Funcionarios nacionales y representantes de las universidades coincidieron en una propuesta económica, pero mantienen diferencias sobre la continuidad de la demanda judicial por la ley de financiamiento.
La discusión por el financiamiento universitario entró en una etapa clave.
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El Gobierno nacional y las universidades públicas mantuvieron este lunes una nueva reunión para intentar resolver el conflicto por el financiamiento universitario. Se trató de una negociación que mostró avances en materia económica, aunque continúa estancada por diferencias vinculadas a la estrategia judicial impulsada por los rectores.
Según reportó La Nación, ambas partes lograron acercar posiciones respecto de una propuesta presupuestaria, pero todavía no alcanzan un entendimiento sobre las condiciones necesarias para ponerla en marcha.
Durante las conversaciones, la administración nacional acercó una propuesta que contempla un incremento salarial cercano al 24%, compuesto por una actualización del 21,33% para junio y otro 3% previsto para octubre. Además, el esquema incluye $50.000 millones adicionales para hospitales universitarios, que se sumarían a los recursos ya contemplados para esas instituciones.
La propuesta también incorpora un 20% de aumento para gastos de funcionamiento y una actualización del 50% para las becas Manuel Belgrano, cuyos montos permanecen sin modificaciones desde 2024. De acuerdo con fuentes vinculadas a la negociación, el Ministerio de Economía habría autorizado una partida cercana a los $800.000 millones destinada al sector universitario.
Pese al acercamiento económico, el conflicto continúa debido a las diferencias sobre la demanda judicial presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para exigir el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario aprobada por el Congreso. Desde el Gobierno sostienen que cualquier acuerdo debe estar acompañado por el desistimiento de esa acción judicial.
Sin embargo, los rectores rechazan esa posibilidad y aseguran que no están dispuestos a abandonar el reclamo legal. Como alternativa, propusieron informar ante la Justicia que las partes se encuentran negociando una salida consensuada, aunque sin retirar la demanda actualmente en trámite.
Cabe mencionar que por parte del Gobierno participó Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias y responsable de la administración de los fondos destinados al sistema universitario nacional. En representación de las universidades asistieron Franco Bartolacci, presidente del CIN, y Anselmo Torres, vicepresidente del organismo.
Ambos sectores destacaron la voluntad de diálogo y coincidieron en la necesidad de mantener abiertas las negociaciones.
El conflicto tiene como eje la ley de financiamiento universitario sancionada por el Congreso e impulsada por las universidades nacionales. El Gobierno sostiene que la norma presenta objeciones legales vinculadas a la identificación de las fuentes de financiamiento necesarias para su implementación.
Por ese motivo, los abogados del Estado y los representantes legales del CIN continúan analizando alternativas jurídicas que permitan avanzar hacia un entendimiento. Aunque las conversaciones continúan abiertas, las diferencias respecto de la demanda judicial siguen siendo el principal escollo para alcanzar un acuerdo definitivo.
Desde las universidades remarcan que valoran la predisposición oficial para mejorar la oferta presupuestaria, pero consideran necesario mantener mecanismos institucionales que garanticen el cumplimiento de los compromisos asumidos.
Mientras tanto, el expediente continúa en la órbita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que deberá pronunciarse sobre el conflicto judicial sin un plazo determinado para hacerlo.