La iniciativa propone frenar las ejecuciones fiscales de ATM hasta mayo de 2027 y establecer planes de pago de al menos 18 cuotas.
La propuesta contempla frenar las ejecuciones fiscales, ofrecer planes de pago de al menos 18 cuotas e incorporar a Irrigación y los municipios.
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Ramiro Gómez / Los Andes.
La decisión del Gobierno nacional de suspender los embargos fiscales a las pequeñas y medianas empresas tuvo su repercusión política en Mendoza. El sector legislativo que responde a Luis Petri busca que la administración de Alfredo Cornejo adopte una medida similar, en medio de las dificultades financieras que atraviesa parte del sector productivo.
El planteo tomó forma a través de un proyecto de resolución presentado en la Cámara de Diputados, que propone frenar hasta el 31 de mayo de 2027 las ejecuciones fiscales impulsadas por la Administración Tributaria Mendoza (ATM) y establecer nuevas facilidades para regularizar deudas impositivas.
La iniciativa se conoció después de que el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, anunciara ante la Unión Industrial Argentina (UIA) una serie de medidas de alivio fiscal para las pymes, entre ellas la suspensión de embargos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Sin embargo, desde Casa de Gobierno señalaron que ya se encuentran trabajando en un proyecto propio para adherir a las medidas anunciadas por Caputo. Además, aclararon que la iniciativa provincial no comenzó a elaborarse a partir del anuncio del ministro nacional, sino que se venía trabajando con anterioridad.
El proyecto fue presentado por Ismael Jadur y lleva las firmas de Griselda Petri, Gustavo Cairo, Alberto López, Jorge Zingaretti, Raúl Villach y Carlos Ponce.
La iniciativa solicita al Ejecutivo provincial que, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas y ATM, suspenda temporalmente los procedimientos de cobro judicial por deudas tributarias y no tributarias bajo la órbita del organismo.
En concreto, propone que hasta el 31 de mayo de 2027 no se inicien nuevos juicios de apremio ni se soliciten embargos o inhibiciones. También plantea frenar los remates de bienes y las transferencias de fondos embargados en los procesos judiciales que ya se encuentran en trámite.
La medida alcanzaría las obligaciones vinculadas con los impuestos sobre los Ingresos Brutos, Inmobiliario, Automotor y Sellos, además de otros conceptos recaudados por ATM.
La propuesta contempla excepciones para las deudas de agentes de retención y percepción que no hayan ingresado los fondos retenidos, las actuaciones necesarias para evitar la prescripción y los casos en los que se acrediten maniobras fraudulentas.
En paralelo, los legisladores proponen un régimen especial de regularización de deudas vencidas hasta el 31 de octubre de 2026, con financiación en al menos 18 cuotas mensuales, tasas reducidas y una disminución de los intereses acumulados.
El beneficio también incluiría obligaciones que ya se encuentran judicializadas y planes de pago que hayan caducado, sin modificar las condiciones más favorables de los regímenes vigentes.
Uno de los puntos principales apunta a las cuentas bancarias embargadas. Actualmente, según los fundamentos del proyecto, la adhesión a un plan de pagos de ATM no resulta suficiente para levantar una medida cautelar, que puede mantenerse hasta la cancelación total de la deuda.
Por eso, la iniciativa propone que, una vez formalizado el plan y abonada la primera cuota, ATM solicite al juez el levantamiento del embargo o su sustitución por otra garantía dentro de los cinco días hábiles. La decisión final quedaría en manos del tribunal.
El proyecto también recupera un pedido que 26 cámaras y federaciones empresarias de Mendoza presentaron al gobernador Alfredo Cornejo el 23 de abril de este año.
Entre las entidades se encontraban la Federación Económica de Mendoza (FEM), la Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM), la Unión Industrial de Mendoza (UIM), ACOVI y Asinmet.
El documento incluía nueve medidas de alivio para el sector productivo. Una de las principales consistía en postergar las ejecuciones fiscales y levantar los embargos e inhibiciones sobre cuentas bancarias durante al menos 180 días.
Según los indicadores citados en el proyecto, el 33% de las empresas metalmecánicas enfrentaba embargos, de acuerdo con Asinmet, mientras que el 70% de las pequeñas industrias tenía dificultades para pagar impuestos y proveedores, según la UIM.
Los legisladores también invitan al Departamento General de Irrigación (DGI) y a los municipios a implementar mecanismos similares para facilitar la regularización de deudas por cánones de riego, tasas y contribuciones municipales.
Durante su exposición de este martes en la 32° Conferencia Industrial de la UIA, el ministro Luis Caputo anunció la suspensión de los embargos de ARCA hasta mayo de 2027 y la ampliación de los planes de financiación en 18 cuotas para obligaciones vencidas hasta el 31 de octubre de 2026.
También comunicó que las pymes podrán utilizar sus saldos a favor provenientes de exportaciones o del IVA de exportación para cancelar deudas aduaneras.
Además, anticipó líneas de financiamiento del Banco Nación para la industria automotriz y una propuesta a las provincias para avanzar en la eliminación del Impuesto de Sellos, mediante un mecanismo de compensación fiscal.
