El diputado provincial Lucas Ilardo (Fuerza Patria) denunció a la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, en tres órganos de control.
La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, en la Legislatura provincial
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Prensa Diputados
El diputado provincial Lucas Ilardo (Fuerza Patria) denunció este lunes a la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, ante la Fiscalía de Estado, el Tribunal de Cuentas y la Oficina de Ética Pública de Mendoza por presuntas irregularidades en el uso del Fideicomiso de Actividades Hidrocarburíferas para financiar una maestría privada de la funcionaria.
Las presentaciones apuntan al pago de $13.643.838 para cursar la Maestría en Economía Medioambiental (MECOM) en la Universidad Francisco Marroquín. Ilardo cuestionó la legalidad y la justificación de la erogación, además de advertir sobre posibles inconsistencias en la documentación administrativa y contable.
En paralelo, el bloque de Fuerza Patria presentó un proyecto de resolución para que la ministra comparezca ante la Cámara de Diputados y brinde explicaciones sobre el procedimiento. La iniciativa deberá ser tratada en la sesión prevista para este miércoles 28 de octubre.
La ministra sostuvo a Los Andes la semana pasada que "no hay nada oculto" y defendió el financiamiento de la maestría, al sostener que los fondos "no salieron del Presupuesto", sino del fideicomiso constituido por aportes de empresas petroleras que van destinados al "fortalecimiento institucional" como la capacitación de personal.
Los cuestionamientos se dirigen en parte, a su rol como ministra política, a diferencia de los empleados de planta estatal.
En la presentación ante la Fiscalía de Estado, el legislador solicitó un control de juridicidad para determinar si el destino de los recursos se ajustó a las leyes provinciales 8393 y 9137, que regulan aspectos vinculados con el fideicomiso y la actividad hidrocarburífera.
Uno de los principales cuestionamientos se centra en que la formación académica financiada constituye un beneficio personal para quien cursa el posgrado. Por eso, Ilardo pidió establecer si el gasto respondió a una necesidad institucional prevista en la normativa o si se trató de un beneficio particular sin sustento legal.
Además, advirtió sobre posibles inconsistencias temporales en el expediente. Según la denuncia, las firmas digitales que autorizaron el reintegro en dólares presentan fechas de febrero de 2026 posteriores a la emisión de la orden de pago.
Ante el Tribunal de Cuentas, el diputado solicitó una auditoría especial sobre el fideicomiso, administrado por Mendoza Fiduciaria S.A. El pedido incluye revisar los comprobantes, las rendiciones y el uso de tarjetas corporativas vinculadas al patrimonio fiduciario.
Otro de los puntos observados por el legislador es que la ministra figura registrada como “proveedora” y con una “Factura X” en los sistemas oficiales de liquidación contable.
En ese sentido, Ilardo requirió verificar la autenticidad y legitimidad de la documentación, además de cotejar las diferencias que, según su planteo, existirían entre las cuotas aprobadas y los montos reintegrados en moneda extranjera.
Por su parte, la presentación ante la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública apunta a determinar si hubo incumplimientos de la Ley 8993, vinculada con los deberes de probidad, los posibles conflictos de intereses y la obligación de excusarse ante determinadas situaciones.
En particular, el legislador pidió examinar la participación de los funcionarios del Comité Ejecutivo que firmaron las actas de autorización, teniendo en cuenta que se encuentran bajo la estructura jerárquica del ministerio que conduce Latorre.
También solicitó evaluar la imparcialidad en la asignación de recursos provenientes de aportes obligatorios de empresas petroleras, que son fiscalizadas y reguladas por la cartera de Energía y Ambiente.
Además de las denuncias administrativas, el bloque de Fuerza Patria ingresó un proyecto de resolución para citar a la ministra a la Cámara de Diputados, en los términos del artículo 94 de la Constitución provincial.
La iniciativa contempla un temario de nueve puntos para que la funcionaria informe sobre el marco contractual y normativo del fideicomiso, las conversiones de divisas aplicadas al pago y las eventuales garantías de devolución o transferencia de conocimientos a favor del Estado.
El objetivo del pedido es que la ministra explique los fundamentos de la decisión y las condiciones bajo las cuales se autorizó el financiamiento de la maestría.
Con los expedientes presentados ante los tres organismos de control, la discusión también llegará al ámbito legislativo. La Cámara deberá resolver si aprueba la citación de Latorre para que responda las preguntas planteadas por la oposición.
La ministra ya había defendido públicamente el uso de los recursos del Fideicomiso de Actividades Hidrocarburíferas y rechazado que se tratara de fondos del presupuesto general de la Provincia.
En declaraciones a Los Andes, Latorre explicó que el fideicomiso se financia con aportes de empresas del sector y tiene una finalidad específica vinculada con el fortalecimiento institucional. Según sostuvo, ese objetivo contempla gastos de capacitación, formación, consultoría y adquisición de herramientas para mejorar la gestión.
“Particularmente, esta maestría no se pagó con presupuesto del Ministerio, ni con presupuesto de la provincia, sino con un fondo que tiene una afectación específica, que es un fideicomiso que se fondea con aportes de las empresas. Porque un fideicomiso es un patrimonio de afectación específica”, afirmó.
En esa línea, defendió la elección del posgrado en la Universidad Francisco Marroquín y señaló que buscó una formación que combinara economía y gestión de los recursos naturales, una perspectiva que, según indicó, no encontró en otras propuestas académicas nacionales.
La funcionaria también respondió a los cuestionamientos de Ilardo sobre la transparencia del procedimiento. “La verdad que para hacer una denuncia habría que encontrar algo que estuviera oculto. En este caso no hay nada que esté oculto porque el fideicomiso lo administra Mendoza Fiduciaria, es decir, Mendoza Fiduciaria está auditada por el Tribunal de Cuentas”, sostuvo.
