El problema aparece cuando esa facilidad se convierte en una herramienta para sostener el consumo habitual.
El proyecto sostiene que más de seis millones de personas en Argentina mantienen deudas con billeteras virtuales con una mora de 90 días o más. También cita una mora del 12,8% en el sistema bancario y una irregularidad cercana al 28,7% entre proveedores no financieros. Esos datos son utilizados como referencia nacional para justificar la necesidad de contar con información específica de San Martín.
El escenario general confirma que las billeteras y cuentas de pago dejaron de ser un fenómeno marginal. El Banco Central informó que durante 2025 las transferencias electrónicas representaron el 65,6% del total de operaciones del sistema nacional de pagos y que más del 61% de las transferencias inmediatas se realizaron desde o hacia una CVU.
La tendencia continuó durante 2026. En mayo se registraron 759,9 millones de transferencias inmediatas en pesos y el 76,6% tuvo como origen o destino una CVU. Además, los pagos con transferencia mediante QR alcanzaron 102,5 millones de operaciones en un solo mes.
Es decir: la economía digital ya está instalada en la vida cotidiana. El proyecto sanmartiniano intenta ahora conocer qué parte de ese fenómeno ocurre dentro del territorio departamental.
Qué se puede hacer en el municipio
La iniciativa tiene dos componentes.
El primero es declarar la emergencia por endeudamiento familiar durante dos años. El objetivo, según el texto, es permitir la adopción de medidas extraordinarias para prevenir las consecuencias económicas derivadas del sobreendeudamiento de los hogares.
El segundo consiste en crear un Régimen Municipal de Relevamiento y Adecuación Tributaria de Prestadores de Servicios de Pago y Actividades Financieras Digitales.
El municipio debería identificar a los proveedores de servicios de pago, empresas que administren billeteras virtuales o cuentas de pago, procesadores e intermediarios de pagos, entidades financieras, fintech y otras personas o empresas que desarrollen actividades relacionadas con servicios de pago dentro de San Martín.
El relevamiento buscaría determinar qué actividad desarrolla cada empresa, si tiene oficinas, locales, terminales u otros elementos vinculados con su actividad en el departamento y, fundamentalmente, cuál es su situación frente a los tributos municipales.
La propuesta no crea en esta instancia un nuevo impuesto a las billeteras virtuales.
El texto establece que, terminado el relevamiento, el Ejecutivo deberá determinar si esas actividades ya están alcanzadas por los tributos existentes, si deben ser correctamente inscriptas o encuadradas o si, eventualmente, resulta necesario modificar la ordenanza tarifaria.
Si se detectaran actividades que no están contempladas adecuadamente, el Ejecutivo debería elevar al Concejo un informe y, eventualmente, una propuesta de adecuación normativa dentro de los 180 días posteriores al relevamiento.
Una aclaración central: no se cobrará al usuario
Uno de los puntos más importantes del proyecto aparece en el artículo 8.
La iniciativa establece expresamente que no se aplicará ningún gravamen, tasa, derecho, percepción, retención ni cargo adicional a los usuarios de billeteras virtuales, cuentas de pago o medios de pago digitales por las operaciones que realicen.
Cualquier eventual adecuación tributaria debería recaer sobre los sujetos que correspondan según la normativa municipal que eventualmente se sancione.
La precisión no es menor. En un contexto donde el uso de medios digitales forma parte de las operaciones diarias de comercios, trabajadores y consumidores, cualquier discusión sobre nuevos tributos podría repercutir directamente sobre los costos de las transacciones.
El proyecto intenta anticiparse a esa discusión dejando establecido que el usuario no será el sujeto alcanzado.
El límite: el Municipio no puede regular el sistema financiero
La iniciativa también reconoce un límite institucional.
San Martín no pretende regular bancos, fintech ni medios de pago en aquello que corresponde al Estado nacional. El propio proyecto establece que las actuaciones municipales deberán restringirse a las competencias administrativas, fiscales y tributarias propias del Municipio.
Ese punto resulta particularmente relevante porque la regulación de las entidades financieras y de los proveedores de servicios de pago corresponde al ámbito nacional, fundamentalmente a través del Banco Central.
El organismo viene registrando el crecimiento acelerado de los pagos digitales. En mayo de 2026 contabilizó 90 billeteras digitales interoperables y 63 aceptadores de pagos con transferencia registrados.
Por eso, la propuesta local no busca intervenir sobre cómo funcionan esas plataformas, sino conocer cuáles desarrollan actividad con vinculación territorial con San Martín y cuál es su situación tributaria municipal.
El problema detrás de los números
La discusión, sin embargo, va más allá de la recaudación.
El propio proyecto plantea que el sobreendeudamiento puede terminar afectando el consumo, la actividad comercial y la capacidad de pago de las familias y, por esa vía, trasladarse a la economía local.
El dato nacional más reciente del Banco Central muestra que la irregularidad del financiamiento a las familias alcanzó el 12,8% en mayo de 2026, mientras que la irregularidad total de las financiaciones al sector privado llegó al 7,7%.
La particularidad de San Martín es que buena parte de su economía cotidiana se mueve justamente en ese cruce: salarios y jubilaciones, comercio, producción, servicios, pequeños emprendimientos y trabajadores independientes.
Si una familia destina una parte creciente de sus ingresos a cancelar préstamos, adelantos o consumos financiados, dispone de menos dinero para comprar en el comercio local. Y si el comercio, a su vez, utiliza financiamiento para sostener capital de trabajo, el problema puede reproducirse en otra escala.
La propuesta de Ravazzani intenta, en definitiva, llevar al ámbito municipal una discusión que hasta ahora se observa principalmente en las estadísticas nacionales: cuánto se está financiando la vida cotidiana de las familias mediante herramientas digitales y qué consecuencias tiene ese proceso sobre la economía real de un departamento como San Martín.
Para eso, el primer paso que propone el proyecto no es crear un impuesto, sino producir información. El Municipio debería saber quiénes operan, qué actividades desarrollan, qué relación tienen con el territorio y cuál es su situación tributaria.
También prevé que la información obtenida sea utilizada exclusivamente para fines de relevamiento y fiscalización tributaria, con respeto por las normas de confidencialidad, secreto fiscal y protección de datos.
La discusión deberá darse ahora en el Concejo Deliberante. Y, si avanza, abrirá una pregunta más amplia para San Martín: en una economía donde el dinero circula cada vez menos en efectivo y donde conseguir crédito está a unos pocos clics de distancia, cómo puede un municipio conocer y atender las consecuencias locales de un fenómeno que se origina, en buena medida, fuera de sus fronteras y fuera de sus competencias directas.
