El gobierno del Reino Unido oficializó una guía de protección económica para respaldar a las empresas que operan en las Islas Malvinas frente al endurecimiento de las medidas anunciadas por el Ejecutivo argentino.
El gobierno británico publicó una guía oficial para apoyar a las firmas petroleras de las acciones legales impulsadas por el gobierno de Javier Milei.
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El gobierno del Reino Unido oficializó una guía de protección económica para respaldar a las empresas que operan en las Islas Malvinas frente al endurecimiento de las medidas anunciadas por el Ejecutivo argentino.
La publicación marca la primera respuesta institucional de Londres tras los decretos e iniciativas judiciales impulsadas por la administración argentina contra la actividad petrolera y pesquera en el archipiélago.
La guía, titulada “Doing business with the Falkland Islands” y redactada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, ratifica el apoyo a la actividad privada y desconoce cualquier pretensión de Argentina de aplicar su legislación o ejercer jurisdicción sobre las compañías allí radicadas.
Además de restar peso a eventuales notificaciones judiciales enviadas desde Buenos Aires, el Ejecutivo británico ofreció asesoramiento legal independiente e intervención diplomática directa ante terceros países en caso de que las firmas sufran presiones comerciales por sus negocios en las islas. Londres sustentó su postura en el derecho a la autodeterminación de los isleños para regular su economía y explotar sus hidrocarburos.
“El Gobierno del Reino Unido apoya plenamente el derecho de los habitantes de las Islas Malvinas a regular su economía y desarrollar sus recursos naturales, incluidos los hidrocarburos, en beneficio económico propio. Esto constituye una parte integral de su derecho a la autodeterminación”, describe el texto oficial.
“El Gobierno del Reino Unido no tiene ninguna duda sobre la soberanía del Reino Unido sobre las Islas Malvinas y las áreas marítimas circundantes. No discutiremos la soberanía a menos que y hasta que los isleños así lo deseen”, expresa el documento.
Por su parte, la Argentina aceleró las acciones contra el desarrollo del proyecto petrolero Sea Lion, un yacimiento de aguas profundas ubicado a 220 kilómetros al norte de las islas con un plan de extracción inicial de 170 millones de barriles de crudo.
La estrategia oficial incluyó el inicio de expedientes administrativos a 60 personas y empresas, querellas penales contra firmas como Navitas Petroleum y Eco Atlantic Oil & Gas, e inhabilitaciones como la aplicada a Rockhopper Exploration.
La amenaza de sanciones para operar en el territorio continental provocó que gigantes internacionales de servicios petroleros como Halliburton y Baker Hughes descartaran su participación en el proyecto en Malvinas.
En tanto, la Casa Rosada ultimó los detalles técnicos del proyecto de ley de "defensa de la soberanía nacional" para girarlo al Congreso, con el objetivo de endurecer las sanciones a directivos, accionistas y proveedores del sector.
Pese a la escalada bilateral, el canciller argentino Pablo Quirno afirmó que el país está actuando "a derecho" y sostuvo que los debates internos sobre autodeterminación dentro del propio Reino Unido terminan favoreciendo la posición argentina.
