Entre ellos está la extensión o creación de un sistema que reforme la moratoria previsional que el Gobierno dejó caer en marzo.
La oposición presionará al Gobierno de Milei con tres temas clave en la Cámara de Diputados.
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Captura de video Desde la Cámara de Diputados, la oposición intensifica la presión sobre el presidente Javier Milei abordando tres cuestiones delicadas: la emergencia en discapacidad, la reducción de retenciones, y la posibilidad de prolongar o sustituir la moratoria previsional que el Ejecutivo dejó vencer en marzo.
El martes se reunió el plenario conformado por las comisiones de Discapacidad, Acción Social y Presupuesto. Durante el encuentro, se emitieron dictámenes sobre cuatro iniciativas distintas para declarar la emergencia en discapacidad, todas con amplio respaldo político. Incluso bloques afines a La Libertad Avanza, como la UCR, el PRO y el MID, acompañaron la propuesta con sus propios proyectos.
Como sucedió anteriormente con las leyes de financiamiento universitario y la actualización de haberes jubilatorios, el objetivo es encontrar consensos que permitan avanzar en el recinto, pese a que el oficialismo ya advirtió que podría vetar estas normas, como lo hizo en esas ocasiones.
Una muestra del escaso compromiso del Gobierno con esta temática fue la ausencia del presidente de la comisión de Presupuesto, José Luis Espert, quien debía encabezar la sesión tras haber sido emplazado por el pleno. En su lugar, condujo la reunión el vicepresidente de la comisión, Carlos Heller, de Unión por la Patria.
El próximo martes volverá a reunirse el plenario de las comisiones de Previsión Social y Presupuesto, con el objetivo de emitir dictamen el 13 de mayo sobre los proyectos que buscan reactivar la moratoria previsional que fue desactivada por Javier Milei en marzo, o bien establecer un nuevo esquema con ciertas modificaciones para reemplazarla.
Las propuestas de Unión por la Patria y la Izquierda apuntan a prorrogar la moratoria por al menos dos años. En contraste, otros proyectos, como el presentado por Nicolás Massot, proponen un modelo basado en una prestación mínima universal, complementada con un monto adicional proporcional a los años de aportes realizados por quienes no alcanzan los 30 años exigidos para jubilarse.
Inicialmente, la UCR también se inclinaba por una fórmula proporcional según los años de aportes, postura que ya había manifestado durante la discusión de la Ley Bases. Por eso, al menos una parte del bloque podría alinearse con este enfoque.
La eliminación de la moratoria deja como única opción la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), cuyo monto actual es de $228.000 y que solo está disponible a partir de los 65 años. Para las mujeres, que podían acceder a la jubilación con moratoria desde los 60, esto representa una postergación de cinco años en el acceso al beneficio.
Se estima que la eliminación del régimen anterior impacta en 7 de cada 10 mujeres y 1 de cada 2 hombres, en un país donde cerca del 50 % de los trabajadores están en la informalidad.
Por otro lado, el diputado radical Atilio Benedetti ya convocó a la comisión de Agricultura para el próximo miércoles, y todo indica que están en condiciones de avanzar con un dictamen. Hay iniciativas más radicales que plantean la eliminación total de las retenciones, y otras que proponen una reducción paulatina hasta llegar a su eliminación completa.
Este asunto tiene impacto directo en las economías regionales y, por eso, trasciende las divisiones partidarias. Prueba de ello es que hay propuestas impulsadas por legisladores cordobeses alineados con el gobernador Martín Llaryora, así como también del PRO, de Encuentro Federal y del bloque Democracia para Siempre. Incluso un diputado entrerriano cercano a Rogelio Frigerio ha suscrito uno de los proyectos.
Sin embargo, el tratamiento completo de la cuestión requiere el paso por la comisión de Presupuesto, presidida por José Luis Espert, quien ya ha dejado claro que no tiene intenciones de convocarla para discutir este tema.
Frente a esto, la estrategia de la oposición es avanzar con el dictamen de Agricultura y, en la próxima sesión, impulsar el emplazamiento de la comisión de Presupuesto. Es decir, forzar su convocatoria mediante votación en el recinto.