20 de noviembre de 2026 - 07:36

El Gobierno autorizó por contratación directa la continuidad de los servicios telefónicos: cuánto invirtió

El Ejecutivo justificó la medida por razones de urgencia y autorizó un gasto estimado de $629 millones, distribuido entre 2026 y 2027.

El Gobierno de Mendoza autorizó una contratación directa por más de $629 millones para garantizar la continuidad de los servicios de telefonía y atención ciudadana, mientras avanza la implementación de nuevos sistemas de comunicación y una licitación pública pendiente.

La medida quedó formalizada mediante el Decreto 2367, firmado por el gobernador Alfredo Cornejo el 29 de octubre y publicado este viernes en el Boletín Oficial. La contratación fue adjudicada a la empresa Cirion Technologies Argentina S.A., que ya venía prestando estos servicios a la administración provincial.

El acuerdo contempla un plazo máximo de seis meses, a partir del 1 de noviembre de 2026, aunque podrá finalizar anticipadamente si se concreta la implementación de las nuevas prestaciones.

La contratación alcanza a los servicios de tramas digitales, equipos de conmutación y la plataforma de Contact Center, junto con sus accesorios y ampliaciones. Entre las prestaciones que se busca garantizar se encuentra el funcionamiento del 148, la línea de atención ciudadana del Gobierno provincial.

Según establece el decreto, el costo mensual asciende a 69.177,86 dólares, mientras que el monto total previsto para los seis meses es de 415.067,16 dólares, equivalentes a $629.656.881,72 al tipo de cambio de $1.517 por dólar, correspondiente al 7 de octubre.

La distribución presupuestaria contempla $209.885.627,24 para noviembre y diciembre de 2026, mientras que los restantes $419.771.254,48 corresponden al ejercicio 2027.

No obstante, la normativa aclara que los montos expresados en pesos son estimativos y que podrán modificarse de acuerdo con la cotización del Banco Nación correspondiente al último día hábil de cada período facturado.

Los motivos de la contratación directa

La decisión del Ejecutivo se fundamenta en la necesidad de evitar interrupciones en las comunicaciones entre los organismos provinciales y la ciudadanía, particularmente en los servicios vinculados con la atención telefónica.

La empresa Cirion Technologies contaba con una contratación anterior, autorizada mediante el Decreto 839/2026, cuya vigencia finalizó el pasado 31 de octubre.

Ante ese vencimiento, la Dirección de Informática provincial informó que los nuevos servicios de tramas digitales y equipos de conmutación, adjudicados a otras empresas mediante un acuerdo marco, todavía se encuentran en proceso de implementación.

Las tareas pendientes incluyen la instalación de centrales de conmutación y la migración de portabilidades de las tramas digitales, por lo que el Gobierno consideró necesario sostener temporalmente las prestaciones actuales.

En paralelo, la administración provincial debe resolver la contratación del servicio integral de Contact Center. De acuerdo con los fundamentos del decreto, una licitación anterior para ese servicio fue dejada sin efecto por razones de inconveniencia económica.

Se trata del procedimiento autorizado mediante el Decreto 780/2026, que había sido tramitado a través del sistema COMPR.AR. Tras esa decisión, el Ejecutivo inició un nuevo expediente para convocar a otra licitación pública destinada a cubrir el servicio.

Mientras se completa ese procedimiento, la administración provincial continuará trabajando con la empresa que actualmente dispone de la infraestructura necesaria para mantener las comunicaciones.

Los valores del servicio y la justificación legal

Durante las actuaciones administrativas, Cirion Technologies manifestó su conformidad para continuar con la prestación y presentó una propuesta económica que contempla una variación acumulada del 22,95%.

Según consta en el decreto, la firma fundamentó los valores propuestos en la evolución de los precios de la división Bienes y Servicios Varios de la región de Cuyo, correspondiente al período considerado en el expediente.

La contratación fue encuadrada en el artículo 144, inciso d), de la Ley 8706 de Administración Financiera de Mendoza, que contempla excepciones al procedimiento habitual de contratación cuando existen razones de urgencia debidamente acreditadas.

En este caso, el Ejecutivo argumentó que una interrupción de las prestaciones podría afectar seriamente el funcionamiento de los servicios de comunicación provincial.

Por ese motivo, la contratación directa fue autorizada sin publicación en la página web de la Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes, una excepción que quedó expresamente fundamentada en el expediente administrativo.

El decreto también habilita a la Contaduría General de la Provincia a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias según el consumo efectivo de los servicios y las variaciones cambiarias que puedan producirse durante la vigencia del contrato.

El decreto

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