El diputado provincial Lucas Ilardo (Fuerza Patria) presentó un proyecto de ley para evitar la extinción de causas penales a través de un sistema de alertas.
El diputado provincial Lucas Ilardo (Fuerza Patria)
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Prensa Diputados
Mientras el Gobierno provincial elabora su proyecto de ley para modificar los plazos de la Suprema Corte de Justicia, el kirchnerismo presentó en la Legislatura su propia iniciativa denominada “Ley Alan Villouta”, en busca de evitar la extinción de causas penales. La iniciativa del diputado provincial Lucas Ilardo (Fuerza Patria) establece un marco institucional de control para impedir que el paso del tiempo “opere a favor de la impunidad”.
La propuesta que ingresó en la Cámara de Diputados busca que las demoras burocráticas o la falta de seguimiento dejen de beneficiar a los imputados con la prescripción penal, sostiene el autor.
"La demora judicial no puede transformarse en una forma indirecta de impunidad; ni una víctima ni su familia deberían descubrir, como ocurrió en el caso de Alan, que el reloj seguía corriendo sin que el sistema encendiera una alarma", remarcó Ilardo.
En el plano operativo, el proyecto impulsado en memoria de Alan Villouta incorpora los artículos 159 bis, ter y quater al Código Procesal Penal para crear el Sistema de Alerta de Prescripción.
A través de esta herramienta informática, el sistema judicial calculará de forma permanente los plazos de vigencia de las acciones penales y emitirá notificaciones automáticas y simultáneas a jueces, fiscales, querellas y defensas cuando resten doce, seis, tres meses o treinta días para el vencimiento de los expedientes, explican desde el bloque Fuerza Patria.
El articulado fija una tramitación escalonada para evitar la prescripción de causas como la de Alan Villouta: los expedientes adoptarán carácter preferente a los seis meses, urgente a los tres meses y emitirán un aviso crítico a las máximas autoridades judiciales a los treinta días de su límite.
Asimismo, la norma contempla una regla especial para procesos que ya cuenten con condena no firme, determinando su tratamiento con máxima urgencia y preferencia durante sus últimos doce meses de vigencia procesal.
Además, la ley impone a los fiscales un plazo perentorio de cinco días hábiles tras recibir una alerta para revisar la causa y formular los pedidos de pronto despacho o denuncias por retardada justicia que correspondan, explica el autor.
El incumplimiento injustificado acarreará sanciones disciplinarias bajo la Ley 8008, garantizando además el derecho de información inmediata a las víctimas frente a cualquier riesgo de extinción de la acción, sostiene el proyecto.
La iniciativa exige un registro inalterable de demoras y la obligación de que la Suprema Corte y el Ministerio Público Fiscal envíen anualmente un informe estadístico a la Legislatura con el detalle de las causas extinguidas. El proyecto establece un plazo perentorio de noventa días para la implementación informática obligatoria en todo el territorio provincial.
El borrador del proyecto lo elaboró el diputado radical Franco Ambrosini y el subsecretario de Justicia, Juan Carlos Jaliff, trabajará en ese texto para la redacción final de la iniciativa del Poder Ejecutivo, pudo saber Los Andes.
El funcionario provincial señaló a este diario el martes pasado: “No me quiero adelantar porque es un tema complejo. Quiero ver bien la redacción y la técnica jurídica, qué leyes vamos a modificar”.
Y advirtió que en principio las normativas a modificar podrían ser la ley Orgánica de Tribunales (que ya había sido modificada en 2022, aplicando cambios sustanciales en el funcionamiento de la Corte) y el código procesal.
El proyecto en proceso, que entraría a la Legislatura a comienzos de la semana que viene, buscará aplicar “plazos fatales” para las resoluciones de la Corte y estará exclusivamente acotada a las causas del fuero penal.
“Lo que hay que hacer es introducir reformas, porque los plazos de los ministros de la Corte no son fatales, y que en el caso de no cumplirlos se aplique mal desempeño”, indicó por su parte Ambrosini sobre la iniciativa que se comienza a discutir.
Ambrosini afirmó que pedirá una “devolución rápida" de Jaliff y de la ministra de Seguridad y Justicia Mercedes Rus para avanzar con el proyecto, que al final podría ser enviado a la Legislatura como iniciativa del Poder Ejecutivo.
Además de circunscribirlo al ámbito penal, el diputado radical señaló que el problema radica más que nada en las causas que no tienen detenidos. “Cuando tienen detenidos, las causas se atienden”, aseguró Ambrosini. Pero ese no era el caso de la muerte de Villouta.
