El relevamiento sobre la gestión de Diego Spagnuolo hasta agosto de 2025 encontró grandes diferencias informadas por dos áreas del organismo. Además, cuestionó el mecanismo utilizado para pagar bienes y servicios sin seguir los procedimientos habituales.
El extitular de Andis, Diego Spagnuolo
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Una auditoría sobre la exAgencia Nacional de Discapacidad (Andis) detectó una diferencia de $158.717 millones entre los registros internos de deuda. El relevamiento abarcó la gestión del organismo hasta el 21 de agosto de 2025, cuando Diego Spagnuolo dejó su cargo.
Según publicó La Nación, la cifra surgió de un análisis realizado por la intervención del organismo y corresponde a diferencias entre las deudas informadas por dos áreas clave. Parte de esos compromisos no había atravesado los controles administrativos establecidos.
El trabajo examinó la gestión y relevó pagos a droguerías, deudas, cajas chicas, equipos electrónicos, contratos, empleados y declaraciones juradas, supo la Agencia Noticias Argentinas.
La cifra exacta observada por los auditores fue de $158.717.131.557,63 y surgió al comparar la información de la Dirección de Presupuesto y Contabilidad (DPYC) con la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud (Dnass), que informó el monto de deuda más elevado.
El informe también advirtió sobre posibles imprecisiones en la información entregada por la Dnass. Desde esa dirección señalaron que tanto los importes como su clasificación podían haber registrado variaciones por errores involuntarios en la carga realizada por prestadores.
La Dnass se encuentra además bajo análisis del fiscal Franco Picardi en una causa que investiga un presunto fraude con posibles coimas de hasta el 20%. Según la acusación fiscal citada por el medio, los procesos de compra habrían presentado sobreprecios y deficiencias en los procedimientos administrativos.
La auditoría también observó la utilización de la figura de legítimo abono para pagar bienes o servicios ya entregados o cumplidos sin haber atravesado previamente los procedimientos ordinarios de contratación.
Según el informe, hasta la fecha de corte el organismo continuaba utilizando ese mecanismo y solo se habían iniciado seis procedimientos de compras vinculados con esos servicios.
La auditoría no identificó cuáles fueron los pagos efectuados bajo legítimo abono, pero detalló que los prestadores de medicamentos e insumos recibieron $479.504 millones entre 2024 y el 21 de agosto de 2025.
