El Senado dio un paso decisivo al firmar el dictamen de mayoría para el proyecto de Ley de Discapacidad, dejándolo en condiciones de ser debatido y sancionado en la sesión prevista para el próximo 19 de noviembre.
El plenario de comisiones respaldó el proyecto consensuado en Diputados que reemplazará a la actual emergencia antes de fin de año.
La Libertad Avanza acordó con los bloques dialoguistas sesionar este jueves y reformar el proyecto del Banco Central, con el objeto de que el Senado mantenga la exclusividad para la elección y remoción de los directores de la institución bancaria, que se harán por mayoría absoluta.
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Daniel Vides / NA
El Senado dio un paso decisivo al firmar el dictamen de mayoría para el proyecto de Ley de Discapacidad, dejándolo en condiciones de ser debatido y sancionado en la sesión prevista para el próximo 19 de noviembre.
La iniciativa legislativa avanzó en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, presidida por el libertario Agustín Monteverde, y de Población y Desarrollo Humano, encabezada por la peronista Alicia Kirchner.
Con el respaldo de La Libertad Avanza, el bloque Justicialista, el PRO, la UCR y bloques provinciales, la norma busca otorgar certeza y un marco regulatorio permanente antes de que venza la ley de emergencia vigente a finales de año.
El texto ratificado por la Cámara alta establece la continuidad de las pensiones no contributivas por invalidez y discapacidad equivalentes al 70% del haber mínimo jubilatorio, utilizando como vía principal de acceso el Certificado Único de Discapacidad (CUD).
Asimismo, la norma asegura la actualización periódica de los montos por inflación para evitar la pérdida del poder adquisitivo respecto del año anterior. Entre las principales innovaciones solicitadas por las bancadas aliadas, se destaca la compatibilidad entre la percepción de la pensión y el desempeño en empleos registrados o regímenes tributarios, siempre que los ingresos del titular no superen dos salarios mínimos vitales y móviles.
Al respecto, la senadora Patricia Bullrich remarcó la importancia de esta medida al señalar que el trabajo constituye una herramienta fundamental de integración y autonomía que evita obligar a las personas a elegir entre un empleo y su beneficio.
En materia prestacional y de financiamiento, la legislación instituye un nomenclador universal de prestaciones y un arancel unificado. Además, se garantiza la cobertura de salud para los titulares de las pensiones a través del Programa Incluir Salud bajo los parámetros de la ley 24.901, asignando partidas presupuestarias específicas del Ministerio de Salud y contemplando compensaciones del Tesoro Nacional en caso de resultar insuficientes.
Por otra parte, para dar respuesta al reclamo del sector de prestadores, el proyecto ordena al Poder Ejecutivo publicar un cronograma de pagos dentro de los 30 días posteriores a la promulgación y cancelar la totalidad de las deudas acumuladas en un plazo máximo de 90 días.
Con el objetivo de garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos, la nueva ley contempla la realización de auditorías periódicas a cargo de la Secretaría Nacional de Discapacidad mediante el cruce de datos con ANSeS, ARCA, Renaper y el SINTyS.
Ante la detección de irregularidades objetivas, el organismo podrá disponer la suspensión preventiva del beneficio, siempre bajo un debido proceso inclusivo que contemple la notificación formal y la posibilidad de rehabilitación provisoria.
A pesar de los matices expresados por algunos legisladores durante el debate en el Salón Azul, el consenso generalizado reafirma la urgencia de otorgar sanción definitiva al proyecto para despejar la incertidumbre presupuestaria del colectivo de personas con discapacidad antes del 31 de diciembre.
