San Martín. El letrado está imputado por presunto encubrimiento agravado luego de que una joven de 16 años denunciara que intentó presionarla para que cambiara su declaración en una causa por abuso sexual. Sus defensores solicitaron un control jurisdiccional y esperan que se fije la audiencia ante un juez de Garantías.
Palacio de Tribunales, Tercera Circunscripción Judicial, San Martín. (Enrique Pfaab - Los Andes)
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El abogado de la Tercera Circunscripción Judicial acusado de haber amenazado a una adolescente de 16 años para que modificara su declaración en una causa por abuso sexual permanece detenido, aunque bajo la modalidad de prisión domiciliaria. Mientras la investigación continúa, sus defensores solicitaron un control jurisdiccional para que un juez revise la medida de coerción y ahora aguardan que se fije la audiencia.
El pedido introduce una nueva instancia en un caso que generó especial preocupación dentro de la Justicia mendocina por las características de la víctima y por el rol que ocupa el principal acusado: es un abogado en ejercicio y defensor del hombre señalado por la adolescente como presunto autor de los abusos.
La causa por los abusos sexuales está bajo la órbita del fiscal Federico Bergamín. La investigación que derivó en la detención del abogado, en cambio, es conducida por el fiscal Gustavo Jadur. Ambos fiscales dependen de la Jefatura del Ministerio Público Fiscal de la Tercera Circunscripción, a cargo de Oscar Sívori.
La adolescente, actualmente de 16 años, denunció haber sufrido abusos sexuales reiterados desde que tenía 12 años. Como presunto autor señaló a su hermanastro, un hombre considerablemente mayor que ella y defendido por el abogado ahora investigado.
La joven volvió a declarar recientemente mediante Cámara Gesell y ratificó su acusación.
Pero una vez terminada la entrevista ocurrió el episodio que dio origen a la segunda investigación. La adolescente pidió hablar con la secretaria de la Fiscalía y contó que había sido amenazada para que modificara su relato.
Según su denuncia, el abogado y la esposa del imputado se habían presentado en su domicilio y le exigieron que durante la Cámara Gesell se desdijera de sus acusaciones y liberara de responsabilidad a su hermanastro.
La menor también habría relatado las presuntas presiones a las profesionales que participaron de la entrevista.
La información llegó inmediatamente al fiscal Jadur, quien ordenó la detención del abogado y dispuso que también se investigara la conducta de la mujer señalada por la víctima.
La novedad en la causa es que el abogado ya no se encuentra en una dependencia policial o penitenciaria: cumple prisión domiciliaria.
Sus defensores, además, solicitaron un control jurisdiccional, una herramienta prevista expresamente por el Código Procesal Penal de Mendoza para que un juez de Garantías revise una medida vinculada con la privación de libertad o con las condiciones en que se desarrolla la investigación.
El artículo 345 del Código Procesal Penal establece que el imputado o su defensa pueden solicitar este control directamente ante el juez de Garantías. La norma dispone que el planteo debe tramitarse mediante una audiencia y que la resolución judicial puede ser apelada.
En este caso, los defensores ya formularon el pedido y resta que se determine cuándo se realizará la audiencia.
La instancia permitirá a la defensa cuestionar ante un magistrado la medida adoptada y plantear los argumentos que considere pertinentes. Del otro lado, la Fiscalía podrá sostener la necesidad de mantener las restricciones impuestas al abogado y fundamentar las razones que llevaron a disponerlas.
El control jurisdiccional no significa que un juez vaya a determinar en esta instancia si el abogado es culpable o inocente. Su finalidad es revisar la legalidad y procedencia de la medida cuestionada dentro de la investigación penal.
El Código Procesal Penal mendocino contempla la prisión preventiva y otras medidas de coerción cuando existen elementos suficientes para sostener, en principio, la existencia de un delito y la probable participación del imputado, y cuando aparecen circunstancias que pueden afectar el desarrollo del proceso.
Entre ellas figura expresamente el peligro de entorpecimiento de la investigación y también la posibilidad de que la libertad del imputado resulte inconveniente para la seguridad de víctimas o testigos.
Ese aspecto adquiere particular relevancia en esta investigación porque la denuncia contra el abogado surgió precisamente a partir de una presunta presión ejercida sobre la víctima de otra causa penal.
La Justicia deberá determinar, durante el proceso, qué ocurrió efectivamente y qué alcance tuvieron las conductas denunciadas.
La particularidad del caso no está solamente en la acusación contra un profesional del Derecho. La presunta víctima de las amenazas es, además, una adolescente que denuncia haber sufrido abusos sexuales desde los 12 años.
La Cámara Gesell constituye justamente una herramienta destinada a proteger a niños, niñas y adolescentes durante su participación en procesos judiciales, especialmente en investigaciones por delitos contra la integridad sexual.
Por eso, una eventual presión previa a esa declaración tendría una importancia especial: no se trataría solamente de una amenaza dirigida contra una persona, sino de una conducta que, de comprobarse, podría haber buscado alterar una prueba central de una investigación penal.
La adolescente, sin embargo, no modificó su relato. Durante la Cámara Gesell volvió a señalar a su hermanastro como responsable de los abusos que denuncia.
Fue después de declarar cuando pidió ayuda y relató las presuntas amenazas.
Además de la causa penal, la situación del abogado tendrá una derivación en el ámbito profesional.
La Fiscalía prevé poner el caso en conocimiento del Colegio de Abogados y Procuradores de la Tercera Circunscripción Judicial para que se analice la conducta del profesional desde el punto de vista disciplinario.
Ese procedimiento será independiente de la investigación penal. La eventual responsabilidad penal deberá determinarse en la Justicia, mientras que el organismo profesional deberá evaluar si existió una infracción a las normas que regulan el ejercicio de la abogacía.
Por ahora, el abogado continúa con prisión domiciliaria, imputado en la investigación por presunto encubrimiento agravado, mientras su defensa espera que un juez de Garantías fije la audiencia solicitada mediante el control jurisdiccional.
La investigación por los abusos sexuales denunciados por la adolescente, en tanto, continúa por separado y mantiene como principal señalado al hermanastro de la joven.
