La Cancillería cuestionó el documento británico que respalda a empresas, proveedores e inversores vinculados con las islas y ratificó la aplicación de las leyes argentinas sobre actividades hidrocarburíferas.
El Gobierno cruzó al Reino Unido por su guía para empresas en Malvinas y apuntó contra Sea Lion.
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El Gobierno argentino rechazó la guía difundida por el Reino Unido para respaldar a empresas, proveedores e inversores vinculados con las Islas Malvinas. También anticipó que profundizará las medidas contra las compañías que desarrollen actividades sin autorización argentina.
La Cancillería sostuvo que la legislación nacional continuará aplicándose “con todo su rigor” y cuestionó que una decisión adoptada por Londres pueda dejar sin efecto las normas argentinas.
La reacción oficial se produjo luego de que el gobierno británico publicara un documento destinado a compañías y otros actores económicos relacionados con el archipiélago. Según la Cancillería, esa guía sostiene que la Argentina no tiene jurisdicción sobre las empresas que operan en las islas y ofrece respaldo británico frente a eventuales sanciones o reclamos argentinos.
Frente a la posición británica, el Ejecutivo ratificó la aplicación de las leyes 26.659 y 26.915, vinculadas con las actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina.
De acuerdo con el comunicado oficial, ese marco fue reforzado mediante el Decreto 868/2026 y permite avanzar con sanciones contra empresas, inversores y proveedores que intervengan directa o indirectamente en actividades que no cuenten con autorización argentina.
“Ninguna guía gubernamental extranjera ni decisión comercial privada puede situarse por encima del derecho nacional argentino y del derecho internacional”, sostuvo la Cancillería.
El Gobierno plantea que la guía difundida por Londres no modifica el esquema jurídico argentino y que las medidas continuarán alcanzando a los distintos actores vinculados con actividades en las islas.
La Cancillería también detalló el alcance de las acciones iniciadas hasta el momento. Según informó, envió cerca de 180 notas de advertencia y asunción de riesgos a personas físicas y jurídicas ubicadas en 30 países y vinculadas con actividades en las islas.
Además, señaló que existen 60 procedimientos administrativos en curso y que la Sindicatura General de la Nación realizó tres denuncias penales que alcanzan a 10 empresas y sus directivos.
La intención del Gobierno es ampliar el alcance de estas medidas a medida que sean identificados nuevos actores dentro de las cadenas comerciales y financieras relacionadas con las actividades cuestionadas. Los datos difundidos por la Cancillería coinciden con reportes publicados sobre la cantidad de advertencias, procedimientos y denuncias iniciados.
Uno de los principales puntos de la ofensiva oficial continúa siendo Sea Lion, el proyecto petrolero ubicado en la Cuenca Malvinas Norte.
La Cancillería mencionó a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum y volvió a cuestionar las licencias otorgadas para avanzar con la explotación de hidrocarburos en la zona. Ambas compañías están vinculadas al desarrollo del proyecto, que constituye uno de los principales focos de la disputa entre la Argentina y el Reino Unido.
En este contexto, el Gobierno convocó a los embajadores del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y de Israel para transmitirles formalmente sus objeciones. Según la Cancillería, durante esos encuentros se cuestionó el avance de Sea Lion y el conjunto de medidas relacionadas con las licencias, los incentivos y la contratación de proveedores.
El Gobierno considera que las medidas no deben concentrarse únicamente en las empresas radicadas en las islas. Por eso, la estrategia oficial contempla también a contratistas, financistas, aseguradoras, proveedores e inversores que tengan activos o intereses en otros países.
La intención es ampliar la presión sobre los distintos eslabones comerciales y financieros que puedan estar vinculados con actividades que la Argentina considera no autorizadas. La Cancillería también invocó la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que insta a las partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales mientras permanezca pendiente una solución a la disputa de soberanía.
El Ejecutivo sostiene que las actividades hidrocarburíferas impulsadas desde las islas generan “efectos futuros potencialmente irreversibles” y comprometen recursos naturales que la Argentina considera propios. Ese planteo forma parte de los argumentos jurídicos y diplomáticos de la ofensiva anunciada por el Gobierno.
A pesar del endurecimiento de las medidas contra empresas vinculadas con actividades en las islas, la Cancillería reiteró la disposición argentina a reanudar las negociaciones bilaterales con el Reino Unido.
La propuesta contempla discutir la soberanía sobre las Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, de acuerdo con las resoluciones de las Naciones Unidas.
De esta manera, el Gobierno combina la profundización de las medidas contra empresas y actores vinculados con actividades hidrocarburíferas en las islas con el planteo de retomar el diálogo bilateral sobre la disputa de soberanía.
