Con la nueva ley, Rosario podría tener allanamientos masivos y penas más duras contra las bandas. La resolución del Gobierno se publicó hoy en el Boletín Oficial.
El Gobierno activó la Ley Antimafias en Rosario y pidió que sea una zona sujeta a investigación especial.
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NA El Gobierno nacional oficializó este viernes su intención de aplicar por primera vez en el país la flamante Ley Antimafias en Rosario, la ciudad más golpeada por el crimen organizado. A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Seguridad solicitó a la Justicia Federal que declare a la ciudad santafesina como “zona sujeta a investigación especial”.
La medida se enmarca en la Ley Federal Integral de Lucha contra el Delito Organizado N.º 27.786, sancionada el pasado 20 de febrero durante las sesiones extraordinarias del Congreso. Esta normativa brinda herramientas judiciales y procesales inéditas para enfrentar a organizaciones criminales, incluyendo allanamientos masivos, extensión de plazos de detención preventiva y la eliminación de atenuantes para todos los miembros de una banda delictiva.
“El Ministerio está habilitado a pedirle a la Justicia que declare una zona sujeta a investigación especial. También lo pueden hacer los fiscales, la procuración, no solo el Ministerio de Seguridad, tomando la iniciativa en función a la información que brinda la inteligencia criminal sobre las organizaciones actuales”, explicó Germán Pugnaloni, director Nacional de Prevención del Delito, en declaraciones a Clarín.
Según detalló el funcionario, la norma “habilita herramientas procesales y prácticas a los fiscales para poder dar una batalla contra estas organizaciones”. Entre otras cosas, permite allanamientos encadenados sin necesidad de autorización judicial individual, así como la aplicación de la pena más grave para todos los integrantes de una estructura mafiosa, eliminando distinciones entre roles principales y secundarios.
Desde el Ministerio que conduce Patricia Bullrich se basaron en dos elementos clave para solicitar la activación del protocolo especial en Rosario. Por un lado, el pedido formal del gobernador Maximiliano Pullaro, quien había solicitado la conformación de un comité de crisis tras la ola de ataques contra choferes de colectivos, taxistas y el crimen de un playero a comienzos de 2024. Esa emergencia, declarada entonces, continúa vigente.
Por otro, información confidencial provista por la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, que confirma la actividad de bandas criminales organizadas en Rosario vinculadas a los delitos tipificados por la ley: asociación ilícita, lavado de activos, corrupción, delitos informáticos, financiación del terrorismo y otras prácticas delictivas realizadas de forma sistemática.
“La ley da la posibilidad de prolongar los plazos de detención muy por encima de lo que prevé el Código Procesal Penal, algo muy novedoso”, remarcó Pugnaloni. También destacó que se elimina la necesidad de solicitar autorización caso por caso para realizar allanamientos múltiples, lo que permitirá respuestas más ágiles ante las investigaciones en curso.
En el Gobierno esperan que la Justicia Federal dé luz verde en los próximos días al pedido formal para declarar a Rosario como “zona sujeta a investigación especial”. De concretarse, marcaría un hito en la lucha legal contra las organizaciones criminales en Argentina y abriría la puerta para replicar esta figura en otras zonas del país con fuerte presencia del crimen organizado.