El Senado le dio sanción definitiva al proyecto de ley que impulsó el Poder Ejecutivo para modificar el régimen disciplinario en el Estado provincial.
Molinetes de control de trabajadores del Estado provincial
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Archivo Los Andes
El Senado convirtió en ley la reforma del Régimen General Disciplinario de la Administración Pública Provincial, una iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo que busca modernizar los procedimientos administrativos, reducir los tiempos de resolución de los sumarios y fortalecer las herramientas de investigación del Estado.
La propuesta contempla la derogación de la Ley 9.103 y establece nuevas disposiciones para mejorar el funcionamiento de la Oficina General de Sumarios, incorporar recursos tecnológicos y optimizar la distribución de competencias entre los organismos de la Administración Pública.
Sometida a votación en el recinto, la iniciativa obtuvo 23 votos afirmativos, 11 negativos y una abstención, correspondiente al senador Martín Rostand (PRO), que fue el único opositor que no votó en contra.
Presentaron su rechazo los senadores de los bloques Encuentro Mendocino (PJ + LUM), Frente Patria, PD y Partido Verde, pero los votos de Cambia Mendoza y sus aliados de La Libertad Avanza alcanzaron la mayoría para aprobar la ley.
Entre los cuestionamientos planteados se mencionaron posibles afectaciones a los trabajadores estatales, la necesidad de discutir algunos aspectos de la normativa en el ámbito paritario y las objeciones formuladas por representantes sindicales, quienes anticiparon la posibilidad de recurrir a la Justicia para solicitar su inconstitucionalidad.
De esta manera, al contar previamente con la aprobación de la Cámara de Diputados, la iniciativa fue remitida al Poder Ejecutivo para su promulgación.
Durante el tratamiento, el senador oficialista Gustavo Soto explicó los principales alcances de la reforma y defendió la necesidad de acelerar los procedimientos administrativos para evitar que las investigaciones permanezcan abiertas durante años sin una resolución definitiva.
En ese sentido, señaló que, de acuerdo con los datos expuestos durante el debate, solo uno de cada cuatro hechos que se tramitan en la Oficina General de Sumarios corresponde a situaciones ocurridas durante 2025, mientras que el resto pertenece a períodos anteriores.
El legislador advirtió que estas demoras afectan tanto al funcionamiento de la Administración Pública como a los agentes involucrados, que permanecen durante largos períodos sujetos a investigaciones sin conocer una decisión definitiva.
Otro de los cambios destacados por Soto es la posibilidad de que la Oficina General de Sumarios actúe de oficio cuando tome conocimiento de posibles irregularidades, sin depender necesariamente de una comunicación formal de la repartición en la que se hayan producido los hechos.
Además, remarcó la incorporación de herramientas digitales para agilizar las actuaciones y garantizar que las comunicaciones queden debidamente registradas, con resguardo del debido proceso y el derecho de defensa de los trabajadores estatales.
Uno de los ejes centrales de la reforma es la modernización de la Oficina General de Sumarios, mediante la incorporación de citaciones y notificaciones electrónicas, audiencias virtuales y el uso de plataformas como Mendoza por Mí (MxM), el correo electrónico y otros recursos digitales.
La intención es simplificar las actuaciones, facilitar el acceso a la información y evitar instancias administrativas innecesarias que prolonguen la resolución de los expedientes.
La nueva normativa también fortalece las facultades del organismo, que podrá iniciar de oficio informaciones sumarias cuando tome conocimiento de hechos que pudieran constituir faltas disciplinarias. Contará con autonomía técnica y funcional para desarrollar investigaciones, producir y valorar pruebas y elaborar dictámenes bajo criterios de objetividad e imparcialidad.
Otro aspecto relevante es la redistribución de las competencias disciplinarias. Las faltas de menor entidad podrán ser investigadas y resueltas directamente por las reparticiones de origen, dentro de los límites establecidos por la normativa y con respeto por las garantías de defensa.
De esta manera, se busca que la Oficina General de Sumarios concentre sus recursos en los casos de mayor gravedad o complejidad.
La reforma también incorpora mecanismos para mejorar el control de la asistencia de los agentes estatales. Cada jurisdicción, organismo o dependencia deberá designar un responsable Administrativo de Presentismo, encargado de supervisar los registros de asistencia y comunicar de manera inmediata a las áreas de Recursos Humanos aquellas situaciones que pudieran configurar causales de cesantía por inasistencias injustificadas.
Durante el análisis del proyecto se indicó que el ausentismo injustificado representa alrededor del 40% de los sumarios que tramita actualmente el organismo.
En cuanto al régimen sancionatorio, la iniciativa mantiene las sanciones de apercibimiento, suspensión de hasta 30 días corridos, cesantía y exoneración. También establece las autoridades competentes para aplicarlas de acuerdo con la gravedad de cada situación.
Como regla general, las suspensiones superiores a 15 días, la cesantía y la exoneración requerirán la instrucción previa de un sumario administrativo. Sin embargo, se contemplan excepciones para determinadas causales objetivas de cesantía, que tendrán un procedimiento especial.
El texto también incorpora mecanismos alternativos para concluir determinados procedimientos cuando las características y la gravedad del caso lo permitan. Estas vías deberán respetar los principios de legalidad, razonabilidad, proporcionalidad y debido proceso, y requerirán el consentimiento expreso del agente involucrado y la conformidad de la autoridad competente.
Además, la normativa contempla modificaciones vinculadas con las causales objetivas de cesantía, entre ellas las inasistencias injustificadas reiteradas, el abandono del servicio y la acumulación de determinadas sanciones disciplinarias. También incorpora previsiones relacionadas con condenas judiciales firmes por determinados delitos y conductas que ocasionen perjuicios al Estado.
Desde el oficialismo sostuvieron que estos cambios permitirán diferenciar la gravedad de las conductas investigadas y distribuir los recursos administrativos de acuerdo con las características de cada caso.
La reforma también regula la acumulación de expedientes relacionados entre sí y simplifica la tramitación de las actuaciones para evitar duplicaciones y reducir los costos administrativos.
La incorporación de herramientas digitales apunta a agilizar las comunicaciones, facilitar la realización de audiencias y mejorar el seguimiento de las investigaciones.
No obstante, los fundamentos de la iniciativa remarcan que la celeridad no debe entenderse únicamente como la aplicación más rápida de sanciones, sino también como la posibilidad de determinar oportunamente si existió responsabilidad disciplinaria.
En definitiva, el nuevo régimen busca fortalecer la capacidad de respuesta de la Administración Pública Provincial y garantizar que los procedimientos concluyan dentro de plazos razonables, con respeto por el derecho de defensa y las garantías de los agentes involucrados.
