La Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso que las prepagas ya no podrán aumentar el valor de sus cuotas sin la autorización del Poder Ejecutivo.
El máximo tribunal declaró inconstitucionales dos artículos del DNU 70/23 y ordenó restituir al Estado las facultades de control sobre los valores de los planes de salud.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso que las prepagas ya no podrán aumentar el valor de sus cuotas sin la autorización del Poder Ejecutivo.
El fallo se produjo tras declararse la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del DNU 70/23, que modificaba la Ley de Medicina Prepaga y eliminaba las atribuciones estatales para intervenir en la actualización de los valores de los planes de salud.
De esta manera, la Superintendencia de Servicios de Salud deberá recuperar sus atribuciones para revisar, fiscalizar y autorizar los aumentos de los planes.
El fallo fue firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. En sus alegatos, los magistrados consideraron que el Poder Ejecutivo no presentó argumentos suficientes para justificar la eliminación de estos controles estatales en el marco de la emergencia económica y social: “No basta con invocar una emergencia genérica”, advirtieron.
Por otro lado, remarcaron que era necesario explicar por qué resultaba urgente quitarle al Estado las facultades de fiscalización sobre los aumentos. Además, señalaron que tampoco se explicó de qué manera el DNU podía contribuir a resolver la situación de emergencia.
La causa llegó a la Corte tras el caso de Maria del Carmen Bobbio, quien inició una demanda contra Swiss Medical cuestionando un aumento del 110% en el valor de su cuota, entre diciembre de 2023 y febrero de 2024.
Según planteó, si se hubiera aplicado la resolución 2577/2022 del Ministerio de Salud, el incremento habría sido de apenas 6,26%.
En primera instancia, la Justicia rechazó el amparo, pero la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata revocó esa decisión y declaró la inconstitucionalidad de los artículos cuestionados.
En consecuencia, ordenó limitar los aumentos según la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y dispuso que el Estado retomara las funciones de control y determinara el valor de las cuotas.
El Estado y Swiss Medical apelaron el fallo, pero finalmente la Corte aclaró que la decisión recae sólo en los artículos 267 y 269 del DNU 70/23, y no modifica la constitucionalidad del resto del decreto.