La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti presentó una iniciativa en el Congreso para evitar la pérdida de beneficios sociales de trabajadores rurales
Trabajadores rurales en Mendoza. Imagen ilustrativa/Archivo
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La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti (Fuerza Patria) presentó en el Congreso de la Nación un proyecto de ley para establecer un régimen de compatibilidad entre la protección social y el trabajo agrario formal, con el objetivo de evitar que los trabajadores rurales pierdan beneficios sociales al acceder a empleos registrados durante las temporadas de cosecha.
La iniciativa alcanza a los trabajadores contratados bajo las modalidades de trabajo temporario previstas en la Ley 26.727, a quienes se encuentran comprendidos en el artículo 96 de la Ley de Contrato de Trabajo y a los contratistas de viñas y frutales regulados por la Ley 20.589.
El proyecto fue presentado luego del vencimiento del Decreto 514/2021, cuya vigencia había sido prorrogada mediante el Decreto 777/2025. Esa normativa establecía de manera provisoria un esquema de compatibilidad entre el trabajo registrado y determinadas prestaciones de la seguridad social.
Según planteó la senadora kirchnerista, el fin de ese régimen generó incertidumbre entre trabajadores y productores de cara al inicio de los nuevos ciclos agrícolas y puso en riesgo la continuidad de un esquema que buscaba facilitar la registración laboral sin que eso significara perder automáticamente los beneficios sociales.
La propuesta establece que la registración laboral no provocará la suspensión ni la pérdida de prestaciones de la seguridad social, ni tampoco de programas nacionales vinculados con el empleo, la capacitación y la inclusión socio-productiva.
Entre los programas alcanzados se encuentran Tarjeta Alimentar, Volver al Trabajo y Acompañamiento Social, según establece la iniciativa.
Además, el proyecto incorpora una serie de condiciones específicas para los trabajadores rurales.
Uno de los puntos centrales es que, durante el período en que el trabajador se encuentre empleado formalmente, el monto de las asignaciones familiares no podrá ser inferior al 100% de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la asignación por hijo con discapacidad o la asignación por embarazo.
En caso de que el monto contributivo correspondiente al trabajador sea inferior a ese valor, se prevé el pago de un adicional contributivo para alcanzar el piso establecido.
La iniciativa también busca evitar que los trabajadores temporarios queden fuera del sistema durante el período posterior a la cosecha.
Para eso establece que, una vez finalizado el ciclo de cosecha o la relación laboral estacional, el trabajador pueda reingresar de manera automática e ininterrumpida al régimen no contributivo de asignaciones, sin tener que atravesar nuevamente períodos de carencia o trámites administrativos.
Otro de los puntos incluidos en el proyecto apunta a preservar el salario de los trabajadores.
La propuesta establece expresamente que los beneficios de la protección social no podrán ser considerados como parte del salario ni utilizarse para compensar las obligaciones laborales del empleador.
De esta manera, las prestaciones sociales quedarían diferenciadas de la remuneración que corresponde por el trabajo realizado.
El régimen propuesto contempla a trabajadores cuyos ingresos no superen el equivalente a cuatro Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).
A su vez, establece un criterio diferencial para las provincias patagónicas y zonas desfavorables, donde el tope se incrementaría en un 20%.
Para determinar ese límite de ingresos, el proyecto propone excluir determinados conceptos, entre ellos horas extras, premios, el Sueldo Anual Complementario (SAC), adicionales por zona desfavorable y la participación en los frutos de los contratistas.
