La fundación Nuestra Mendoza planteó una serie de sugerencias al proyecto de ley que crea un Índice Provincia del Transparencia Pública que ingresó en la Cámara de Diputados.
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Gobierno de Mendoza
En el marco del debate de una reforma a la Ley 9.070 de Acceso a la Información Pública para crear un Índice Provincial de Transparencia Pública (IPTP), la fundación Nuestra Mendoza enumeró una serie de modificaciones que apuntan a mejorar el proyecto de ley impulsado por la diputada Griselda Petri (UCR).
Desde la ONG que dirige Facundo Heras consideran que la creación de un índice puede ser una herramienta positiva, pero advierten que no alcanzará con medir y publicar resultados si no se modifican los mecanismos de control y las consecuencias frente a los incumplimientos.
El proyecto ingresó a la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), que preside la diputada Beatriz Martínez (UCR).
La fundación Nuestra Mendoza planteó que el proyecto no contempla un control independiente, porque la Autoridad de Aplicación, que es la Oficina de Ética Pública y Acceso a la Información, forma parte del mismo sistema que “actualmente no garantiza el cumplimiento efectivo de la Ley 9070”.
También señalaron que, según la norma, la Autoridad de Aplicación tendría “la facultad de aprobar la metodología con la cual se evaluará el cumplimiento de la ley, sin exigir acuerdos, validaciones ni consensos con otros actores”.
Sobre todo, señalan que hay “falta de participación ciudadana”, porque el IPTP se presenta como una herramienta “exclusivamente técnica” y la ciudadanía queda “reducida a un papel pasivo”, en el que solo puede consultar resultados publicados en un portal.
Por último, indicaron que “el índice tiene un carácter meramente evaluativo”, es decir, que “no prevé obligaciones de adecuación, instancias de seguimiento ni consecuencias concretas”.
“Para producir una mejora real, el sistema debería contemplar, como mínimo, la elaboración de un plan obligatorio de regularización, el seguimiento de su cumplimiento, la identificación pública de los organismos incumplidores y un análisis periódico de los resultados por sector, jurisdicción, repartición u organismo. Sin estas herramientas, el índice carece de una finalidad reparadora y preventiva y corre el riesgo de convertirse en una medición sin efectos prácticos”, señalan desde Nuestra Mendoza sobre este punto.
A partir de estas observaciones, la organización enumeró propuestas que consideran que “ayudarían a mejorar el cumplimiento de la Ley 9070, a fortalecer la debilitada confianza en las instituciones del Estado y a lograr mejores políticas y con mejores resultados para la ciudadanía”.
“Este proyecto es una oportunidad para pensar soluciones que realmente modifiquen el sistema vigente, que distribuyan el poder de otra manera, que acerquen a la ciudadanía a sus representantes y que reconstruyan la confianza en las instituciones públicas, aspecto que resulta indispensable para una buena democracia”, plantearon a través de un comunicado.
“Lo realmente importante y donde creemos que debería enfocarse esta actualización de la Ley es cómo se elabora ese índice, quiénes definen -en el marco de lo planteado por la norma vigente- la información y la forma en que deben publicarla los diferentes sujetos obligados, cómo se analizan los resultados, qué se hace con los mismos y, fundamentalmente, qué lugar ocupa la ciudadanía en todo este proceso”, completaron.
