El especialista Aníbal Lazzaroni expuso en "Encendidos" que Mendoza invertirá más de $6.000 millones en inhibidores inteligentes para bloquear las señales de celulares en Almafuerte I y II y combatir las estafas y ciberdelitos originados desde las cárceles.
Anibal Lazzaroni habló en Aconcagua Radio sobre el avance de la provincia en una nueva estrategia para combatir las estafas y la ciberdelincuencia originadas desde las cárceles con una inversión de $6.000 millones en inhibidores inteligentes para los complejos penitenciarios Almafuerte I y II.
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Prensa gobierno de Mendoza
Anibal Lazzaroni, profesor de investigación criminal y especialista en ciberdelitos habló en "Encendidos", programa de Aconcagua Radio sobre el avance de Mendoza en una nueva estrategia para combatir las estafas y la ciberdelincuencia originadas desde las cárceles con una inversión de $6.000 millones en inhibidores inteligentes para los complejos penitenciarios Almafuerte I y II.
Mendoza destinará más de $6.000 millones para inhibir señales en los penales de Almafuerte, en un intento por frenar los ciberdelitos que se ejecutan desde el encierro. Aníbal Lazzaroni analizó la viabilidad del proyecto y advirtió sobre los riesgos del factor humano. Además, señaló que la medida es solo un paliativo ante el colapso del sistema penitenciario argentino.
La provincia de Mendoza encaró un proceso clave en materia de seguridad pública al lanzar la licitación para instalar un sistema fijo de inhibición y bloqueo inteligente de señales de telefonía celular en los complejos penitenciarios Almafuerte I y Almafuerte II, ubicados en la zona de Cacheuta. Con una inversión estimada en torno a los $6.000 millones a $6.300 millones de pesos, la iniciativa busca cortar de raíz la conectividad no autorizada de los reclusos.
La problemática cobró urgencia pública tras repetidos episodios de estafas virtuales, extorsiones y hasta transmisiones en vivo a través de redes sociales realizadas por internos. Aníbal Lazzaroni, desmenuzó los alcances técnicos de la medida y valoró el esfuerzo presupuestario, pero advirtió sobre las limitaciones estructurales que condicionan su éxito.
"Hoy por hoy, el tema de las señales de celulares es un inconveniente en todas las cárceles donde no hay un estricto control. El elemento de la señal que permite conectar es extremadamente peligroso", sostuvo Lazzaroni.
La presencia de teléfonos móviles en los pabellones ha dejado de ser una mera falta disciplinaria para convertirse en una plataforma operativa del crimen organizado y la delincuencia tecnológica. Según detalló el especialista, "la falta de control sobre el espectro virtual permite que desde una celda se configuren diversos delitos informáticos y complejos".
Entre las modalidades delictivas detectadas en las unidades carcelarias se destacan:
En el caso mendocino, el detonante mediático y político ocurrió cuando reclusos aparecieron conectados en transmisiones en vivo de conocidos influencers en Instagram. Este hecho expuso con contundencia la permeabilidad de los controles y aceleró la decisión oficial de avanzar en el blindaje de las comunicaciones.
Frente a la inquietud sobre si bloquear llamadas e internet en un penal resulta complejo o costoso, Lazzaroni aclaró que la tecnología de inhibición existe y se aplica desde hace décadas. Recordó que en la década de 1990, como oficial de policía de investigaciones, le tocó intervenir en la detención de bandas de piratas del asfalto que utilizaban inhibidores para neutralizar el rastreo de camiones, y citó los bloqueos de frecuencia habituales en visitas presidenciales e internacionales, como la Cumbre de Presidentes de 2010 donde conoció a Lula da Silva.
“No es costoso en comparación con los beneficios, pero sí requiere equipos de alta tecnología que permitan bloquear todas las bandas del espectro virtual”, explicó el especialista. No obstante, remarcó que el diseño debe adaptarse de forma quirúrgica a la arquitectura de cada penal.
Desde la perspectiva técnica y operativa, la viabilidad de los inhibidores depende del entorno de cada complejo: mientras que en penales situados en centros urbanos altamente poblados (como Devoto en CABA) el bloqueo resulta sumamente complejo, mientras que en complejos alejados como Almafuerte la medida es plenamente viable, permitiendo blindar de forma selectiva únicamente los pabellones o "hilos de celdas" sin paralizar todo el predio. Además, el sistema ofrece la flexibilidad de liberar frecuencias específicas de seguridad para el personal penitenciario en emergencias, aunque exige mantener en paralelo una red de telefonía fija por cable institucional para garantizar las comunicaciones operativas.
El inhibidor de señal lo que hace es bloquear todo tipo de señal de transmisión o recepción de celular. Esto permite que no tengas fuga de transmisión desde una habitación o un complejo. Pero el sistema tiene que estar armado a medida del diseño arquitectónico de la unidad", precisó Lazzaroni.
Uno de los puntos más enfáticos de la exposición de Lazzaroni fue que la adquisición del hardware no resuelve por sí sola la inseguridad. A su criterio, la tecnología es comparable a una computadora de última generación: de nada sirve sin el software adecuado y una metodología estricta de aplicación.
El especialista advirtió sobre la existencia de dinámicas informales y brechas de corrupción dentro de las instituciones carcelarias, donde el acceso a la conectividad suele funcionar como un negocio o un privilegio negociado.
"Internamente hay una cantidad de derechos adquiridos dentro de la población carcelaria que se toman como cotidianos. La posibilidad de comunicarse hacia afuera tiene que estar bien regulada porque, si no, permite la corrupción interna", aseveró el docente de investigación criminal.
Lazzaroni remarcó que si no existen protocolos transparentes y controles cruzados, se corre el riesgo de que el sistema se apague de manera intencional o se generen "zonas liberadas" de señal a cambio del cobro de cuotas a los internos: "Todos los sectores tienen que estar bloqueados. No puede existir la posibilidad de que haya sectores donde un interno tenga determinada señal, porque allí habrá una ventaja de unos sobre otros", enfatizó.
Más allá de la eficacia que pueda alcanzar la licitación en Almafuerte, Lazzaroni situó la problemática en un diagnóstico macro mucho más severo: el déficit estructural de infraestructura penitenciaria en toda la República Argentina.
El especialista señaló que ingresar un teléfono móvil a un penal es un trámite sencillo cuando existe sobrepoblación, hacinamiento y fallas de control. Recordó que el país atraviesa una parálisis en materia de desarrollo de cárceles desde hace más de cuatro décadas, mientras que la población general se ha duplicado y los índices delictivos han aumentado significativamente sin políticas públicas de prevención social del delito.
Para comprender la magnitud del colapso, el analista brindó cifras e indicadores alarmantes sobre la capacidad del sistema nacional:
"Muchas veces cuando decimos 'entran por una puerta y salen por la otra', no es que la justicia a veces no tenga ganas de detener a una persona, es que no tenemos el lugar para detenerlo. Al no haber cupo, tenés saturados los lugares de detención transitoria como una comisaría o alcaidía y no entra la gente en el sistema penitenciario", explicó el especialista.
La decisión de Mendoza de invertir $6.000 millones en inhibidores inteligentes para Almafuerte I y II representa un paso indispensable e ineludible en la lucha contra la ciberdelincuencia gestada desde el encierro. La tecnología adecuada promete blindar el espacio radioeléctrico y neutralizar las estafas que afectan diariamente a miles de ciudadanos.
Sin embargo, como concluyó Aníbal Lazzaroni, el éxito de la medida no dependerá únicamente de la potencia de los equipos ni del monto licitado. Exigirá una supervisión intachable que erradique la complicidad interna, una clara delimitación técnica que no afecte a las comunidades vecinas y, sobre todo, una política pública de largo plazo que enfrente la crisis estructural de superpoblación y obsolescencia que afecta a las cárceles del país.
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