Fue por la falta de impulso de la demanda contra la normativa que establece el sueldo del gobernador como techo para la administración pública de Mendoza.
Ampros llevó la demanda contra el tope de salarios a la Corte Suprema de la Nación.
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El juicio de Ampros contra el tope de salarios fijado en 2014 en Mendoza por ley caducó en el ámbito de la Corte Suprema de la Nación, por lo cual se confirmó que la pirámide de sueldos de la administración pública provincial seguirá liderada por la remuneración del gobernador, más allá de las excepciones establecidas en la propia norma y en decretos posteriores.
Hace 12 años se promulgó la ley 8727, conocida como la ley de tope salarial, que fijó como máximo remunerativo para funcionarios, empleados y contratados del Estado una cifra equivalente a la retribución del gobernador.
Esta normativa, aplicada a los ámbitos del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pretendía limitar las remuneraciones en la administración pública central provincial, abarcando además reparticiones centralizadas, descentralizadas, autárquicas, cuentas especiales y sociedades estatales.
Ante la instauración de este tope, Ampros decidió impugnar la norma a través de una acción de inconstitucionalidad. Sin embargo, la sala primera de la Suprema Corte de Mendoza, integrada por los ministros Julio Gómez, Pedro Llorente y José Valerio, rechazó la impugnación mediante sentencia emitida el 3 de mayo de 2023, ratificando la constitucionalidad de la ley.
No satisfechos con esta resolución, Ampros interpuso un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de la Nación. Aunque el recurso fue formalmente admitido en parte, la falta de impulso por parte de la organización en avanzar con el expediente propició que la Asesoría de Gobierno y la Fiscalía de Estado solicitaran la declaración de caducidad del mismo.
Finalmente, ayer, 3 de abril de 2025, la Corte Nacional hizo lugar a dicha solicitud, poniendo fin a la discusión judicial sobre el tope salarial y agotando todas las instancias legales para Ampros.
Desde la entidad gremial que conduce Claudia Iturbe analizarán con sus representantes legales, los pasos a seguir tras este revés judicial, informaron a Los Andes.
Hay que recordar que la ley fijaba en su artículo 3 las excepciones de la ley, que alcanzaba a los siguientes funcionarios de rango constitucional: magistrados, Fiscal de Estado, Asesor de Gobierno, Presidente y Vocales del Tribunal de Cuentas, Contador y Tesorero de la Provincia.
En 2023, a través de dos decretos que la Legislatura provincial ratificó, se ampliaron las excepciones a distintos profesionales, entre ellos, médicos que representan un "recurso humano crítico" en efectores de salud.
También está exceptuado del tope el director del Registro Provincial de Huellas Genéticas, Miguel Marino.