17 de noviembre de 2026 - 07:25

El Gobierno lanzó una licitación para digitalizar 30 millones de documentos públicos: cuánto costará

El Ejecutivo autorizó una inversión de más de $6.400 millones. El proyecto contempla tres etapas de ejecución durante 18 meses.

El Gobierno de Mendoza autorizó una licitación pública por más de $6.400 millones para digitalizar unos 30 millones de fojas que se encuentran en distintas dependencias del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial. El proyecto contempla también la incorporación de un sistema informático para administrar esa documentación.

La medida quedó formalizada mediante el Decreto 2398, fechado el 4 de noviembre y publicado este martes en el Boletín Oficial. La contratación tendrá un plazo estimado de ejecución de 18 meses y su financiamiento estará distribuido entre los ejercicios presupuestarios de 2026, 2027 y 2028.

Según establece la normativa, el objetivo es avanzar en la transformación digital de la administración pública provincial mediante la conversión de expedientes, legajos, libros y otros registros que actualmente se encuentran en formato papel.

Para concretar esta tarea, el Ejecutivo autorizó una inversión máxima de $6.420.732.000, destinada tanto al desarrollo de una plataforma de gestión documental como al servicio de digitalización de los archivos.

Cómo será la digitalización de los documentos

El decreto señala que el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial necesita digitalizar la totalidad de la documentación en papel existente en sus distintas dependencias, cuyo volumen fue estimado en aproximadamente 30 millones de fojas.

El procedimiento permitirá resguardar esos registros y facilitar su posterior archivo, además de incorporarlos a una plataforma informática diseñada para su búsqueda, clasificación y administración.

La contratación comprende el desarrollo, provisión y puesta en funcionamiento de un ecosistema de software especializado, denominado plataforma de gestión, junto con un servicio de digitalización documental identificado como PIDD.

El proyecto contempla dos modalidades de trabajo sobre los archivos físicos. Una corresponde a la digitalización de fondos documentales sin desarme, mientras que la otra comprende aquellos que requieren desarme para su procesamiento.

De acuerdo con lo establecido en el decreto, la ejecución estará dividida en tres etapas sucesivas, que se desarrollarán durante un período estimado de 18 meses.

La normativa no precisa qué dependencias comenzarán con el procedimiento ni cómo se distribuirá el volumen de documentación entre las distintas etapas.

Una inversión distribuida en tres años

El presupuesto autorizado para la contratación asciende a $6.420.732.000, cuyo financiamiento estará distribuido entre los ejercicios 2026, 2027 y 2028. Para este año, el Gobierno prevé destinar $300.000.400, mientras que la mayor parte de los recursos se concentrará en 2027, con una inversión estimada de $4.247.154.646. Finalmente, para 2028 se contempla una partida de $1.873.576.954.

La mayor parte del financiamiento se concentrará en 2027, cuando se prevé destinar aproximadamente $4.247 millones, equivalentes al 66% del presupuesto total autorizado.

El decreto también establece que la Tesorería General de la Provincia atenderá los gastos correspondientes a 2026, mientras que los desembolsos de los años siguientes se imputarán a las partidas presupuestarias de cada ejercicio.

Para autorizar esta modalidad, el Ejecutivo se amparó en el artículo 100, inciso b), de la Ley de Administración Financiera Nº 8706, que contempla excepciones para contrataciones que comprometen presupuestos futuros.

Los detalles de la licitación

Antes de autorizar el llamado, la Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes certificó que no existían ofertas activas correspondientes a los servicios requeridos por el Ministerio.

Con esa documentación, el Ejecutivo aprobó el pliego de condiciones particulares y técnicas, junto con la planilla de cotización que regirá el procedimiento.

Además, el decreto establece la conformación de una comisión de preadjudicación que estará integrada por Rodrigo Arturo Quinteros y Facundo Leandro Biffi, quienes tendrán intervención en el procedimiento de selección de ofertas.

También se designó una comisión de recepción de bienes y servicios, con Marina Maricruz Godoy Crotto y Gastón Gabriel Guimard como integrantes titulares, y Santiago Emilio Alcalino y Agustín Nicolás Piscopo como suplentes.

La disposición lleva las firmas del gobernador Alfredo Cornejo y de Jimena Latorre, quien figura a cargo del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial.

El decreto

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