El Gobierno de Mendoza dispuso la intervención administrativa de la Federación Mendocina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios debido a una serie de irregularidades institucionales, dificultades para regularizar su funcionamiento y una situación de presunta acefalía en la conducción de la entidad.
La decisión fue oficializada mediante el Decreto 2146, firmado por el gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, y publicado este jueves 8 de octubre en el Boletín Oficial de la provincia.
La medida establece una intervención plena por el plazo de seis meses, que comenzará a contabilizarse a partir de la puesta en funciones del interventor.
Durante ese período, las actuales autoridades serán desplazadas y la conducción quedará a cargo de un funcionario designado para avanzar en la normalización institucional.
Para cumplir esa tarea, el Ejecutivo provincial designó a Sergio Fabián Quinzano, actual presidente de la Asociación Bomberos Voluntarios Ciudad de Mendoza, quien asumirá las facultades y responsabilidades correspondientes a los órganos de conducción de la Federación.
Las irregularidades que motivaron la intervención
De acuerdo con los fundamentos del decreto, la decisión se tomó a partir de las actuaciones realizadas por la Dirección de Personas Jurídicas y Registro Público de Mendoza, organismo que venía analizando la situación administrativa de la Federación y de distintas asociaciones que la integran.
En particular, el expediente incluye un dictamen legal fechado el 15 de septiembre de 2026, en el que se advierte sobre el estado de irregularidad de la entidad y de diversas organizaciones de primer grado que forman parte de su estructura.
El documento también hace referencia a las reiteradas intimaciones efectuadas para alcanzar su regularización, sin que los mecanismos implementados hasta el momento permitieran resolver las observaciones formuladas por las autoridades provinciales.
A esta situación se sumaron denuncias presentadas por asociaciones federadas que se encontraban en situación regular, las cuales advirtieron sobre una “virtual acefalía” en la conducción de la Federación.
Según la evaluación realizada por la Dirección de Personas Jurídicas, estas circunstancias comprometían el funcionamiento normal de la organización y reunían los requisitos legales necesarios para avanzar con una intervención administrativa.
El decreto señala que la medida se encuentra contemplada en los artículos 60, 61 y 62 de la Ley provincial 9577, que facultan al Poder Ejecutivo a intervenir asociaciones civiles y fundaciones cuando se detectan anomalías manifiestas que afectan su funcionamiento institucional.
Quién es el interventor designado
El Gobierno provincial resolvió que la conducción transitoria de la Federación quede en manos de Sergio Fabián Quinzano, quien actualmente se desempeña como presidente de la Asociación Bomberos Voluntarios Ciudad de Mendoza.
Su nombre fue propuesto mediante una nota del 23 de septiembre, en la que participó el director de Defensa Civil, en respuesta a un requerimiento realizado por la Dirección de Personas Jurídicas.
Entre los fundamentos de la designación se destacó la experiencia de Quinzano en actividades vinculadas al sistema de bomberos voluntarios y el hecho de que no integró la Comisión Directiva de la Federación durante los últimos años.
El decreto establece que el interventor contará con todas las atribuciones, facultades, deberes y responsabilidades que la legislación asigna a los órganos y funcionarios de la institución.
De esta manera, tendrá a su cargo la administración de la entidad durante el período establecido por el Ejecutivo, con el objetivo de resolver las observaciones que dieron origen a la medida.
Qué deberá hacer el interventor durante los seis meses
La intervención tendrá como principal objetivo regularizar la situación administrativa, contable e institucional de la Federación Mendocina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios.
Según lo establecido en la Resolución 4493/26 de la Dirección de Personas Jurídicas, una de las tareas centrales será actualizar la documentación de la organización y poner al día sus estados contables.
También deberá avanzar en la adecuación del estatuto de la Federación a las disposiciones vigentes del Código Civil y Comercial de la Nación.
Otra de las obligaciones específicas será la regularización del Libro de Registro de Asociados, una documentación necesaria para determinar la composición de la entidad y el cumplimiento de las condiciones institucionales correspondientes.
Además, el interventor deberá realizar los actos administrativos y las actuaciones que resulten necesarios para restablecer el funcionamiento de la organización de acuerdo con las disposiciones de la Ley 9577.
El Ejecutivo provincial aclaró en los fundamentos del decreto que la intervención tiene un carácter “excepcional, temporario y provisional”, por lo que sus alcances deberán limitarse a las acciones necesarias para superar las irregularidades detectadas.
La normativa establece que el desplazamiento de las autoridades debe estar orientado a recuperar el funcionamiento institucional de la Federación y no extenderse más allá de lo necesario para alcanzar ese objetivo.
El decreto