La propuesta de Griselda Petri contempla resultados comparables y públicos sobre el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información.
Frente de la Casa de Gobierno de Mendoza. Archivo
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La diputada provincial Griselda Petri presentó un proyecto de ley para crear un índice que permita medir periódicamente el nivel de cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública por parte de los organismos del Estado mendocino.
La iniciativa propone modificar la Ley 9.070 de Acceso a la Información Pública mediante la incorporación de un nuevo título dedicado a la evaluación y seguimiento de su cumplimiento y la creación del Índice Provincial de Transparencia Pública (IPTP).
El proyecto lleva la firma de Petri y cuenta con la coautoría de los diputados Ismael Jadur, Jorge Zingaretti, Carlos Ponce, Gustavo Cairo, Alberto López y Raúl Villach, todos integrantes del bloque de la Cambia Mendoza.
El objetivo es sumar una herramienta oficial que permita determinar, a partir de criterios uniformes y verificables, en qué medida los organismos alcanzados por la normativa cumplen con las obligaciones que ya establece la legislación provincial.
“Reconocer derechos y establecer obligaciones es un paso fundamental, pero igual de necesario es contar con herramientas que permitan verificar, de manera objetiva, si esas obligaciones efectivamente se cumplen”, señaló Petri al fundamentar la propuesta.
De acuerdo con el proyecto, el IPTP se convertiría en la herramienta oficial para evaluar el cumplimiento de la Ley 9.070. La metodología deberá ser única, objetiva, uniforme y de acceso público, mientras que cada uno de los indicadores utilizados tendrá que estar vinculado con una obligación contemplada en la ley, su reglamentación o normas complementarias.
La propuesta establece que la evaluación deberá basarse exclusivamente en evidencia objetiva y verificable. Además, plantea que los resultados puedan compararse tanto entre los diferentes organismos como a lo largo del tiempo.
El anexo que acompaña al proyecto, de carácter referencial y que no integra el texto normativo, plantea cinco dimensiones sobre las que podría estructurarse el índice: transparencia institucional, transparencia activa, acceso a la información pública, gestión de la transparencia y calidad de la información pública.
Los resultados deberán ser publicados en el Portal de Transparencia de Mendoza e incluir, como mínimo, el resultado general de cada organismo, el desempeño por dimensiones, comparaciones del grado de cumplimiento, la evolución respecto de mediciones anteriores, la metodología aplicada y recomendaciones de mejora.
“La transparencia no se fortalece sólo dictando normas: también hay que medir su cumplimiento para mejorar la calidad de las instituciones y fortalecer la confianza de la ciudadanía”, sostuvo la legisladora.
Uno de los puntos que establece el proyecto es la periodicidad de las mediciones. Durante los primeros dos años posteriores a la aprobación de la metodología, la evaluación se realizará una vez por año.
A partir del tercero pasará a ser semestral. Los organismos alcanzados, además, deberán colaborar y proporcionar la información complementaria necesaria para verificar los indicadores.
En el caso del Poder Legislativo, Poder Judicial, Ministerio Público, Tribunal de Cuentas, Fiscalía de Estado y Departamento General de Irrigación, las evaluaciones se instrumentarán mediante protocolos de colaboración institucional y sobre la información que cada organismo reporte y valide, con el objetivo de preservar su autonomía funcional.
Los municipios, en tanto, quedarán comprendidos únicamente cuando hayan adherido a la Ley 9.070. La iniciativa aclara que la creación del índice no incorpora nuevas obligaciones para los organismos ni establece un régimen de sanciones.
Tampoco crea un nuevo organismo administrativo ni modifica las competencias actuales de la autoridad de aplicación. Su finalidad será exclusivamente evaluativa y de seguimiento sobre las obligaciones que ya se encuentran vigentes.
En caso de convertirse en ley, la autoridad de aplicación tendrá un plazo de 120 días desde su entrada en vigencia para aprobar la metodología, la matriz de indicadores, las escalas de valoración y los procedimientos necesarios para realizar las evaluaciones. La primera medición deberá concretarse dentro de los seis meses posteriores a la aprobación de esas normas técnicas.
Entre los fundamentos, el proyecto menciona como antecedente el Índice de Transparencia aprobado en 2024 por la Agencia de Acceso a la Información Pública de la Nación, utilizado para evaluar la publicación de la información exigida por la legislación nacional.
También señala que organizaciones de la sociedad civil realizan desde hace años relevamientos sobre el cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa en Mendoza, pero que actualmente no existe un índice oficial, provincial y permanente que institucionalice ese tipo de medición.
“Mendoza puede dar un salto de calidad institucional y ubicarse a la vanguardia en transparencia, no sólo por tener buenas normas, sino por medir en serio cómo se cumplen”, afirmó Petri.
