La medida fue publicada en el Boletín Oficial. Gremios estatales manifiestan su rechazo.
Milei dijo que "obviamente" no va a haber devaluación, porque tras el acuerdo con el FMI "lo que faltan son pesos, no dólares".
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La Nación El Gobierno nacional estableció un sistema de premios salariales para los funcionarios que sean más eficientes a la hora de reducir personal en sus dependencias. La decisión fue formalizada a través de la Decisión Administrativa 7/25, publicada el el pasado jueves 20 de marzo en el Boletín Oficial, con la firma del Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
Según lo dispuesto en el artículo 5 del texto se establecerán retribuciones por eficiencia con foco en la baja de personal: "Podrán asignarse unidades retributivas adicionales a las autoridades superiores incorporadas al régimen de Gabinete de Asesores en función del ahorro presupuestario generado por la reducción de dotación de personal de la respectiva Jurisdicción, previa intervención de la Secretaria de Transformación del Estado y función pública del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y de la Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía”.
Desde el diario La Nación realizaron una estimación de acuerdo al valor de la Unidad Retributiva (UR) que en diciembre fue de $783, según la Base Integrada de Empleo Público (BIEP). A modo de ejemplo: en la Secretaría de Trabajo la dotación de empleados en 2023 era de 3600 y actualmente es de 2900. Es decir, hubo 700 bajas. A partir de esta cifra, y tomando un salario promedio del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), que es de $1.200.000, el organismo recibiría más de 64.000 UR adicionales. Sería el equivalente a casi $52 millones para repartir entre las autoridades superiores.
La normativa del gobierno de Javier Milei fue rechazada por los gremios estatales, que señalan que la oficialización se da a pocos días de que vuelvan a finalizar contratos en la administración pública, que son prorrogados cada tres meses, lo que incrementaría las unidades que cada funcionario responsable recibiría. Sin embargo, desde el gobierno nacional defendieron la decisión como parte del objetivo de reducir el déficit del Estado. “Reducir el tamaño del Estado es uno de los principales objetivos que nos trazamos y en eso estamos”, señaló una fuente de Casa Rosada consultada por La Nación.
Y detallaron que “las unidades se distribuyen en función de los objetivos de cada cartera y entre los objetivos está el ajuste. Es uno de los puntos, uno de los parámetros que deben alcanzar”. Ante esta medida, y en alerta por la posibilidad de una nueva ola de despidos, el gremio de los trabajadores del Estado convocó a una protesta para este jueves al mediodía en la sede de la secretaría de Trabajo, con movilización hasta la cartera de Desregulación.
Según manifestaron se trata “de un desvío de fondos en detrimento del pueblo, ya que el supuesto ahorro que busca generar el Gobierno con los despidos ilegales irá a parar al bolsillo de funcionarios de segunda o tercera línea hasta alcanzar la remuneración de ministro”. Desde el gobierno descartaron esta versión aludiendo que el ahorro por los sueldos no es equiparable a la distribución de las unidades.