El organismo señaló un “elevado uso de las vías de excepción” para la entrega de medicamentos. “El tiempo de impunidad se terminó”, afirmaron desde PAMI.
El PAMI anunció una investigación interna por supuestos desvíos de fondos públicos en gestiones anteriores.
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El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) inició una investigación interna. El organismo comenzó una “revisión profunda en sus delegaciones con el objetivo de eliminar las prácticas discrecionales y los abusos heredados de gestiones anteriores”. Según el comunicado oficial del instituto, se busca “cortar de raíz las irregularidades en la compra y provisión de insumos”.
“Durante años, la política convirtió a PAMI en un instrumento para hacer negocios y establecer estructuras clientelistas en todo el país”, advirtieron y ampliaron que esta intervención busca desarmar esas “mafias internas” y terminar con los “privilegios” de aquellos que durante años utilizaron el instituto para fines ajenos a su misión.
Cabe mencionar que uno de los puntos clave en esta reforma es la revisión del uso de las “vías de excepción”, un mecanismo que debe utilizarse solo en circunstancias excepcionales para la entrega de medicamentos, insumos y tratamientos. Sin embargo, según apuntaron en el informe, este mecanismo fue utilizado de forma inapropiada para eludir licitaciones y otros procedimientos formales, lo que permitió la apertura de manejos poco transparentes y posibles desvíos de fondos públicos.
Frente a las irregularidades señaladas, las autoridades de PAMI iniciaron una investigación interna y, de confirmarse las irregularidades, se avanzará con las sanciones correspondientes. El objetivo es asegurar que los recursos “lleguen a quienes realmente los necesitan”, garantizando un manejo transparente y justo de los fondos destinados a los jubilados y pensionados.
Al cierre del comunicado, PAMI manifestó que no permitirá que el instituto continúe siendo utilizado para intereses políticos y que pondrá “fin a años de descontrol y connivencia entre funcionarios y proveedores”. “El tiempo de impunidad se terminó”, concluyeron.