El Gobierno logró financiamiento internacional para desarrollar el plan provincial de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU)
Mendoza logró financiamiento internacional para desarrollar el plan provincial GIRSU. Imagen ilustrativa.
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Prensa Gobierno
El Gobierno provincial aprobó un convenio de cooperación técnica no reembolsable por hasta US$ 700.000 del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), destinado a financiar el diseño del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) para Mendoza .
La medida quedó formalizada mediante el Decreto 2294, firmado por el gobernador Alfredo Cornejo, la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, y el ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad.
La norma fue publicada este martes en el Boletín Oficial y habilita la entrada en vigencia del acuerdo suscripto entre el organismo internacional y la cartera ambiental.
Según los fundamentos del decreto, la cooperación permitirá avanzar en la planificación provincial de la gestión de residuos sólidos urbanos, mediante un esquema que contempla un sistema de gestión público-privada, estudios transversales y la elaboración de análisis de prefactibilidad y factibilidad para obras consideradas prioritarias.
El financiamiento llega en medio de la implementación de la Ley 9659 de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), que establece que los 18 municipios de Mendoza deben elaborar sus propios planes para mejorar el tratamiento de los residuos, promover el reciclaje y avanzar en la erradicación de los basurales a cielo abierto.
En ese proceso, el Ministerio de Energía y Ambiente trabaja en paralelo con las comunas para coordinar los proyectos municipales y la planificación provincial.
El primero en aprobar su plan GIRSU departamental fue Godoy Cruz en julio pasado, mientras el resto de las comunas del área metropolitana avanzan con sus estudios. El objetivo del Gobierno es llegar a marzo de 2027 con los planes municipales aprobados para avanzar con el provincial en conjunto.
El director de Gestión y Fiscalización Ambiental, Leonardo Fernández, explicó que "estos fondos vienen a potenciar justamente todo el trabajo que ya venimos realizando de forma conjunta con cada uno de los municipios de Mendoza en la construcción del Plan Provincial de Residuos Sólidos Urbanos".
"No empezamos de cero: ya hay un recorrido y un avance importante con los distintos gobiernos locales, y este financiamiento nos permite dar un paso más", sostuvo el funcionario.
“Además, nos permitirá seguir fortaleciendo el relevamiento integral que estamos llevando adelante todo el territorio provincial, que permitirá tener el detalle de toda la infraestructura y las herramientas con las que hoy contamos para la gestión de residuos", agregó.
Y aseguró que "con esa información completa y actualizada, realizaremos los estudios técnicos necesarios para evaluar y definir la ejecución de nueva infraestructura pendiente en toda la provincia”.
El convenio establece tres líneas de financiamiento. La principal, con una asignación de US$ 400.000, estará destinada al diagnóstico y la elaboración del Plan Provincial de Residuos Sólidos Urbanos de Mendoza.
En tanto, otros US$ 150.000 se utilizarán para el proceso de priorización de proyectos y el desarrollo de estudios transversales vinculados con la cartera de obras de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU).
Los US$ 150.000 restantes financiarán estudios de prefactibilidad y factibilidad de las obras que sean priorizadas en ese proceso.
De esta manera, el acuerdo no contempla directamente la ejecución de infraestructura ni la compra de equipamiento, sino los estudios técnicos necesarios para planificar las intervenciones y determinar su viabilidad.
Uno de los principales objetivos de la Ley GIRSU es dejar atrás los basurales a cielo abierto y avanzar hacia un modelo que contemple todo el circuito de los residuos, desde la separación en origen hasta su disposición final.
Esto implica no solamente cerrar los espacios de acumulación de basura, sino también fortalecer la recolección diferenciada, la educación ambiental, la recuperación de materiales y la economía circular.
En la provincia funcionan actualmente tres centros de disposición final habilitados: El Borbollón, en Las Heras; Coines, en la zona Este; y Coince, en el Valle de Uco. En tanto, General Alvear y Malargüe buscaban avanzar con la aprobación de sus propios espacios.
La normativa también incorpora la inclusión de los recuperadores urbanos y promueve que los materiales reciclables vuelvan al circuito productivo mediante procesos de valorización.
El Ministerio de Energía y Ambiente tendrá un doble rol como beneficiario y organismo ejecutor del convenio. El BCIE, por su parte, brindará asistencia en la gestión de las adquisiciones y los contratos, que estarán a cargo del banco en cuanto a su suscripción, administración, pago y liquidación.
Entre las obligaciones que asumirá la cartera que conduce Latorre figura la supervisión y aprobación de los productos entregados. También deberá aportar, con recursos propios o de otras fuentes, la diferencia que pudiera existir entre el monto de la cooperación y el costo total de los contratos.
El convenio establece un plazo de hasta 24 meses para el desembolso de los recursos y de hasta 18 meses para la ejecución de los estudios. Ambos períodos comenzarán a contabilizarse desde la primera orden de inicio de los contratos de adquisición.
La asistencia técnica había sido autorizada por el BCIE mediante la Resolución PRE-50/2026, del 30 de junio pasado, con cargo al Fondo de Preparación de Proyectos de Inversión en Cambio Climático.
Posteriormente, el Ministerio de Energía y Ambiente aprobó el modelo de convenio mediante la Resolución 199-EyA-2026, del 30 de septiembre. El acuerdo fue firmado por el representante del banco el 27 de agosto y por Latorre, mediante firma digital, el 1 de septiembre.
Con la publicación del Decreto 2294, el Gobierno provincial completó el trámite de aprobación necesario para poner en vigencia la cooperación internacional.
