El Gobierno de Alfredo Cornejo reglamentó los procedimientos para ejecutar obras y realizar contrataciones de urgencia durante la emergencia climática que rige en Mendoza. La medida busca agilizar las intervenciones ante posibles contingencias meteorológicas previstas para la temporada 2026-2027.
La decisión quedó establecida mediante el Decreto 2522, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, que determina las condiciones bajo las cuales los organismos provinciales podrán adquirir materiales, contratar servicios y avanzar con trabajos de infraestructura mediante mecanismos excepcionales.
La reglamentación corresponde a la Ley 9740, sancionada definitivamente por la Legislatura el pasado 21 de octubre, que declaró la emergencia por riesgo hidrometeorológico y climático en todo el territorio provincial por un período inicial de 180 días, con posibilidad de prorrogarla por otros seis meses.
La iniciativa fue impulsada por el Ejecutivo ante los escenarios climáticos asociados al ciclo de El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) 2026-2027, con el propósito de fortalecer las tareas preventivas y reducir los tiempos de respuesta frente a tormentas intensas, crecidas y otros fenómenos que puedan afectar la infraestructura y los servicios públicos.
Entre las facultades que contempla la legislación se encuentran la ejecución urgente de obras hidráulicas y de drenaje, intervenciones en cauces y canales, mantenimiento de caminos y ampliación de los sistemas de monitoreo preventivo. También autoriza herramientas extraordinarias para financiar las acciones necesarias durante la emergencia.
Cómo funcionará el nuevo régimen de contrataciones
Uno de los puntos centrales del decreto establece que las reparticiones provinciales podrán utilizar procedimientos especiales para seleccionar a las empresas y proveedores encargados de ejecutar los trabajos.
Para las contrataciones de menor monto, la reglamentación permite realizar adjudicaciones directas mediante una cotización simple, mientras que para las operaciones de mayor valor dispone que se procure la participación de al menos tres oferentes, siempre que las circunstancias de la emergencia lo permitan.
En aquellos casos en los que no sea posible reunir esa cantidad de propuestas, el organismo responsable deberá justificar expresamente los motivos.
La elección de los contratistas tendrá que considerar distintos aspectos, entre ellos la experiencia y capacidad para realizar los trabajos, la calidad de los bienes o servicios ofrecidos, los precios y los plazos de cumplimiento.
El decreto también establece que la adjudicación deberá realizarse mediante una decisión fundamentada que determine cuál es la oferta más conveniente para el interés público.
Por otra parte, el Ejecutivo dejó abierta la posibilidad de utilizar los mecanismos previstos en la Ley 8706 de Administración Financiera, cuando resulten compatibles con la emergencia y permitan otorgar mayor celeridad o transparencia a los procedimientos.
Qué obras podrán ejecutarse mediante procedimientos excepcionales
La reglamentación contempla un tratamiento diferenciado para aquellas intervenciones de menor envergadura que deban realizarse inmediatamente para evitar daños o restablecer el funcionamiento de la infraestructura.
Dentro de esta categoría se encuentran la limpieza de cauces, la eliminación de obstrucciones en drenajes y las reparaciones urgentes, entre otras tareas que requieran una respuesta rápida.
Estas actuaciones podrán quedar exceptuadas del régimen general de contratación, aunque deberán cumplir determinadas exigencias administrativas.
En particular, las reparticiones tendrán que dejar constancia de las convocatorias realizadas, las ofertas recibidas, su evaluación y la decisión final de adjudicación. Las adecuaciones a los procedimientos ordinarios deberán limitarse a lo estrictamente necesario para atender una urgencia debidamente acreditada.
La medida apunta a evitar que los tiempos habituales de contratación demoren intervenciones vinculadas con la prevención o atención de contingencias climáticas.
Los controles sobre las obras y los fondos públicos
Otro de los aspectos establecidos por el Ejecutivo está relacionado con la fiscalización de los trabajos y la utilización de los recursos destinados a la emergencia.
El decreto determina que la urgencia de las intervenciones no exime del cumplimiento de la legislación ambiental y territorial vigente.
En consecuencia, la autoridad ambiental competente tendrá que definir qué procedimientos de evaluación y control corresponden en cada caso, de acuerdo con las características del proyecto, su ubicación y los riesgos que presente.
Asimismo, los organismos responsables deberán supervisar la ejecución de las obras, verificar la recepción de los bienes y servicios contratados y conservar la documentación respaldatoria de los gastos realizados.
Esta información será utilizada para los mecanismos de control y rendición de cuentas establecidos en la normativa. La Ley 9740 también contempla la presentación de informes periódicos ante ambas cámaras de la Legislatura.
De acuerdo con lo aprobado, la autoridad de aplicación deberá remitir información trimestral dentro de los 30 días posteriores al cierre de cada período, además del informe final previsto por la legislación.
Los municipios podrán adherir a la reglamentación
El régimen aprobado por el gobernador también contempla la participación de las administraciones municipales y de otros organismos que integran el sector público provincial.
A través del artículo 7, el Ejecutivo invita a las comunas a adherir a las disposiciones establecidas para la emergencia, con el objetivo de extender la aplicación de los procedimientos a las intervenciones que correspondan dentro de sus competencias.
La norma fue firmada por Cornejo y los ministros Natalio Mema (Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial); Víctor Fayad (Hacienda y Finanzas) y Jimena Latorre (Energía y Ambiente).
El decreto de reglamentación