Una disputa de competencia entre juzgados de Mendoza y CABA mantiene frenada la resolución de un amparo por los medicamentos que debe entregar el PAMI.
Una "puja judicial" mantiene frenado la entrega de medicamentos del PAMI
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El litigio por la entrega de medicamentos del PAMI se encuentra paralizado en la Justicia Federal debido a una disputa judicial para determinar qué juez tiene competencia para llevar adelante la causa. El expediente fue iniciado a fines del año pasado, tras una medida cautelar presentada en Mendoza por la Asociación para la Defensa y Promoción de los Derechos de las Personas Mayores (Jubypen).
Desde el 20 de marzo de este año, la causa permanece “en pausa” como consecuencia de una inhibitoria presentada por el juez Alejandro Marinello, a cargo del Juzgado Civil y Comercial N.º 5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El magistrado solicitó la incompetencia de su par mendocino, Pablo Quirós, titular del Juzgado Federal N.º 2, quien hasta entonces estaba al frente del caso.
La acción de Marinello se produjo luego de que el equipo legal del PAMI solicitara el cambio de jurisdicción y que la causa se tramite en la CABA. Tras la presentación de la inhibitoria, el juez Quirós decidió suspender el proceso judicial hasta que la Cámara Federal de Apelaciones se expida formalmente.
El juez porteño hizo lugar al planteo, declarando competente a su propio juzgado y resolviendo la incompetencia del Juzgado Federal N.º 2 de Mendoza, así como de "cualquier otro donde se encuentren radicados procesos de amparo contra la legalidad y constitucionalidad de las normas citadas".
Para justificar su decisión, sostuvo que en procesos colectivos con integrantes domiciliados en distintas jurisdicciones, donde no es posible determinar un único lugar de cumplimiento de las obligaciones, debe aplicarse el criterio del domicilio del demandado —en este caso, el PAMI—, cuya sede central se encuentra en CABA. Según argumentó, ese lugar también concentra la mayor cantidad de afiliados.
Ante esta situación, el Juzgado Federal N.º 2 de Mendoza corrió vista al Ministerio Público Fiscal, que dictaminó que la inhibitoria no debía prosperar y que el juzgado mendocino resultaba competente.
Por su parte, Fiscalía de Estado emitió un dictamen en el que solicitó la continuidad del juez Quirós al frente de la causa. Mientras tanto, en Mendoza reina la incertidumbre sobre cuándo la Cámara Federal podrá expedirse al respecto.
“Básicamente, han chicaneado el proceso y está todo suspendido hasta que se defina qué juez es competente. A nuestro entender no se está cumpliendo la cautelar; el fiscal de CABA como la fiscal de acá, entienden que la competencia es de Quirós”, respondieron desde el equipo legal de Jubypen (que representa a los jubilados en el conflicto) a Los Andes.
Este medio intentó comunicarse con el director de PAMI en Mendoza, David Litvinchuk, pero no obtuvo respuesta de su parte.
La disputa se originó a fines del año pasado, cuando el PAMI anunció una serie de recortes en su vademécum, es decir, el listado de medicamentos que entregaba gratuitamente a jubilados y pensionados. Esta medida generó una ola de acciones judiciales en distintas partes del país.
Una de ellas fue la cautelar presentada por Jubypen en Mendoza, a través de sus representantes legales, Marisa Uceda y Carlos Blanco. El pedido solicitaba la suspensión de la resolución 2431/2024 del PAMI, que modificaba el vademécum de medicamentos esenciales y el procedimiento de acceso, con aplicación en todo el territorio provincial.
El 26 de diciembre pasado, el juez federal Pablo Quirós hizo lugar al planteo de Jubypen y suspendió la resolución. Días después, el juez Marcelo Garnica intimó a las autoridades locales y nacionales del PAMI a cumplir con la medida cautelar dictada por Quirós y ordenó a la obra social restituir en toda la provincia la cobertura de medicamentos gratuitos que había sido recortada.
Además, le impuso una multa de 300.000 pesos diarios al PAMI por cada jornada de incumplimiento. Sin embargo, esa sanción económica también quedó suspendida tras la presentación de la inhibitoria por parte del juez Marinello.
A mediados de marzo, PAMI ya acumulaba una sanción de 7 millones de pesos, aunque la medida depende también de que Jubypen reclame su ejecución. Antes de que se produjera el conflicto de competencia, el juez Garnica había extendido los efectos de la cautelar a todos los afiliados al PAMI de Tucumán.