ATE denunció que el acuerdo con los anestesistas es “ilegal” y ratificó el paro

Luego del acuerdo salarial logrado entre el Gobierno provincial y los anestesiólogos para reanudar 3500 cirugías programadas que estaban en espera, el gremio que nuclea a la mayor parte de trabajadores estatales salió al cruce con una denuncia y la ratificación de un paro general que llevarán adelante este jueves.

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El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Roberto Macho, afirmó este miércoles que “es totalmente vergonzoso” que el gobierno provincial haya acordado “con un grupo de personas que no llegan a ser 70 profesionales de salud, por fuera de la paritaria, de los ámbitos naturales y vulnerando toda normativa de legalidad de las leyes presentes”.

El dirigente sostuvo que ese acuerdo “plantea mayor precarización laboral, mayor trabajo en negro y pagos por productividad sin acondicionar esa situación al convenio colectivo de trabajo o la ley 7759″.

Por eso es que entiende que el acuerdo logrado entre los anestesiólogos y la ministra de Salud, Ana María Nadal, “ha dejado afuera a todos los demás trabajadores que están en un quirófano o que hacen equipos de salud”.

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“Es una vergüenza que en la distribución de riqueza, haya más dinero para los que más ganan y menos dinero para los que menos tienen”, comentó Macho, y agregó que “un trabajador en anestesia cobra una planta permanente, más una prestación transformada en lo que vendría ser productividad por cirugía, por ende tiene que tener un vademécum propio”.

“Estaban en el marco de los 30 mil y llegarán ahora a los 40 mil por guardia. Eso se entiende que el mínimo que cumple el guardia son 240 mil pesos semanales. A eso hay que multiplicarlo por 4, más el salario, estamos hablando de sueldos que superan ampliamente en 3 o 4 veces lo que cobra un técnico instrumentista”, reveló el sindicalista.

Además enfatizó: “Es lamentable el desconocimiento de las normas laborales diciendo que en las cargas horarias el resto del personal, se va a tener que adecuar a lo que hacen los anestesiólogos. La verdad es que no entienden que se trabaja en equipo y no se puede explotar a los técnicos, a los circulantes, a los enfermeros y a todos los que están haciendo una cirugía”

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Por otro lado, Macho ratificó que este jueves llevarán adelante una huelga general en conjunto con ATSA (Asociación de Trabajadores de la Salud Argentina) en los hospitales y establecimientos públicos de Administración Central y entes autárquicos y descentralizados. Su reclamo es por un aumento salarial de urgencia de $40 mil para todos los trabajadores del Estado.

“Se van a plantear todos estos reclamos porque la verdad es que el gobierno provincial no puede acordar con algunos y dejar por afuera a todos los demás trabajadores”, aseguró el representante gremial de ATE en relación al reclamo salarial y el acuerdo con los anestesistas.

A esta medida llegaron luego del anuncio realizado el viernes pasado en una conferencia de prensa. El frente estatal conformado por ATE, ATSA y APEL (Asociación del Personal Legislativo) planteó que no realizarían el paro, si el Ejecutivo los llamaba a negociar, algo que finalmente no ocurrió.

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Cabe recordar que el gobernador Rodolfo Suarez adelantó el aumento escalonado del 5 por ciento programado para septiembre para el mes de julio y anunció que la mesa paritaria también sería trasladada para ese mismo mes. Tanto ATE como el SUTE (Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación), los dos sindicatos con mayoría de representados a nivel estatal, rechazaron estas medidas y pidieron la reapertura inmediata de las negociaciones.

El sindicato docente, puntualmente, continúa con un plan de lucha acordado por las bases y no se pliega al paro convocado por ATE, ya que aseguran que ellos reclaman por paritarias desde el 1 de mayo cuando el gobernador habló ante la Asamblea Legislativa. “Muchos de los gremios que salen hoy, no estuvieron ese día reclamando con nosotros”, dijo la secretaria general Carina Sedano el viernes pasado antes de la multitudinaria marcha que realizaron por las calles del centro.

Esta semana el SUTE tiene programado entregar panfletos en distintos puntos de la provincia para visibilizar el estado “crítico” de la educación pública en Mendoza. En tanto, el próximo 9 de julio, feriado por el Día de la Independencia, realizarán un “caravanazo” que culminará en un “festival por la educación pública”.

AMPROS SE REUNIÓ CON NADAL

La Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros) se reunió esta mañana con la ministra de Salud, Ana María Nadal, y acordaron que la semana próxima comenzarán a analizar la situación que atraviesa todo el sector.

La secretaria general del gremio, Claudia Iturbe, comentó a diario Los Andes que “la ministra reconoció que la crisis no es solamente de anestesistas y dijo que nos vamos a sentar a arreglar la situación del resto y toda la problemática sanitaria en comisión negociadora”.

“Quedamos para la semana próxima, nos tienen que citar formalmente porque no nos sentamos de manera informal. Todo el equipo de salud está reclamando el arreglo de la situación en la que hemos quedado después de todos estos años sin reconocimiento, como el 2020, dónde no hubo aumento”, añadió la dirigente.

Y aclaró que reclaman una recomposición salarial del 36%, más los adicionales y conceptos como el recurso humano crítico, la doble especialidad y la guardia pasiva. “Todo en blanco y dentro de nuestro convenio colectivo de trabajo”, afirmó Iturbe.

También consideró que “hay que sentarse a ver qué profesionales necesitamos y dónde los necesitamos, y como favorecemos para que no se vayan. Los que se van no son solamente los anestesistas, también lo están haciendo los pediatras, cirujanos, neurocirujanos, neonatólogos y terapistas”.

“Eso hay que sentarse hablar y no arreglar por sectores. La ministra lo ha reconocido y confiamos en qué una vez por todas nos sentemos a hablar de una política de salud como política de Estado”, explicó la líder gremial.

En tanto, sobre la ley de emergencia, comentó que esperan que “salga la inconstitucionalidad” de la Justicia porque “no es un hecho que queda en la amenaza, sino que sienta un precedente y tiene que derogarse”. El pasado 16 de junio elevaron el pedido a la Sala 2 de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia.