El canciller aclaró que nuestro país contribuyó con alimentos en un avión Hércules para "saltar los bloqueos que están haciendo quienes simpatizan con Evo Morales".
Milei junto al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz.
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El ministro de Relaciones Exteriores, Culto y Comercio Internacional, Pablo Quirno, desestimó este miércoles las acusaciones lanzadas por el expresidente boliviano Evo Morales, quien había denunciado una supuesta colaboración militar y el envío de elementos antidisturbios por parte del gobierno de Javier Milei para reprimir las manifestaciones sociales en el vecino país.
En declaraciones radiales a Mitre, el canciller aclaró el verdadero motivo del despliegue logístico y apuntó con dureza contra los sectores que promueven las protestas.
“Esto comprueba lo que es el eje del mal. La Argentina ha contribuido con un avión Hércules para transportar alimentos, que son alimentos bolivianos, para saltar los bloqueos que están haciendo quienes simpatizan con Evo Morales”, aclaró Quirno.
Además, el canciller de Bolivia, Fernando Aramayo, aprovechó la oportunidad para transmitir un profundo agradecimiento hacia la gestión de Milei por la asistencia humanitaria en un contexto de extrema fragilidad interna, donde las agrupaciones campesinas alineadas con Morales exigen la dimisión del presidente Rodrigo Paz Pereira (centroderecha).
Aramayo elevó la tensión institucional al confirmar que el Palacio Quemado recurrirá a los tribunales internacionales para ponerle freno a Morales, quien actualmente se encuentra prófugo y con causas judiciales pendientes.
“Lo que está sucediendo en el país ya tiene un rostro inexcusable, que es el del expresidente Evo Morales. Eso es sedición, el daño al orden público, las acciones que se están tomando, tres muertos por los bloqueos ya por haberse negado a prestar incluso asistencia humanitaria. Eso es terrorismo de Estado”, declaró.
Volviendo a Quirno, el canciller ratificó que existe un bloque regional consolidado y con una fluida sintonía política que respalda la institucionalidad en el altiplano. Este frente de apoyo internacional está integrado por la Argentina junto a Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú.
Bolivia atraviesa hace dos semanas una de las crisis políticas y económicas más delicadas de los últimos años, con un escenario marcado por protestas masivas, bloqueos de rutas y fuertes enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.
Aunque las movilizaciones comenzaron de manera intermitente a principios de año, la conflictividad social escaló con fuerza durante mayo y profundizó la incertidumbre en todo el país.
El foco principal del conflicto se concentra en el departamento de La Paz, donde sectores campesinos alineados a Evo Morales mantienen bloqueadas carreteras desde hace casi dos semanas. A eso se suman cortes y protestas en regiones como Oruro, Cochabamba, Chuquisaca, Potosí y Santa Cruz.
La capital administrativa permanece prácticamente aislada del resto del país debido a los piquetes impulsados por la Federación de Campesinos Tupac Katari con apoyo de la Central Obrera Boliviana.
Las manifestaciones derivaron en episodios de extrema tensión. En las inmediaciones de la plaza Murillo, donde funcionan las sedes del Poder Ejecutivo y Legislativo, manifestantes arrojaron piedras y detonaron dinamita y petardos contra la Policía, que respondió con gases lacrimógenos para impedir el avance de las columnas. También se registraron destrozos en edificios públicos y privados, saqueos a comercios, quema de mobiliario urbano e incluso la incineración de un vehículo policial.
El saldo de la crisis ya dejó al menos cuatro muertos y más de 30 heridos, según reportes oficiales y medios locales.
El agravamiento del conflicto ocurre en un contexto de fuerte deterioro económico, escasez de combustibles, presión inflacionaria y creciente desgaste político del gobierno boliviano de Paz.