La ONG analizó el proyecto de la diputada Griselda Petri que propone crear un Índice Provincial de Transparencia Pública
La diputada provincial Griselda Petri (UCR).
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Prensa Diputados
La fundación Nuestra Mendoza planteó observaciones al proyecto de ley presentado por la diputada provincial Griselda Petri (UCR) para modificar la Ley 9.070 de Acceso a la Información Pública y crear un Índice Provincial de Transparencia Pública (IPTP) destinado a medir el cumplimiento de las obligaciones de los organismos estatales de Mendoza.
La iniciativa, que lleva la firma de más legisladores del petrismo, busca incorporar un sistema de evaluación que permita medir el nivel de cumplimiento de la normativa y publicar los resultados para generar información comparable sobre el comportamiento de los distintos organismos públicos.
Sin embargo, desde la ONG dedicada al acceso a la información pública y el control ciudadano consideran que el proyecto tiene algunas falencias que deberían corregirse durante su tratamiento legislativo.
El director de Nuestra Mendoza, Facundo Heras, explicó a Los Andes que el problema central está en que, tal como está planteado, el nuevo mecanismo podría mantener algunas de las dificultades que ya existen en la aplicación de la Ley 9.070.
“En el fondo tiene falencias que seguirían las lógicas de incumplimiento que hoy existen”, sostuvo Heras.
La organización considera que la creación de un índice puede ser una herramienta positiva, pero advierte que no alcanzará con medir y publicar resultados si no se modifican los mecanismos de control y las consecuencias frente a los incumplimientos.
Una de las principales observaciones de la Fundación apunta al rol que tendría la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública (OIAyEP), autoridad de aplicación de la Ley 9.070.
Según el análisis realizado por la ONG, el proyecto le asigna a la autoridad de aplicación un papel central tanto en la implementación del índice como en la definición de la metodología con la que serán evaluados los organismos.
“Lo que vemos nosotros es que es un índice que lo va a definir de manera unilateral la Oficina de Ética Pública y lo va a implementar el órgano garante de la Ley 7090, pero a su vez sería el mismo sujeto que es evaluado”, cuestionó Heras.
En ese sentido, planteó una discusión sobre la independencia del sistema de evaluación: “¿La Ley 7090 le asigna funciones y ellos mismos van a ser los que se monitoreen? La idea es plantear la discusión”.
La Fundación plantea que un índice que pretenda medir de manera integral el funcionamiento de la Ley 9.070 debería evaluar no solamente a los organismos obligados a publicar información, sino también el desempeño de la propia autoridad encargada de controlar, investigar y exigir el cumplimiento de la normativa.
“Resultaría absurdo que la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública se evaluara a sí misma”, sostiene el documento elaborado por la organización, al considerar que esto podría afectar la objetividad, independencia y credibilidad del índice.
Otro de los puntos observados está relacionado con quién define las reglas con las que se medirá la transparencia.
La propuesta, según la Fundación, concentra en la autoridad de aplicación la facultad de aprobar la metodología del índice, sin exigir acuerdos o validaciones con otros actores.
Para Nuestra Mendoza, el mecanismo debería contar con una instancia externa y plural, o establecerse mediante una norma que contemple suficiente debate público.
La ONG propone, en ese sentido, incorporar a distintos actores de la sociedad civil, universidades y periodistas en el proceso de evaluación.
La Fundación también cuestiona que el índice tenga un carácter principalmente técnico y que la ciudadanía no tenga participación efectiva en su diseño, aplicación, revisión o actualización.
De hecho, en la elaboración del proyecto la organización no participó, a pesar de que los citan.“En su fundamentación citan a organizaciones que aportaron a la transparencia, pero nunca nos consultaron”, afirmó Heras a este diario.
No obstante, aclaró que la organización está dispuesta a mantener el diálogo con los autores de la iniciativa.
“Nuestra idea es mantener diálogo porque es bueno tener un índice, pero no queremos que sea letra muerta”, sostuvo.
Según el documento de la Fundación, la ciudadanía no debería quedar limitada a consultar los resultados una vez publicados.
Por el contrario, las organizaciones civiles, académicas y especializadas que trabajan con información pública podrían aportar criterios para determinar qué debe evaluarse y cómo hacerlo.
La cuarta observación de Nuestra Mendoza apunta a uno de los aspectos centrales del proyecto: qué ocurre después de que un organismo obtiene una mala calificación.
La Fundación advierte que el índice tendría un carácter principalmente evaluativo: mediría y publicaría los resultados, pero no establecería obligaciones concretas para los organismos que incumplan.
“Sin estas herramientas, el índice carece de una finalidad reparadora y preventiva y corre el riesgo de convertirse en una medición sin efectos prácticos”, sostiene la ONG.
Por eso, propone que los resultados del índice deriven en planes obligatorios de regularización, con plazos y metas verificables. También plantea que exista un seguimiento de esos planes, que se identifique públicamente a los organismos incumplidores y que se establezca un régimen de sanciones para los incumplimientos reiterados.
Entre las alternativas que propone la Fundación aparece la creación de una Unidad de Evaluación de Transparencia (UET), integrada por representantes de la sociedad civil, universidades y periodistas.
El objetivo sería que ese espacio plural discuta y acuerde qué información deben publicar los organismos y de qué manera, además de monitorear posteriormente el cumplimiento.
También propone realizar audiencias públicas anuales para discutir los resultados y las medidas de mejora, y que las observaciones realizadas a los organismos evaluados tengan carácter vinculante y no queden solamente como recomendaciones.
“El Proyecto es una oportunidad para pensar soluciones que realmente modifiquen el sistema vigente, que distribuyan el poder de otra manera, que acerquen a la ciudadanía a sus representantes y que reconstruyan la confianza en las instituciones públicas”, concluye la organización.
