Un funcionario de primera línea confirmó que el Gobierno apelará el fallo del juez Martín Cormick, que dejó sin efecto el Decreto 759/2025 y ordenó cumplir de inmediato la Ley de Financiamiento Universitario.
Financiamiento universitario: el Gobierno apelará el fallo que ordenó cumplir la ley.
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El Gobierno nacional apelará el fallo judicial que ordenó cumplir de manera inmediata con la Ley de Financiamiento Universitario, según confirmó un funcionario de primera línea de la administración de Javier Milei ante la Agencia Noticias Argentinas.
La decisión oficial se produce luego de que el juez Martín Cormick hiciera lugar a un amparo colectivo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional y la Universidad de Buenos Aires (UBA). La resolución dejó sin efecto el Decreto 759/2025 y estableció que el Poder Ejecutivo debe dictar las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias para aplicar la legislación.
En la administración libertaria se analiza cómo afrontar los fondos establecidos por la norma, que tuvo insistencia parlamentaria en 2025. Sin embargo, por el momento, la estrategia oficial apunta a recurrir las decisiones judiciales vinculadas con su cumplimiento.
El debate también tiene un componente fiscal. Dentro del Gobierno se sostiene que no existen recursos disponibles para afrontar una ley que, según la narrativa oficial, afecta el objetivo de mantener el superávit fiscal. La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), por su parte, calculó que el texto sancionado representa un impacto equivalente al 0,23% del Producto Bruto Interno (PBI).
El fallo de Cormick surgió a partir del planteo realizado por el Consejo Interuniversitario Nacional, la UBA y otras universidades, que recurrieron a la Justicia para reclamar el cumplimiento de los principales puntos de la ley. Entre ellos se encuentran el otorgamiento de partidas presupuestarias para las universidades y la recomposición de los salarios de docentes y no docentes.
Al fundamentar su decisión, el magistrado cuestionó el decreto dictado por el Poder Ejecutivo y sostuvo que “no supera un test mínimo de razonabilidad”. Según el fallo, la norma permitía suspender e inaplicar una ley cuya sanción había sido insistida por el Congreso con las mayorías agravadas correspondientes, mediante la aplicación de un artículo de una legislación anterior.
La resolución judicial ordenó así al Poder Ejecutivo avanzar con el cumplimiento inmediato de la Ley de Financiamiento Universitario mediante las disposiciones reglamentarias y ejecutorias necesarias.
Uno de los interrogantes que quedan abiertos es el papel que tendrá el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, debido a que su cartera tiene a su cargo la liberación de las partidas necesarias para afrontar el conflicto.
Según la información difundida sobre el escenario dentro del Gobierno, el entorno del ministro sostiene que Caputo mantiene una posición de defensa estricta del déficit cero y que pretende esperar el desarrollo de la disputa judicial antes de avanzar con la asignación de los fondos.
Mientras tanto, desde el oficialismo se confirmó que la respuesta inmediata al fallo será la apelación, en un conflicto que combina la aplicación de una ley sancionada por el Congreso con la discusión sobre el impacto que tendría su ejecución sobre las cuentas públicas.
Las organizaciones sindicales del ámbito universitario celebraron la resolución judicial y ratificaron la convocatoria a la Marcha Federal Universitaria del 15 de octubre.
Desde el Sindicato de Docentes de la UBA (Feduba) calificaron el fallo como una victoria de la comunidad universitaria. Pablo Perazzi, secretario general de la organización, destacó el alcance jurídico y político de la decisión.
Al respecto, detalló: “Este fallo histórico demuestra lo que venimos sosteniendo desde el primer día: el Poder Ejecutivo vulneró la Constitución Nacional y el orden democrático al pretender legislar por decreto y aplicar un veto encubierto a una ley que fue ratificada por dos tercios de ambas Cámaras del Congreso".
Y agregó: "El juez Cormick fue claro: el Poder Ejecutivo no tiene atribuciones para suspender la voluntad soberana del Poder Legislativo bajo el pretexto del 'equilibrio fiscal'. Es una victoria contundente para las universidades nacionales, para nuestros salarios y para todo el sistema público universitario”.
Desde Feduba también remarcaron que la resolución judicial debe estar acompañada por movilización en el espacio público. En la misma línea, Federico Montero, dirigente nacional de la Conadu, convocó a ampliar la participación en la marcha del 15 de octubre.
“El fallo judicial es una herramienta fundamental que desarma el relato del Gobierno, pero sabemos perfectamente que la solución definitiva a este conflicto es política y se construye con la movilización popular", señaló.
Y amplió: "El Gobierno nacional ya ha demostrado su voluntad de sistemática de incumplir las leyes y recortar el presupuesto. Por eso, este 15 de octubre nos vamos a movilizar masivamente con todos los sectores por la defensa irrenunciable de la universidad pública y la soberanía nacional”, señaló.
