Diputados de La Unión Mendocina presentaron un proyecto para que el Poder Ejecutivo "agilice el cumplimiento" del pago de acciones a 1.500 extrabajadores de la empresa estatal de energía, que fue privatizada en 1997.
Jorge Difonso, Laura Balsells Miró, Rolando Scanio, Flavia Manoni y Edgardo Civit Evans.
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Diputados de La Unión Mendocina (LAUM) presentaron un proyecto para que la Cámara Baja de la provincia declare su preocupación por el tiempo transcurrido sin que los empleados desvinculados de EMSE hace casi 30 años cobren las acciones que poseían en la extinta empresa estatal de energía eléctrica.
El proyecto fue presentado por el bloque de LAUM con las firmas de los diputados Jorge Difonso, Rolando Scanio, Edgardo Civit, Cintia Gómez y Laura Balsells. El objetivo es "solicitar al Poder Ejecutivo que agilice el cumplimiento" del pago de acciones en concepto del Programa de Propiedad Participativa (PPP) a los cerca de 1.500 exempleados de EMSE o a sus herederos.
La historia es muy vieja. En 1997 se aprobó la ley de privatización de la empresa eléctrica Energía Mendoza Sociedad del Estado (EMSE) y la creación de las sociedades anónimas Edemsa, Edeste S.A. y Gemsa. A partir de la reestructuración del sistema eléctrico, alrededor de 1.500 empleados fueron desvinculados, luego de acordar el pago de acciones en concepto de indemnización. Pero 30 años después, continúan esperando.
El Programa de Propiedad Participativa fue presentado luego de la privatización como una medida de reparación y seguro de retiro para los empleados despedidos tras la privatización. Mediante el decreto 1641/99 se estableció que el 10% del capital accionario de las nuevas compañías quedara en manos de los exempleados. Además, las acciones recibidas no podían transferirse libremente y serían administradas por un fideicomiso: la Asociación PPP.
Según el proyecto legislativo de LAUM, el sistema PPP fue presentado en la década del '90 como "un modelo virtuoso" de participación frente a las privatizaciones; pero demostró 30 años después ser "una política pública mal diseñada y peor controlada".
Es que la Asociación PPP, vinculada al Sindicato Luz y Fuerza, asumió el rol de representante legal y concentró el manejo de las acciones y fondos, pero fue denunciada por los exempleados en varias ocasiones por "falta de transparencia y concentración del poder", excluyendo a los verdaderos titulares.
En 2005, la ley provincial 7.423 estableció la asignación de $600.000 anuales a la Asociación, que al día de hoy serían más de 655 millones de pesos, pero los ex empleados aseguran que nunca tuvieron acceso a información sobre el destino de esos fondos.
En 2021, la jueza del Cuarto Tribunal de Gestión Asociada Fabiana Munafó resolvió que el Estado debía responder por los daños y perjuicios generados por la Asociación PPP y asegurarse que lo trabajadores reciban los beneficios prometidos.
"El programa que debía compensar a los extrabajadores de la empresa eléctrica estatal terminó con 16 fallos firmes en contra del Estado", remarca el proyecto de La Unión Mendocina. En 2024 la Cuarta Cámara Civil ratificó las sentencias de 16 causas y una pericia judicial determinó en febrero de 2025 que el monto actualizado alcanzaría los $4.296 millones, alrededor de $ 31 millones por beneficiario.
Sin embargo, el Gobierno provincial y la Fiscalía de Estado impugnaron las liquidaciones. Los pagos siguen paralizados, y en muchos casos, debido al tiempo transcurrido, son los herederos los que lo reclaman.
En los últimos meses, el Senado provincial recibió tres notas. Una de autoridades de la Asociación PPP, otra de un extrabajador y la restante presentada por 225 Accionistas PPP Autoconvocados, entre los que se encuentra Raúl Gómez Saá, Patricia Acosta, José Nosal y Eduardo Melica.
En la nota, además de explicar su situación, los autoconvocados proponen que el Estado compre sus acciones, "adquiriendo un capital en lugar de pagar daños, perjuicios y abogados", y dando así una solución a muchos años de frustraciones y espera.