Fiscalía de Estado abrió formalmente las actuaciones tras la denuncia de Julio Cobos por el presunto uso indebido de recursos del Impuesto a los Combustibles.
El exvicepresidente y exgobernador Julio Cobos. Archivo Los Andes
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La polémica por el destino que el gobierno de Javier Milei le otorga a los fondos del Impuesto a los Combustibles tuvo repercusión local a partir de una denuncia presentada por el exvicepresidente y exgobernador Julio Cobos ante Fiscalía de Estado, por posibles perjuicios para Mendoza. El fiscal de Estado, Fernando Simón, ya le dio curso a un pedido de informes y, en primera instancia, deberá responder la Provincia. Luego se le remitirán consultas a Vialidad Nacional.
A través de un requerimiento elevado el jueves pasado al ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, la Fiscalía emplazó al Poder Ejecutivo provincial a responder e informar detalladamente en un plazo de 10 días hábiles.
Entre las precisiones solicitadas, el organismo exige desagregar los recursos recibidos por la Ley 23.966, lo efectivamente invertido por la Nación en rutas nacionales en territorio mendocino desde 2023 y los fondos propios invertidos por la Provincia en trazados de jurisdicción federal.
Asimismo, la denuncia será remitida a la Dirección Nacional de Vialidad, aunque sobre el organismo federal no pesa la obligación legal de responder.
Según un relevamiento de Los Andes, los fondos provenientes de ese tributo que recibió Mendoza en lo que va del 2026 representan menos del 2% de los recursos destinados a soluciones viales en la Provincia.
El reclamo promovido por Cobos surge tras revelarse la subejecución de fondos en el Sistema Vial Integrado (SisVial). Según la presentación del exgobernador, la Nación destinó una porción minoritaria de lo recaudado a obras, reteniendo saldos en inversiones financieras para sostener el superávit fiscal.
Ante el deterioro de la red vial, Mendoza intervino en trazados como las rutas nacionales 7, 40 y 143 mediante el Decreto provincial 1165/2025.
Para Cobos, este auxilio no constituye una obligación permanente, por lo que solicitó que la Fiscalía analice accionar para exigir el reintegro de fondos.
En el pedido de informe presentado por el fiscal Simón, al que tuvo acceso este diario, se detallan las siguientes preguntas que deberá responder el Poder Ejecutivo:
Además, Fiscalía de Estado solicitó que "se emita dictamen jurídico relativo al reclamo que la Provincia podría realizar a los organismos nacionales pertinentes por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la normativa citada".
Desde el Gobierno provincial adelantaron a Los Andes su postura técnica, asegurando que la provincia "ha recibido hasta la fecha todos los fondos correspondientes por el Impuesto a los Combustibles".
Para respaldarlo, detallaron las transferencias a la Dirección Provincial de Vialidad (DPV):
Año 2024: $5.831 millones de pesos.
Año 2025: $11.501 millones de pesos.
Año 2026 (a la fecha): $9.107 millones de pesos, con una proyección similar para el segundo semestre.
Desde el Ejecutivo remarcaron que el tributo no se destina un 100% a obras viales, precisando el esquema de distribución:
Reparto general: Del total recaudado, solo el 10,4% se distribuye a las provincias.
Giro a Vialidades Provinciales: De esa porción, un 6,24% se gira a las DPV.
Participación de Mendoza: Dicho porcentaje se distribuye según el índice de coparticipación vial, donde Mendoza recibe un 4,3% (rango medio/alto).
Estos fondos son utilizados por la DPV para mantenimiento de flota, consumo de combustible, insumos y transporte de áridos.
El 89,6% restante de la recaudación es derivado por el Estado Nacional al Fondo Nacional de Infraestructura y Transporte, Fondo de Infraestructura Hídrica, Fondo de Compensación del Transporte Público, FONAVI y al Tesoro Nacional.
Con la notificación de la Fiscalía de Estado ya cursada, la Provincia alista su informe formal dentro de los 10 días estipulados, paso clave para definir si se elevará un reclamo de devolución a la Nación.
