El exsecretario de de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Nación, Guillermo Carmona, cuestionó el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional durante su tratamiento en un plenario de comisiones del Congreso.
El exfuncionario rechazó los alcances del proyecto, reclamó aplicar la legislación vigente y advirtió por el avance de la explotación petrolera en las islas.
Guillermo Carmona advirtió por posibles efectos sobre derechos constitucionales y reclamó investigar a empresas vinculadas con la explotación hidrocarburífera en las islas.
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El exsecretario de de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Nación, Guillermo Carmona, cuestionó el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional durante su tratamiento en un plenario de comisiones del Congreso.
Invitado por el bloque de Unión por la Patria, Carmona sostuvo que el proyecto incorpora aspectos vinculados con la seguridad interior dentro de la cuestión Malvinas, un tema que, según planteó, históricamente estuvo relacionado con la soberanía, la defensa y las relaciones internacionales. También advirtió que la iniciativa podría afectar garantías constitucionales.
“¿Van a utilizar la cuestión Malvinas para perseguir a nuestros periodistas, a nuestros pibes o para amordazar a los partidos políticos?”, planteó durante su exposición.
El expresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados sostuvo que el proyecto coloca una hipótesis de conflicto dentro del territorio argentino y no sobre la disputa de soberanía con el Reino Unido.
Otro de los principales ejes de Carmona estuvo puesto en el avance de la actividad hidrocarburífera en torno a las Islas Malvinas.
El dirigente mendocino consideró que la situación atraviesa un “punto de inflexión” ante la posibilidad de que comience la extracción de petróleo en la zona bajo control británico. También vinculó esos proyectos con empresas y fondos de inversión extranjeros.
Carmona sostuvo que esa actividad podría consolidar la posición británica sobre las islas y advirtió además por posibles riesgos ambientales en el Atlántico Sur.
En ese contexto, cuestionó la actuación del Gobierno de Javier Milei y aseguró que durante la actual administración no se aplicaron sanciones previstas en la legislación argentina contra compañías vinculadas con operaciones en Malvinas.
Mencionó las leyes 26.659 y 26.915 y afirmó que la última sanción de esas características se produjo en abril de 2022.
“No solamente no se ha sancionado en los términos de las leyes 26.659 y 26.915, sino que se han habilitado empresas a operar en Argentina mientras se involucraron en operaciones ilegales en Malvinas”, sostuvo.
También pidió que el Congreso investigue a empresas que vinculó con esas actividades. Durante su intervención mencionó a Harbour Energy, Blue Water, Noble Energy y Trafigura. Sobre esta última, señaló que opera la refinería de Bahía Blanca y la relacionó con financiamiento destinado a un proyecto hidrocarburífero en Malvinas.
Carmona también apuntó contra la política exterior del Gobierno nacional y reclamó que funcionarios del área concurran al Congreso para explicar las decisiones adoptadas en torno a Malvinas.
El exfuncionario cuestionó que los cancilleres que tuvo la actual administración no se hayan presentado ante el Congreso para dar explicaciones y criticó el alineamiento internacional con Estados Unidos e Israel.
Además, señaló una contradicción entre una eventual postura más dura frente al Reino Unido y la existencia de acuerdos de cooperación entre ambos países. En ese punto hizo referencia al entendimiento Mondino-Lammy, al que comparó con el acuerdo Foradori-Duncan.
“No se puede decir que se va a defender la soberanía nacional mientras hay un pacto de cooperación con los británicos”, afirmó.
Carmona también cuestionó la falta de funcionamiento del Consejo Malvinas y reclamó que el Congreso impulse la reactivación de ese ámbito.
Durante el plenario, el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, le cedió parte de su tiempo como orador para que continuara con su exposición.
Carmona cuestionó que el proyecto no incluya referencias a las resoluciones de Naciones Unidas vinculadas con la cuestión Malvinas y sostuvo que esa ausencia altera el enfoque histórico de la política argentina sobre el conflicto.
También pidió a los legisladores que investiguen denuncias por posibles conflictos de intereses de funcionarios nacionales relacionados con la política exterior y los vínculos con el Reino Unido.
Frente al régimen de sanciones contemplado en la iniciativa, el exsecretario de Malvinas sostuvo que el Estado ya cuenta con herramientas legales para actuar contra empresas que incumplan la normativa argentina. “Cumplan la ley, hoy ya tienen los instrumentos legales”, reclamó.
Además de las leyes 26.659 y 26.915, mencionó la Ley Federal de Pesca 24.922 y cuestionó el capítulo que contempla mecanismos de desistimiento o regularización para determinadas compañías.
Según sostuvo, esa disposición podría beneficiar a firmas que hayan operado en la Argentina mientras mantenían inversiones o actividades vinculadas con Malvinas.
Sobre el final de su exposición, Carmona volvió a pedir el rechazo del proyecto y vinculó el debate con el control de los recursos estratégicos y la propiedad de la tierra.
