21 de octubre de 2026 - 15:47

El oficialismo consiguió el quorum en Diputados para tratar la Ley de Tierras, Discapacidad y morosidad

La iniciativa busca agilizar la restitución de inmuebles usurpados y limitar la capacidad expropiatoria del Estado. El dictamen oficialista reasume los topes del 30% a la extranjerización de tierras.

La Cámara de Diputados trata esta tarde en sesión especial el proyecto del Gobierno sobre “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, que incluye en su articulado la restitución de la Ley de Tierras Rurales del kirchnerismo.

El oficialismo reunió hoy quórum en la Cámara de Diputados junto a aliados y dialoguistas, y se inició la sesión especial con un temario múltiple, que incluye los proyectos de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, de Discapacidad, de morosidad familiar, combate al vandalismo rural y trazabilidad de medicamentos de alto riesgo.

Además de La Libertad Avanza, el PRO y la UCR, dieron quórum buena parte de los legisladores de Provincias Unidas, Argentina Federal, Elijo Catamarca y Producción y Trabajo.

Este proyecto llega con media sanción a la Cámara baja después del desguace aplicado por la oposición peronista en el Senado, que le volteó el capítulo vinculado a la Ley de Manejo del Fuego, pero también el que buscaba derogar la Ley de Tierras Rurales, toda vez que el artículo 154 del DNU 70/23 se encontraba derogado.

Paradójicamente, ahora el Gobierno busca restituir la Ley de Tierras en el tratamiento en Diputados, después de que la oposición amenazara seriamente con tirar abajo todo el DNU 70.

De esta manera, se reafirmarán los límites del 30% de extranjerización a nivel nacional, provincial y departamental, además del tope de 1000 hectáreas en zonas núcleo del país, espejos de agua y zonas de frontera.

La versión menguada de la Ley de Propiedad Privada que quedó en pie después de la extirpación en el Senado son capítulos que modifican la Ley de Expropiaciones, restringiendo las capacidades del Estado para declarar la utilidad pública de bienes inmuebles, y también una reforma de la ley de Desalojos para permitir acortar drásticamente los tiempos judiciales para la restitución de propiedades usurpadas o con tenencias irregulares.

El miembro informante del dictamen del oficialismo, Santiago Santurio (La Libertad Avanza) destacó que con este Gobierno y en particular con esta iniciativa se empieza a “respetar el derecho a la propiedad”.

“Si hay usurpaciones deja de ser negocio la construcción de viviendas”, analizó el presidente de la comisión de Legislación General.

Por su parte, Diego Giuliano (Unión por la Patria) hizo énfasis en el hecho de que el oficialismo vuelve con su dictamen “a la ley del peronismo” del 2011, que surgió a instancias del Gobierno de Cristina Kirchner cuando “se quisieron comprar un pueblo entero con la gente adentro” en La Rioja.

El legislador massista reseñó las idas y vueltas de la Corte Suprema y el giro pragmático del Gobierno que luego de fracasar en el Senado con la derogación de la Ley de Tierras -a raiz de las movilizaciones sociales y la resistencia de aliados-, decidió encarar el camino inverso en Diputados al incorporar la norma kirchnerista en la propia Ley de Inviolabilidad Privada.

“Ni los romanos plantean la propiedad privada de manera absoluta como ustedes, que se basan en el Código napoleónico”, analizó el representante peronista.

“A la Constitución hay que llerla completa, integralmente, no con una ojo tapado. Dice que la propiedad es inviolable pero también incorpora el Pacto de San José de Costa Rica que dice que la ley debe subordinarse al interés social”, planteó Giuliano.

A su turno, Martín Lousteau (Provincias Unidas) se refirió al volantazo del oficialismo respecto de la Ley de Tierras y al respecto dijo que “este reculado en chancletas no sirve porque ahora uno puede adquirirar ciudadanía argentina pagando 350 mil dólares”.

“Mañana el Principe Harry, cuando recuperemos las Malvinas, se compra la ciudadanía argentina y se compra las Islas”, graficó el ex ministro de Economía.

La jefa del bloque del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, coincidió en que el programa de Ciudadanía por Inversión es “un engaño para entregar soberanía”.

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