El exintendente de Las Heras, Daniel Orozco, y su esposa Janina Ortiz deberán reparar el daño económico del robo que cometieron en Las Heras.
El exintendente de Las Heras, Daniel Orozco, y la exsecretaria de Gobierno municipal, Janina Ortiz, serán demandados por Fiscalía de Estado
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Ramiro Gómez / Los Andes
Después de la sentencia que recibieron el exintendente de Las Heras, Daniel Orozco, y la exsecretaria de Gobierno municipal, Janina Ortiz, por el delito de peculado, se notificó a Fiscalía de Estado para que inicie una demanda civil por daños y perjuicios ocasionados por el robo de fondos municipales que perpetraron.
Según informaron fuentes judiciales, el monto de los fondos municipales desviados a través de las cooperativas truchas asciende actualmente a $435 millones, como resultado de la actualización de los $35,5 millones establecidos en la causa penal.
Tras declararse culpables del delito de peculado, el Ministerio Público Fiscal le remitió una copia de la sentencia que dictó la jueza penal Marina Martín al fiscal de Estado, Fernando Simón, para que inicie la acción civil por los daños y perjuicios ocasionados por el delito ya comprobado, informaron fuentes judiciales.
La intervención de Fiscalía de Estado se enmarca en lo establecido por el artículo 177 de la Constitución de Mendoza, que le asigna al organismo la función de defender el patrimonio del fisco y le otorga legitimidad para intervenir en los procesos judiciales en los que se vean afectados los intereses del Estado.
El artículo también establece que el fiscal de Estado tiene facultades para demandar ante la Suprema Corte de Justicia y los demás tribunales provinciales cuando existan actos que perjudiquen los intereses fiscales.
En este caso, la intervención apunta a determinar las vías para reclamar la reparación económica del perjuicio ocasionado a la Municipalidad de Las Heras.
Orozco y Ortiz fueron condenados a tres años de prisión en suspenso por los hechos de corrupción vinculados con el desvío de fondos de la Municipalidad de Las Heras mediante la Cooperativa de Trabajo Manos a la Obra Limitada. Además, recibieron la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.
La condena se formalizó el martes 20 de octubre, durante un juicio abreviado que encabezó la jueza Marina Martín. Ambos reconocieron su responsabilidad penal en el esquema investigado, que se desarrolló entre 2021 y 2023, durante la gestión de Orozco al frente del municipio.
De acuerdo con la acusación fiscal, el perjuicio original para las arcas municipales fue de $35.511.386,14. La maniobra se habría instrumentado mediante cuatro expedientes administrativos relacionados con licitaciones públicas y contrataciones directas para simular servicios de limpieza que finalmente no se prestaron.
La investigación determinó que se utilizaron planillas y facturas electrónicas para avanzar con los procedimientos administrativos y justificar los pagos. El dinero salió de las arcas municipales y fue transferido a una cuenta bancaria de la cooperativa.
Con la condena penal ya dictada, la intervención de Fiscalía de Estado abre una nueva etapa en el caso, centrada en la responsabilidad patrimonial y la eventual recuperación de los fondos públicos.
