El PJ no votará más nombramientos de jueces y se tensa al máximo la relación con el oficialismo

El peronismo se plantó ante los nombramientos de funcionarios judiciales y no volverá a prestar acuerdo a los nombramientos de jueces en la Cámara de Senadores. La gota que rebalsó el vaso opositor fue la designación de Juliana María Labayru Day, sobrina de la “suprema” María Teresa Day, como fiscal de instrucción.

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La idea del Frente de Todos es debatir la forma en la que se designan magistrados y magistradas, prevista en la Constitución Provincial y apuntar al Consejo de la Magistratura. La Reforma Constitucional que motoriza el Gobierno sigue sin tener el aval del PJ, para los que son necesarios sus votos para avanzar en la necesidad de modificar la Carta Magna.

La asignación de hectáreas, por parte del Gobierno provincia, para el complejo El Azufre en Malargüe venía subiendo el voltaje político en las últimas semanas con un fuerte rechazo del peronismo. Ayer se sumó la decisión de no votar en las sesiones de Acuerdo que da la Cámara de Senadores a los cargos que deben cubrirse en la Justicia provincial.

El artículo 150 de la Constitución de Mendoza prevé que tanto para los miembros de la Suprema Corte de Justicia y su Procurador General, serán nombrados por el Poder Ejecutivo con el Acuerdo del Senado. Los jueces de los tribunales inferiores y los representantes del Ministerio Público, serán propuestos por el Consejo de la Magistratura al Poder Ejecutivo y designados por éste con Acuerdo del Senado.

Alejandro Abraham, senador del Frente de Todos, resumió a Los Andes que la intención es “debatir para proponer un mejoramiento, un sistema más participativo, democratizar la justicia, es algo que venimos diciendo a nivel nacional. En Estados Unidos hay elecciones de jueces que es por voto popular. Acá habría que reformar la Constitución, pero podemos dar pasos sobre cómo elegir a los miembros del Consejo de la Magistratura”.

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“El bloque de senadores del Frente de Todos-PJ decidió no presentarse más a las sesiones de acuerdo para la elección de jueces y fiscales. Esto se debe a la determinación desde hace seis años del gobierno provincial de querer manejar la Justicia de una manera directa, como si fuera un apéndice del Poder Ejecutivo”, expresaron en un comunicado argumentando la ausencia a la votación. Las candidaturas se aprueban o se rechazan a través de bolillas blancas o negras en donde el resultado es de carácter secreto.

Se hace mención al caso de María Teresa Day que fue cuestionada porque varios consideraban que no cumplía con los requisitos para llegar al cargo y esa fue la última vez en donde el peronismo se ausentó a la votación. Curiosamente, el mismo apellido los une en el faltazo.

“Y, como si todo esto fuera poco, en la sesión de acuerdos de este martes se elige a un familiar de Teresa Day, lo que terminó de colmar el vaso para el peronismo”. Además de Labayru Day, se aprobó la designación de Daniela Paola Ginestar, también para asumir como Fiscal de Instrucción de la 1º Circunscripción Judicial.

“Esta práctica no sólo vulnera la calidad institucional de la provincia, sino que el modo inconsulto y prepotente con el que se realiza hizo que fuese necesario que el peronismo tomara postura frente a ello, por lo que el bloque de senadores del Frente de Todos -PJ decidió que no participará más en las sesiones de acuerdo”, concluye el texto.

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Retomando el artículo 150 de la Carta Magna, los jueces de los tribunales inferiores y los representantes del Ministerio Público, serán propuestos por el Consejo de la Magistratura al Poder Ejecutivo y designados por este con acuerdo de Senado.

El órgano encargado de filtrar postulantes, estará integrado por un miembro de la Suprema Corte de Justicia (José Valerio), quien lo presidirá; un representante del Poder Ejecutivo (Marcelo D’Agostino, subsecretario de Justicia); un representante de los magistrados en ejercicio (María Delicia Ruggeri); dos abogados de la matrícula de diferente circunscripción judicial (Pablo Andrés Roque Teixidor y Lucas Matías Massoni) y dos diputados provinciales de distintos partidos políticos.

Estos dos lugares esperan reemplazos por los mandatos. Al momento de la votación del cargo de la discordia, estuvieron los votos de Adrián Reche (Cambia Mendoza) y de Silvia Stocco (Frente de Todos). Cabe decir que la terna conformada fue aprobada por unanimidad.

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Los postulantes rinden exámenes bajo la órbita de las distintas comisiones del Consejo de la Magistratura, quienes aprueban son sometidos a otros estudios y finalmente se conforma la terna que debe estar aprobada por los miembros mencionados. Después, es el titular del Ejecutivo quien decide el nombre y envía el pliego a la Legislatura para que el Senado otorgue el Acuerdo.

“Propinemos el debate”, insistió Abraham. Y apuntó al Consejo de la Magistratura porque entiende que “todos terminan viniendo del sector político”. Eso se traduce en las votaciones del órgano con “la mayoría automática que tienen”.

En el medio, hubo una fuerte reacción del radicalismo. “Esto es un despropósito”, exclamó el presidente provisional del Senado, Juan Carlos Jaliff, que acusó al PJ de impulsar “la elección popular de los jueces”.

Jaliff agregó que “los postulantes que llegan acá pasaron por un proceso establecido por la Constitución; exámenes, test psicológico, audiencia con los integrantes del Consejo de la Magistratura, que está integrado por jueces, legisladores y abogados; y audiencia pública en el Senado de adhesiones e impugnaciones. El Poder Ejecutivo solo se limita a elegir entre una terna de candidatos que cumplieron con ese procedimiento”.

Marcelo D’Agostino indicó que el mecanismo está previsto en la Constitución provincial y que además los pliegos se seguirán enviando dado que “las vacantes deben cubrirse porque de lo contrario se reciente el servicio de justicia”.

Jaque y Pérez nombraron más magistrados

El comunicado de la oposición citó datos sobre los nombramientos. “Desde que comenzó la gestión radical se aprobaron los pliegos de 113 magistrados, 19 en lo que va de la gestión de Rodolfo Suarez, y el impresionante número de 93 durante el gobierno de Alfredo Cornejo”, indica el texto.

“Si tenemos en cuenta que en Mendoza hay 319 cargos para magistrados, eso quiere decir que más de un tercio de los jueces, fiscales y defensores de la provincia de Mendoza han sido puestos por Cambia Mendoza”, agregan.

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No obstante, los 8 años peronistas también dejaron un número interesante de nombramientos. El sistema se aplica desde hace años en Mendoza y por eso tanto Celso Jaque (2007-2011) como Francisco Pérez (2011-2015) designaron a funcionarios judiciales elegidos dentro de las ternas.

Así lo refleja Los Andes en la edición del 2 de noviembre del 2015. Los dos últimos gobernadores del PJ designaron a 221 (57%) de los 390 jueces, fiscales y defensores oficiales. En la gestión de Celso Jaque (2007-2011) fueron designados 65 jueces y 49 fiscales o defensores oficiales que dependen de la Procuración, es decir 114 en total; en la de Francisco Pérez (2011-2015) van ingresados 74 jueces y 33 fiscales o defensores; en total 107.

Una de las causas de tantas vacantes en esos años se dio por los planteos de actualización salarial que Julio Cobos consideraba indexatorios. En 2008 Jaque terminó el enfrentamiento y acordó la actualización de los salarios de los magistrados provinciales al ritmo de los federales. Con el 82% móvil, fueron muchos los que decidieron pasar más tiempo fuera de Tribunales.