El legislador está siendo investigado por presunto lavado de dinero debido a los fondos que recibió de “Fred” Machado.
Allanan la casa y el despacho en el Congreso de José Luis Espert.
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La Justicia Federal de San Isidro realiza este jueves un allanamiento en la vivienda del diputado nacional José Luis Espert, ubicada en la localidad bonaerense de Beccar, en el marco de la causa que lo investiga por presunto lavado de dinero vinculado a los fondos recibidos del empresario Federico “Fred” Machado.
A la espera de su extradición a Estados Unidos, Machado es acusado de crímenes ligados al narcotráfico.
La medida fue ordenada por el juez federal Lino Mirabelli, luego de que anoche la Cámara de Diputados autorizara el procedimiento judicial con 215 votos a favor y tres abstenciones. El pedido del magistrado fue tratado en una sesión a puertas cerradas, sin debate público, y su contenido permanece bajo secreto de sumario.
Según confirmaron fuentes judiciales a La Nación, el operativo contempla allanamientos tanto en la residencia particular del legislador como en sus oficinas y dispositivos electrónicos personales, entre ellos sus teléfonos celulares y computadoras.
Esta mañana, el despacho de Espert en la Cámara baja amaneció franjado, a la espera de la llegada de los investigadores. Personal de la Dirección de Seguridad de Diputados trabajaba desde temprano en el anexo B del Congreso, donde se despejó el pasillo para permitir el ingreso de la Justicia y facilitar la incautación de pruebas.
A las 11:30 ingresaron al despacho los enviados de los tribunales. Media hora más tarde salieron con una caja con documentación.
Espert se encuentra bajo investigación por los pagos que recibió del empresario Fred Machado, quien será extraditado a Estados Unidos acusado de integrar una red dedicada al narcotráfico y al lavado de activos.
De acuerdo con la causa, Machado habría financiado a Espert a través de la empresa Minas del Pueblo, con la que el diputado firmó en 2019 un contrato por un millón de dólares cuando se preparaba para lanzar su campaña presidencial.
El legislador reconoció públicamente haber cobrado 200.000 dólares de esa compañía en 2020, pero sostuvo que el dinero correspondía a honorarios por asesoramiento económico y no a un financiamiento político encubierto.