejoren las condiciones concretas para producir, invertir y contratar personal.
El Consejo Empresario Mendocino pide "desarmar el entramado"
El titular del CEM, el empresario de la construcción Martín Calzetta, sostuvo que "alrededor del impuesto se construyó un entramado de retenciones, percepciones y regímenes como el SIRCREB que genera saldos a favor que las empresas acumulan y que no se devuelven ni se actualizan".
Y explicó que "ese entramado puede llegar a duplicar la presión tributaria efectiva, mucho más allá de lo que dice la alícuota nominal".
De todos modos consideró que "Mendoza no parte de cero: lleva nueve años reduciendo alícuotas de manera gradual y con las cuentas ordenadas, y eso hay que reconocerlo".
"Pero bajar la alícuota no alcanza si no se desarma también ese entramado, con una reducción más rápida y previsible, menos retenciones y percepciones, y devolución actualizada de los saldos", sostuvo el titular del CEM.
El presidente del CEM, Martín Calzetta, junto al vicepresidente, Federico Ostropolsky.
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El proyecto de alivio fiscal para generar empleo
Desde el CEM agregaron que han trabajado en una iniciativa que vincula la carga de Ingresos Brutos con la incorporación de trabajadores registrados. La propuesta fue elaborada junto con la Fundación Mediterránea y presentada ante el Estado provincial en 2021, aunque no tuvo respuesta para avanzar en su implementación.
El secretario del CEM, Federico Pagano, le comentó a este diario que el esquema contempla que una empresa pueda compensar parte del impuesto a partir de las nuevas contrataciones, tomando como referencia el costo salarial de los trabajadores incorporados y el incremento de su actividad.
“Si vos tenés una empresa que está en funcionamiento, con una planta de 50 empleados, y pagás Ingresos Brutos por $20 millones, si contratás un nuevo empleado, esa contratación sobre el incremental de Ingresos Brutos no pagaba el equivalente a ese sueldo”, explicó.
Pagano ejemplificó el mecanismo con un trabajador cuyo costo mensual para la empresa fuera de $2 millones. Si la firma contrata a esa persona y sus ingresos crecen en una proporción equivalente, se podría compensar ese monto con el impuesto, de acuerdo con los porcentajes y condiciones previstos en el proyecto.
Federico Pagano, secretario y extitular del Consejo Empresario Mendocino. Archivo Los Andes
El beneficio, aclaró, está atado al mantenimiento del empleo. Si la empresa despide al trabajador incorporado y vuelve a tener la misma cantidad de empleados que antes, se pierde la exención. “Esto generaba incentivos fuertes a la contratación de personal en blanco”, afirmó el secretario del CEM.
Para Pagano, la lógica de la propuesta es que la reducción impositiva esté asociada a la creación efectiva de puestos de trabajo, de modo que el alivio para las empresas no implique necesariamente una pérdida de recursos para el Estado respecto de la situación inicial.
También vinculó la formalización del empleo con una mayor capacidad de recaudación y una menor presión sobre determinados servicios públicos. Según explicó, los trabajadores registrados contribuyen a ampliar el consumo formal y la actividad económica que queda visible para la administración tributaria.
“Es una cuestión virtuosa. El tema es que, si no se da el primer paso, es difícil comprobarlo”, resumió. Por eso, consideró que la decisión de Neuquén va en la dirección correcta y lamentó que la propuesta del Consejo Empresario no haya encontrado aún eco en la Provincia.
El debate por el compre local
El reclamo tributario se suma a otra discusión sobre la política productiva de Mendoza: la posibilidad de establecer herramientas para favorecer a los proveedores locales en las grandes inversiones.
En mayo pasado, Cornejo descartó impulsar una ley de “compre mendocino” durante la inauguración del parque solar El Quemado, en Las Heras. El gobernador sostuvo que su gestión no avanzaría en esa dirección porque considera que una norma de ese tipo puede introducir restricciones a las inversiones provenientes de otras provincias.
Badaloni consideró que las políticas de promoción de proveedores locales deben diseñarse de manera que no encarezcan los servicios ni limiten la competitividad. En referencia al caso neuquino, sostuvo que los incentivos tienen que servir para que las empresas locales puedan ofrecer mejores condiciones y acceder a los contratos.
“Para que te compren con el compre local, no podés tener los sindicatos cobrando cosas que no corresponden, los Estados cobrando tributos que no corresponden y haciendo de rehén a la actividad, porque la encarecés”, señaló.
"Rescato lo que tiene que ver con la baja impositiva que quiere hacer hacia adelante Neuquén. Porque el compre local va a ser un compre de oportunidad”, completó.