El Ejecutivo oficializó la creación del Sistema de Articulación de la Política Exterior, que estará coordinado por la Cancillería. Los detalles.
El Gobierno creó un nuevo sistema para coordinar la política exterior y reforzó el control sobre las gestiones por Malvinas.
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Este viernes el Gobierno nacional oficializó la creación del Sistema de Articulación de la Política Exterior, un mecanismo que estará bajo la coordinación de la Cancillería y tendrá como objetivo central garantizar que las distintas gestiones internacionales de los organismos del Estado sean coherentes con los lineamientos de política exterior definidos por el Poder Ejecutivo.
La medida fue establecida mediante el Decreto 983/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial, y contempla una atención específica sobre cualquier actividad que pueda tener incidencia en el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, además de los espacios marítimos e insulares correspondientes.
El nuevo sistema "tendrá a su cargo la implementación de mecanismos de información, coordinación y asesoramiento" sobre las actividades internacionales que desarrollen las distintas jurisdicciones y organismos de la Administración Pública Nacional.
A partir de la nueva normativa, los integrantes de la Administración Pública Nacional deberán informar a la Cancillería, en su carácter de coordinadora del sistema, sobre determinadas actividades internacionales que involucren a autoridades de otros Estados, organismos internacionales o sujetos de derecho internacional.
La obligación alcanzará a "reuniones, comunicaciones, gestiones, negociaciones y otras actividades internacionales" que puedan tener consecuencias para la política exterior argentina.
Entre los casos contemplados se encuentran aquellos que puedan:
El decreto también establece algunas excepciones. Quedan fuera del Sistema de Articulación las "gestiones ante organismos financieros internacionales, bancos multilaterales de desarrollo y entidades similares" cuando estén exclusivamente relacionadas con cuestiones financieras, crediticias, presupuestarias, técnicas o con la ejecución de programas propios de la jurisdicción correspondiente.
En tanto, cuando la información involucrada esté alcanzada por un régimen especial de reserva, confidencialidad o secreto, deberá aplicarse la normativa específica correspondiente.
