El Senado de la provincia dio sanción completa este martes a la ratificación de la adenda por U$S 1.023 millones, que amplía el uso de esos fondos que están en un fideicomiso, para poder emplearlos en todo tipo de obra pública de infraestructura, y no circunscribirla en obras hidroeléctricas, como se había acordado años atrás.
La ratificación del decreto firmado por el gobernador Alfredo Cornejo y el presidente Javier Milei, fue aprobado por mayoría de votos: hubo 28 afirmativos y 10 negativos. Al recibir el aval de ambas Cámaras Legislativas, la iniciativa fue remida al Gobierno de la Provincia para su posterior promulgación.
Desde el Gobierno provincial, indicaron que con la Ley aprobada “la parte provincial queda cumplida” y que será cuestión de un trámite la promulgación de la ley, que estará publicada esta semana en el Boletín Oficial de la Provincia.
Pero no es todo, ya que desde el Poder Ejecutivo informaron que el presidente Milei deberá firmar un decreto “ratificando la firma de los ministros nacionales Guillermo Francos (Jefe de Gabinete) y Luis Caputo (Economía) por el lado nacional”.
Hasta la fecha, Mendoza recibió U$S 1.016 millones, y restan las dos últimas cuotas del cronograma de amortizaciones, que comenzó el 28 de octubre del 2019: una de U$S 7 millones el 28 de julio; y la última de U$S 350.479 el 28 de octubre, finalizando los 5 años de pago. Si bien no hay fechas, el Gobierno aguarda arrancar “lo antes posible” en la elección de las obras y utilización de los fondos.
Celebración oficialista
La vicegobernadora Hebe Casado, celebró la aprobación y señaló que ahora la Provincia “va a poder disponer de esos fondos que estaban estancados, porque no se podía realizar la obra de Portezuelo del Viento por la falta de voluntad de parte del gobierno de la Pampa”.
“Sabemos que aquel que tiene plata debajo del colchón, ya sea en pesos o en dólares, se va desvalorizando día a día; y en una situación macroeconómica nacional que dificulta la vida de cada uno de los mendocinos y de los argentinos, tener plata que podría estar siendo utilizada para el desarrollo y la generación de empleo, no tenía sentido mantenerla sin utilizarla”, comentó.
Por otro lado, indicó que se priorizarán con estos fondos “obras de infraestructura que permitan el crecimiento y el desarrollo, ya sean de irrigación, eléctricas, entre otros, y que permitan el crecimiento de la provincia”.
En tanto, el presidente provisional del Senado, Martín Kerchner, señaló que “primó el sentido común” y sostuvo que más allá de las posiciones individuales con dudas respecto a cómo se usarán los fondos, tomó las palabras de los ministros Víctor Fayad (Hacienda) y Natalio Mema (Gobierno), al especificar que habrá un banco de proyectos “que está exigido por la ley y en el que se calculará y ejecutará con normas internacionales; que finalmente terminarán en la aprobación del presupuesto para ver qué obra vamos a ir votando año a año para iniciar y para continuar”.
“Han funcionado las instituciones. Ha habido una amplia mayoría a favor de que los fondos dejen de estar perdiéndose en el tiempo; había una responsabilidad de los mendocinos de salir adelante. Aquellos que no acompañaron tendrán sus justificaciones. Pero la verdad es que estamos acá para el bienestar de todos los mendocinos, quienes necesitan que esos U$S 1.023 millones empiecen a generar, se renueven, vuelvan y sigan generando”.
Divididos
Lo llamativo fue que tanto el Partido Justicialista como La Unión Mendocina votaron de forma dividida, mientras que Cambia Mendoza (CM, como se esperaba, acompañó el proyecto del Poder Ejecutivo; y el único senador del Partido Verde (PV), Dugar Chappel, votó en contra.
Los peronistas que votaron en contra fueron los sureños Mauricio Sat, Pedro Serra y Alejandra Barro; más el sector kirchnerista con Helio Perviú y Félix González. Por supuesto, se esperaba que los legisladores que pertenecen al sur provincial, votaran en contra, en coincidencia de los cuestionamientos de los intendentes Celso Jaque (Malargüe) y Omar Félix (San Rafael), quienes aseguran que todos los fondos “deberían” ir destinados a obras en la región sureña de Mendoza. A favor votaron Adriana Cano, María Mercedes Derrache, Duilio Pezzutti, Olga Cristina Gómez y Gerardo Vaquer.
En tanto, de LUM en contra lo hizo todo el arco Pro, como Martín Rostand, Germán Vicchi, Gabriel Pradines y Valentín González; mientras que a favor se pronunciaron Ariel Pringles, Flavia Manoni, Marcos Quatrinni y Armando Magistretti.
Por otro lado, el único senador que tiene el PV, como lo es Chappel, fue el décimo en pronunciarse en contra del decreto.
Desde el PJ que votó en contra, por ejemplo, el sanrafaelino Sat consideró que la adenda “borra años de historia” y acusó al Gobierno provincial de “querer disponer de los fondos para sus propios intereses”. Por otro lado, criticó la “falta de compromiso” del gobierno provincial con la obra de Portezuelo del Viento y cuestionó “la integridad de los dirigentes políticos que han cambiado su postura”.
También del PJ, pero a favor, estuvo Cano, presidenta del Partido Justicialista en el Senado, quien de igual forma aprovechó para recordar a Portezuelo del Viento y las gestiones provinicales como una “historia de un fracaso” y subrayó la #incapacidad de la política mendocina para alcanzar acuerdos beneficiosos para la provincia”.
Del lado del Pro, uno de sus referentes, el intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, dijo a Los Andes que el espacio votó en contra debido a que la adenda “no detalla el destino del dinero”. “Nadie sabe en qué se va a gastar”, marcó.
En este sentido, agregó que “el único concejo que definió prioridades por unanimidad fue el de Luján, pero no se tomó en cuenta”.
De los senadores en contra, Rostand sostuvo que ahora el Gobierno “dispondrá de los fondos” y que todo podría “derivar en discrecionalidad en su uso”. Además subrayó que la indemnización “debería ser utilizada para obras estructurales que potencien el desarrollo de Mendoza, especialmente en el sur de la Provincia”.
No obstante, a favor de la medida se mostró Magistretti, del Partido Demócrata y LUM, quien respaldó “la decisión del presidente Javier Milei”, y la consideró favorable para el desarrollo de Mendoza. “Tenemos que fijarnos altos beneficios y altas metas más allá del reclamo que se establezcan desde diferentes municipios, la estrategia tiene que ser global”, indicó.
Desde el Partido Verde, el senador Dugar Chappel expresó su desacuerdo con la adenda en tratamiento, calificándola como una “cesión a la extorsión del Gobierno Nacional”. “Pocos son los argumentos que me podrían convencer para votar a favor de esta adenda”, afirmó el legislador.
Historia de una demanda
En 1998, Mendoza interpuso una demanda ante la Nación por resarcimiento por los perjuicios del decreto de prórroga de la Promoción Industrial. Todo desembocó en un acuerdo extrajudicial, que fue reconocido en un Acta Acuerdo celebrado en 2006 entre Julio Cobos y Néstor Kirchner, para la construcción de la obra Portezuelo del Viento.
El 16 de enero de 2018, el entonces presidente Mauricio Macri dictó un laudo a favor de Mendoza, ordenando cancelar la deuda con la provincia mediante la emisión de letras intransferibles por un valor nominal de U$S 1.023.362.922, ratificado por la Ley N° 9170.
Con la queja de La Pampa por los estudios de Impacto Ambiental de Portezuelo del Viento, hubo un laudo contrario por parte del expresidente Alberto Fernández.
Ya en la gestión Milei, Mendoza y el gobierno nacional acordaron ampliar el objeto del Acuerdo para incluir otras obras de infraestructura necesarias para el desarrollo provincial. Esta adenda, celebrada en abril de 2024, permitió la liberación de fondos originalmente destinados a la obra Portezuelo del Viento.
El decreto provincial estipula que los recursos serán aplicados exclusivamente a financiar obras de infraestructura necesarias para el desarrollo provincial y sus accesorios, prohibiendo expresamente su aplicación a gastos corrientes.
