El Partido Justicialista (PJ), La Unión Mendocina y el Partido Verde se unieron para impulsar la creación de una Comisión Investigadora Bicameral para estudiar posibles irregularidades en el proceso de contratación directa que realizó el Ministerio de Seguridad y Justiciapara la adquisición de más de 4 millones de viandas para los internos de las cárceles. La empresa adjudicataria fue Clisa SA, con un presupuesto de $54.000 millones, que no participó de la licitación inicial y es la que provee actualmente el servicio.
El presidente del bloque del PJ en Diputados, Germán Gómez, impulsó la propuesta en la cámara baja y señaló que todo el proceso licitatorio iniciado por la cartera que conduce Mercedes Rus tuvo "observaciones de la Fiscalía de Estado" y se le dio vista a la Oficina de Ética Pública y el Tribunal de Cuentas para deteminar posibles irregularidades. Además, advirtió que impulsaron pedidos de informes para el Ejecutivo sobre esta contratación que fueron archivos en la Comisión de Hacienda y Presupuestos, por parte del oficialismo.
Por su parte la presidenta del bloque peronista en el Senado, Adriana Cano, remarcó que se trata de un monto equiparable al presupuesto anual de varios municipios, por lo que es imprescindible ejercer el rol de control institucional que le corresponde a la Legislatura.
“La legislatura tiene la obligación constitucional de funcionar como órgano de control del Ejecutivo. Esta situación exige una respuesta concreta y no puede quedar sin revisión política ni técnica”, expresó la legisladora.
Por su parte, desde La Unión Mendocina, el diputado Edgardo Civit Evans apuntó que "no estamos diciendo que hay culpables, estamos pidiendo que se investigue qué pasó. ¿Por qué una licitación pública se transformó en una contratación directa? Si lo ha cuestionado la propia Fiscalía de Estado, que es el organismo de control máximo que tiene el Poder Ejecutivo, es nuestra obligación y nuestro compromiso con la ciudadanía, dar respuesta a las inquietudes que están planteando desde el propio órgano de control. De modo que no hacerlo sería ser cómplices prácticamente si se llega a descubrir alguna irregularidad de este hecho".
Por parte del Partido Verde, Emmanuel Fugazzotto, señaló que "estamos muy preocupados por esta situación y esto demuestra que cuando hay temas sensibles en la provincia de Mendoza, como los que estamos discutiendo hoy día, la oposición tiende a buscar herramientas para poder avanzar en la investigación, y el oficialismo tendría que entender que quien no tiene nada que ocultar, no tiene por qué esconderse".
"Debería darle paso a que esta comisión investigadora se constituya y que realmente se pueda conocer a dónde va a ir y por qué se utilizó por este medio, todo este dinero de los mendocinos", completó el legislador del PV.
Esta propuesta no fue acompañada por otros dos monobloques opositores: Mauro Giambastiani (Mejor Mendoza) y Gustavo Cairo (La Libertad Avanza). El proyecto ya fue ingresado en ambas Cámaras y se espera que la semana próxima pueda ser tratado.
Los puntos del proyecto
- La Comisión Especial tendrá como objeto analizar, revisar y dictaminar sobre el proceso licitatorio y posterior contratación directa de servicios de provisión de viandas al sistema penitenciario provincial, adjudicado por más de $54.000 millones a la firma Clisa Interior S.A.
- La Comisión estará compuesta por un miembro de cada bloque legislativo con representación en ambas cámaras, "resguardando el principio de proporcionalidad política", y será presidida por un miembro propuesto por el cuerpo legislativo.
- La Comisión contará con un plazo de noventa (90) días desde su constitución para emitir un informe preliminar, pudiendo prorrogarse por única vez por un período adicional de sesenta (60) días mediante resolución fundada.
La Comisión estará facultada para:
a) Solicitar documentación respaldatoria de los actos administrativos vinculados al proceso licitatorio.
b) Convocar a funcionarios, responsables técnicos y representantes de las empresas intervinientes.
c) Requerir informes a organismos de control, incluyendo la Contaduría General y el Tribunal de Cuentas.
d) Recomendar, en su caso, la remisión de antecedentes a los órganos judiciales y de control pertinentes.
