El Gobierno de Milei logró este miércoles una victoria legislativa: aprobó el proyecto que habilita el pago a los últimos acreedores que mantienen demandas activas contra la Argentina por el default de 2001. La iniciativa quedó convertida en ley tras su paso por la Cámara de Diputados.
La votación terminó con 139 votos afirmativos y 97 negativos, resultado que permitió completar el trámite parlamentario antes del vencimiento del plazo. El cierre de esa negociación estaba previsto para los próximos días, por lo que el tratamiento tenía carácter urgente para el oficialismo.
El proyecto otorga la autorización al Gobierno para poder “pagar los Acuerdos de Conciliación”.
Dicho acuerdo implica pagar US$ 67 millones de dólares para Bainbridge Ltd. y US$ 104 millones al grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP de “forma simultánea” a la acreditación de los bonos libres de todo gravamen para su inmediata cancelación y extinción.
Desde el Gobierno sostienen que el entendimiento alcanzado incluye una reducción superior al 30% sobre los montos reclamados. Además, remarcaron que evita nuevos costos judiciales e intereses adicionales contemplados bajo la legislación de Nueva York.
Pago a fondos buitres: qué argumenta el Gobierno
El diputado libertario Bertie Benegas Lynch aseguró que el pago a los dos fondos buitre buscará cerrar después de 25 años “una herida de deshonra internacional y el significado literal que tiene el descrédito”.
En ese hilo, acusó al kirchnerismo de “ser irresponsables y sinvergüenzas políticos porque votaron una cesación de pagos arrastrando a los argentinos”, en referencia a la ley de Pago Soberano.
Al defender el dictamen, Benegas Lynch afirmó que “vivimos la vergüenza de pasar por los procesos de Discovery y los embargos judiciales”. En tanto, para evitar que esto vuelva a suceder “es que no vuelva a ganar el peronismo”. La forma de desembarazarnos de esto “será lo que hagan los argentinos en 2027”.
“Fueron irresponsables y sinvergüenzas políticos porque votaron una cesación de pagos arrastrando a los argentinos a una nueva aventura de decadencia”, agregó.
Benegas Lynch sumó que es urgente votar el proyecto porque “se negoció una condición de quita un 30% de este remanente; se nos exime de pagar honorarios legales; y judicialmente, los acreedores se comprometen a no hacer nueva acciones legales”.
Advirtió que “si no la aprobamos, cae el Acuerdo de Conciliación y se renuevan las instancias de litigios” y agregó que “no me entra en la cabeza que se vote en contra de esto”.